Bruselas reprenderá a España en vísperas de las elecciones por la ayuda a la aerolínea Plus Ultra

José Luis Ábalos

La comisaria de Competencia investiga las presuntas irregularidades en la ayuda a la aerolínea y prepara un informe negativo para la semana anterior al 4 de mayo

La reacción de la Comisión Europea se produce después de que el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, remitiera hace unas semanas una carta a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. En esa misiva, el dirigente de Ciudadanos planteaba sus dudas sobre la legalidad de la ayuda millonaria aprobada por el Consejo de Ministros para salvar a la aerolínea. Fuentes políticas en Bruselas aseguran que la respuesta de la comisaria de Competencia llegará “en menos de un mes”.

El rescate a Plus Ultra se encuentra desde hace semanas bajo sospecha. Por un lado, por el hecho de que al menos el 47% de la compañía es propiedad de empresarios venezolanos cercanos al chavismo y que, además, uno de los fundadores de nacionalidad española fue condenado en 2020 a un año de cárcel por fraude fiscal.

Bruselas investiga las presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno. Los primeros avances en el análisis apuntan a que la UE reprenderá a España en un “informe negativo” por esta operación. Las competencias sobre ayudas estatales se encuentran en manos de la Comisión Europea.

Hasta el punto de que la comisaria de Competencia de la UE ha comenzado a realizar su propio estudio de las condiciones del rescate y no descarta exigir a España que recupere la ayuda de 53 millones acordada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el organismo público que gestiona el fondo de rescate a compañías afectadas por la pandemia.

El peso de Plus Ultra en la conectividad aérea de España es ínfimo. En 2019, justo antes de la pandemia, la aerolínea apenas operó 823 vuelos, el 0,03% del total. En consecuencia, ocupaba el puesto número 166 en el ranking por tráfico en España.

La ayuda ha generado gran controversia en España, ya que Plus Ultra sólo cuenta con un avión y lleva años arrojando pérdidas. Ni siquiera la banca se atrevió a conceder al consorcio un préstamo avalado por el ICO por el riesgo que entrañaba.

Ryanair prepara una demanda 

Ryanair, la aerolínea irlandesa que también opera en España, ha decidido llevar a las autoridades españolas ante el Tribunal General de la UE con una demanda en materia de ayudas estatales para anular este rescate por considerarlo discriminatorio.

Según afirman fuentes de la aerolínea irlandesa "nuestro departamento legal está valorando ya el recurso contra esa ayuda concedida pro el Estado español a Plus Ultra". Una denuncia que, según Ryanair, sigue la línea seguida por sus servicios jurídicos ante casos de discriminación y que atenten contra la libertad de ofrecer servicios. A esta situación se añade que el fondo de la SEPI que ha rescatado a Plus Ultra ha excluido a Ryanair de las ayudas por ser una empresa irlandesa.

Otro de los aspectos destacados de esta ayuda es la cuantía. Aunque a priori puede parecer que 53 millones para una aerolínea no es un montante exagerado, si tenemos en cuenta que actualmente sólo mantiene un avión operativo y, según Infocif, 255 empleados, la ayuda concedida por el Gobierno sale a más de 205.000 euros por trabajador.

En cuanto a la actividad que realiza en España, Plus Ultra operó el 0,03% de los vuelos en España durante 2019 mientras que Ryanair operó el 12%.

En su defensa Ryanair también recuerda que son una empresa "verdaderamente europea", no como Plus Ultra, cuyo 47% pertenece a una compañía controlada por hombres cercanos a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez y a la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Flores.

Rapapolvo en vísperas de las elecciones

De hecho, se espera en la semana previa a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, por lo que la reprimenda a España por incumplir las condiciones pactadas con la UE para el rescate llegaría en la recta final de la campaña electoral en la capital. Una información que ya manejan también en Moncloa y en el PSOE.

Las ayudas de Estado que está repartiendo la SEPI serían ilegales de no estar arropadas legalmente por el ‘Temporary Framework’.

Se trata de un ambicioso mecanismo impulsado por la Comisión Europea con el fin de dar “la máxima flexibilidad a los estados para apoyar a la economía durante la crisis del coronavirus”. Bruselas habilitó este marco el 19 de marzo de 2020 y lo fue ampliando según avanzaba la pandemia con distintos tipos de ayudas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño el pasado 12 de marzo en Moncloa.ZipiEFE