Más de 2.500 jueces denuncian en la UE el "riesgo de violación grave" del Estado de derecho en España

 

2.500 jueces reclaman a la UE que actúe ante el riesgo de violación del Estado de Derecho en España

Varias organizaciones de magistrados denuncian las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial

Los firmantes plantean a la Comisión Europea la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario europeo de Didier Reynders denunciando lo que consideran un "riesgo de violación grave" del Estado de derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.

En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea la adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.

El mes pasado, el Gobierno de PSOE y Podemos conseguía maniatar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde esa fecha, ya no puede realizar nombramientos estando en funciones. El Boletín Oficial del Estado BOE recogía entonces la proposición de Ley impulsada por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez para impedir los nombramientos discrecionales en la cúpula judicial cuando haya expirado su mandato como sucede en el caso actual.

Carlos Lesmes preside en funciones el Gobierno de los jueces desde hace más de 2 años. Las últimas negociaciones iniciadas entre el PSOE y el PP saltaron por los aires hace unas semanas cuando los socialistas y Podemos propusieron a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell como vocales del nuevo CGPJ.

La publicación en el BOE de esta nueva Ley se producía una semana después de que el Pleno del Senado aprobase de manera definitiva la reforma que comenzó su andadura en diciembre , tras una tramitación urgente en ambas cámaras.

La Ley recoge que cuando el CGPJ ha expirado su mandato se deberá limitar a ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del fiscal general del Estado, participar en la selección de jueces y magistrados y resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de jueces y magistrados.

Concretamente, solicitan a la Comisión Europea, que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre "el apagón y desapoderamiento" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones- y su "colonización por los partidos políticos", que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), "y con ello su independencia e imparcialidad".

Reformas legislativas

Reclaman también que desde el ámbito de competencia de la Comisión se inste al Gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías que demanda el artículo 49 del Tratado, en los términos en que los viene interpretando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Añaden que, "en última instancia y de no subsanarse la situación denunciada", se inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, puesto que "la Comisión Europea, junto con otras instituciones de la Unión y sus Estados miembros, es responsable, con arreglo a los Tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Unión y de velar por que se observen la legislación, los valores y los principios de la UE".

En la misiva, los jueces explican a la Comisión que el sistema de elección actual de 12 de los 10 vocales del CGPJ, los de origen judicial, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, si bien la condición de constitucionalidad pasaba porque las formaciones políticas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representación parlamentaria.

"Después de 35 años, los riesgos previstos por el Tribunal Constitucional se han convertido en lamentables realidades -añade el escrito-. Puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas, según las cuales "las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial".

Así, insisten en que la práctica, desde 1985 hasta la actualidad, consiste en que los principales partidos políticos "se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos". Antes esto se hacía discretamente, añaden, "pero actualmente se realiza con conocimiento público y con comentarios de políticos en la prensa".

También explican a la UE que el actual proceso de renovación del CGPJ se inició hace más de dos años y que desde entonces los negociadores de los partidos políticos se reúnen sin llegar a un acuerdo.

"De esta manera, la decisión de las Cámaras legislativas es suplantada por los partidos políticos dominantes, que también se han negado a modificar el sistema de elección de vocales judiciales, a pesar de que algún partido lo ha propuesto y las asociaciones judiciales lo hemos reclamado conforme a las recomendaciones europeas", agregan.

En este contexto, relatan el intento de reforma dirigida a rebajar las mayorías necesarias para designar a los nuevos vocales y la recientemente aprobada "y que tiene como finalidad que el CGPJ no pueda realizar su función más importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales, cuando su mandato haya expirado".

La reforma legal suprime otras facultades del CGPJ que las asociaciones consideran esenciales, como la legitimación para promover conflictos de competencias entre órganos constitucionales. "En suma, reduce las funciones del CGPJ a aspectos meramente burocráticos, en detrimento de su función esencial: ser el garante de la independencia judicial", recuerdan los jueces a la Comisión Europea.

"Camino al totalitarismo"

Adelantan que siguiente paso, que ya ha sido anunciado, "consistirá, como ya se ha expuesto, en sustituir la mayoría reforzada de 3/5 de los miembros de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los partidos que sostienen el Gobierno, algunos de los cuales abiertamente animan a no respetar la Constitución".

A juicio de estas asociaciones, "se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción".