Artur Mas es el pensionista español que mayor prestación pública percibe

La jubilación de oro del ex presidente Artur Mas: 7.662 euros mensuales

Concretamente el ex presidente autonómico catalán percibe la friolera de 92.000 euros anuales, lo que viene a ser una jubilación dorada, para la persona que dio pistoletazo de salida al proceso independentista en Cataluña cuando la corrupción supuraba en la antigua Convergencia.

Artur Mas nada más cumplir 65 años solicitó la pensión vitalicia que fija el artículo 3 del Estatuto de los ex presidentes, aprobado en 2003 en el Parlament. En este artículo se detalla que “cuando lleguen a la edad de sesenta y cinco años, tienen derecho a percibir una pensión vitalicia consistente en una asignación mensual igual al 60% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente de la Generalitat“.

Por lo que desde el mes de febrero el ex presidente de la Generalitat cobra una pensión pública no contributiva de 7.662 euros mensuales o lo que es lo mismo unos 92.000 euros anuales. Una jubilación de oro a costa del contribuyente.

La ley establece también que esa pensión vitalicia puede ser ‘traspasada’ a su cónyuge en caso de fallecimiento (50% de dicha pensión) o de sus hijos menores hasta alcanzar la mayoría de edad.

Este blindaje público, que los dirigentes catalanes consiguen por el mero hecho de jurar el cargo, es un 142% superior a la pensión pública máxima de la Seguridad Social, que no llega a los 38.000 euros, para la que hay que cotizar durante al menos 37 años con bases elevadas en los últimos 24 años. Si tuviera que percibir la pensión pública de la Seguridad Social (o de Clases Pasivas), no alcanzaría la percepción máxima ya que sólo se le conocen unos 30 años de cotización, todos ellos en cargos públicos.

Además de esta jubilación, Artur Mas, goza como los otros ex presidentes de una oficina donde tiene la libertad de designar trabajo para tres personas, y también cuenta con un coche oficial y chófer a su disposición.

Esta pensión vitalicia que fijó el parlamento catalán hace casi 20 años fue replicada en los correspondientes Estatutos de expresidentes de comunidades como, por ejemplo, Andalucía, País Vasco o Extremadura. Sin embargo, todas las regiones, salvo Cataluña, han ido suprimiendo este privilegio, aunque han ido configurando un colchón de ayudas a través de su incorporación prácticamente vitalicia en los innecesarios consejos consultivos de las comunidades (la versión del Consejo de Estado nacional) con muy poca actividad pero con sueldos muy por encima de la media en las Administraciones Pública y muy superiores a cualquier pensión.