El juez anula el cese del coronel de la Guardia Civil que rechazó informar a sus superiores de la investigación del 8-M

El coronel Diego Pérez de los Cobos

La Audiencia concluye que Marlaska cesó a Pérez de los Cobos "por cumplir con lo que la ley y el mandato judicial ordenaban"

La Audiencia Nacional ha anulado el cese "ilegal" del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y ha condenado al Ministerio del Interior a que le readmita en el puesto.

La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 8 concluye que el motivo del cese del coronel no fue la pérdida de confianza, como sostuvo el ministro Fernando Grande-Marlaska en el Congreso, sino una represalia por haber mantenido el secreto que le exigía la juez del 'caso 8-M' y no haber informado a los superiores del desarrollo de esa investigación.

"Lo que es indiscutible es que a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la magistrada, se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial", añade la extensa resolución, de 72 folios, que estima el recurso del coronel.

La causa sobre la que Interior pretendía estar informado era especialmente delicada desde el punto de vista político, ya que afectaba a la actuación del Gobierno en los inicios de la pandemia del coronavirus. Tenía como imputado al delegado del Gobierno y máximo responsable del PSOE en Madrid, José Manuel Franco y amenazaba con alcanzar a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

La propuesta de cese de la entonces máxima responsable de la Guardia Civil indicaba que la medida se adoptaba porque el coronel no había proporcionado datos de la causa "con fines de conocimiento". "No constando en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente en su condición de jefe de la Comandancia de Madrid, no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ [Unidad Orgánica de la Policía Judicial] como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal", afirma el magistrado Celestino Salgado.

La sentencia reprocha que la reclamación de información al mando de la Guardia Civil se hiciera "a pesar de ser conscientes" de ese deber general de reserva y de "conocer la orden expresa de guardar rigurosa reserva" impartida por la juez que investigaba el 8-M.

Arbitrariedad

En su sentencia, que Interior ha anunciado ya que recurrirá, el magistrado indica que ni siquiera el hecho de tratarse de un cargo "discrecional" habría permitido a Interior actuar como lo hizo. Por el contrario, el magistrado señala que estamos "ante un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional".

La resolución considera que, aunque se tratara de un cargo discrecional basado en la confianza, el cese de Pérez de los Cobos no era un acto absolutamente libre en manos de sus superiores, como había defendido Interior al oponerse al recurso. El magistrado resalta que la legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad, sino que, por el contrario, las potestades discrecionales deben ejercitarse dentro de la legalidad.

"El actuar discrecional no puede ser un medio para atentar contra la legalidad o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos", concluye el juez.

Cinco motivos de nulidad

El recurso del coronel alegaba que el acuerdo de cese debía considerarse nulo por cinco motivos distintos. El primero, por la falta de motivación ya mencionada. El segundo, "porque afectó a su carrera profesional "en un momento especialmente relevante", el de la evaluación para el ascenso al empleo de general de Brigada.

El tercero, porque las informaciones publicadas vulneraron su derecho fundamental al honor, de la misma forma que también se vulneró el fundamental a la legalidad sancionadora al encubrirse como sanción algo que no tenía base para sancionarse.

Finalmente, el quinto motivo de nulidad era que con su actuación Interior cayó en "una patente desviación de poder", ya que "bajo la apariencia" de un cese por pérdida de confianza "se encubre, en realidad, la represión de una conducta que, según todas las evidencias, defraudó a los órganos superiores del Ministerio del Interior".

La sentencia concluye ordenando al Ministerio del Interior que reponga a Diego Pérez de los Cobos en la jefatura de la Comandancia y que pague tanto lo que ha dejado de percibir desde el cese como las costas del recurso.

PP, Cs y Vox piden la dimisión de Grande-Marlaska

Los tres partidos de la oposición de centro-derecha han salido en bloque este miércoles a pedir la inmediata dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, después de hacerse pública la sentencia de la Audiencia Nacional que rechaza el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como Jefe de la Guardia Civil de Madrid y obliga al departamento a restituirlo en su antiguo puesto.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha publicado un mensaje en la red social Twitter en el que afirma que "la legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad", destaca el "varapalo judicial" que esta sentencia supone para el Gobierno de Pedro Sánchez y asegura que si Grande Marlaska no presenta su dimisión por estos hechos debería ser cesado por el presidente del Ejecutivo.

En parecidos términos se ha expresado también el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, quien ha asegurado en la misma red social que "la Justicia confirma que Marlaska destituyó ilegalmente al coronel Pérez de los Cobos", que "Marlaska ha perdido toda autoridad para dar órdenes a la Guardia Civil" y que, por tanto, "tras esta sentencia debe dimitir".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que "todo el gobierno ilegítimo debería dimitir por su gestión criminal, sus pactos con los enemigos de España, sus acciones totalitarias, sus purgas antidemocráticas y su ataque a la independencia judicial", en un mensaje en el que hacía alusión a otro escrito por la portavoz Macarena Olona en el que pedía la dimisión de Marlaska por "indigno y prevaricador".

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha insistido en la necesidad de que Marlaska deje su cargo: "Me alegro de que se haga justicia, se anule el cese del servidor público Diego Pérez de los Cobos y se obligue al Gobierno a reponerle en su puesto. Marlaska debe ahora hacer dos cosas: acatar la resolución y dimitir. España no merece un ministro como él".

Antes que ministro fue juez

Grande-Marlaska pretendía que el mando de la Guardia Civil le contara lo que indagaban unos agentes que estaban bajo su mando pero de cuyas actividades por orden judicial el coronel no debía saber nada. Eso lo tenía que saber el ministro perfectamente porque antes que ministro fue juez, pero le importó un rábano y ante la digna negativa del coronel adoptó represalias que consistieron en cesarlo como jefe de la Comandancia y negarle el ascenso a general que por méritos y antigüedad le correspondía.

Es lógico que el Gobierno tuviera el máximo interés por conocer qué estaba averiguando la Guardia Civil respecto a un caso como el de las temerarias manifestaciones del 8-M, que afectaba directamente al delegado del Gobierno en Madrid y, de forma indirecta, a todo el Ejecutivo. Ahora bien, incitar a Pérez de los Cobos, tal y como hizo Interior, a que violase el secreto que le exigía la juez que investigaba el caso para informar al Gobierno de los detalles de la imputación fue una ruindad sólo superada por la decisión de Marlaska de destituirlo tras negarse a violar la ley. 

Téngase presente que incitar a un subordinado a que perpetre un ilícito penal puede ser, a su vez, constitutivo de delito. Como lo es también hacer caso omiso del artículo 550.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que literalmente advierte: “Los funcionarios de Policía Judicial a quienes se hubiera encomendado una actuación o investigación (…) no podrán ser removidos o apartados hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente”.

Al margen de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, no es concebible que Marlaska, dada su condición de ex magistrado y ex vocal del CGPJ, ignorara que lo que hacía con Pérez de los Cobos era ilegal. Aun así, y a la espera de cuáles puedan ser las consecuencias penales que pudiera acarrear al propio Marlaska su inmoral proceder, es evidente que sólo desde la más infame complicidad puede Pedro Sánchez mantener a semejante indeseable como ministro del Interior.