Tres altos cargos del Ministerio de Sanidad y de Hacienda imputados en la compra de material sanitario por 310 millones

 Salvador Illa, cuando era ministro de Sanidad

Dos altos cargos de Sanidad y una de Hacienda han comparecido como investigados este jueves en un juzgado de Madrid por una querella presentada por Vox por la compra supuestamente irregular de material sanitario en las primeras dos semanas de pandemia.

Uno de los tres incluidos en la querella de Vox declara que informaba al ministro Illa dos veces al día

Uno de los querellados es el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez, que ha sostenido que las contrataciones siguieron lo que marca le ley tanto para su publicidad como para su adjudicación. Según ha explicado la responsable de asuntos jurídicos de la formación, Marta Castro, el alto cargo sólo ha reconocido algunos errores de poco calado de los que ha responsabilizado a los funcionarios y que ha atribuido a las circunstancias en las que se trabajaba en esos días.

La querella de Vox se centra en 13 de las 54 adjudicaciones que se hicieron entre el 13 y el 15 de marzo de 2020, por un valor de 310 millones de euros. Según Castro, que ha asistido a la declaración, el responsable de Ingesa ha explicado que dos veces al día trataba con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cómo iba la compra de mascarillas, respiradores y pruebas PCR. "Ha declarado que tenía contacto directo con el ministro Illa, dos veces al día, que mantenía puntualmente informado de toda la contratación".

También ha declarado como querellada Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Se ha referido igualmente a Illa, indicando que en el caso de la compra de respiradores había sido el secretario del ministro de Sanidad el que se había encargado del asunto. Castro ha considerado "sorprendente" que uno de los mayores contratos no lo dirigiera Ingesa.

La tercera querellada, Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), responsable de compras en el Ministerio de Hacienda, ha negado haber participado en ninguna adquisición de material sanitario en esas fechas. Se trata de un asunto que a juicio de Vox debe aclararse, ya que en su día illa indicó que Hacienda pasaba a encargarse de ese tipo de tareas.

En su querella, presentada en 2020, Vox sostiene que tras la declaración del estado de alarma se celebraron contratos "de la forma más irregular", con "sobrecostes muy elevados, con empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector", además de sin la publicidad oportuna. Vox mantiene que el marco de urgencia no justificaba que se realizaran licitaciones arbitrarias sin seguir los más mínimos criterios de seguridad en la contratación del sector público.

Alfonso María Jiménez- Patricia Lacruz- Paloma Rosado

En muchas de las licitaciones, destaca también la querella, las empresas no tenían experiencia previa ni de contratación con la Administración y tampoco disponían de la infraestructura necesaria para poder prestar unos servicios como los que se les concedieron.

El Confidencial cita un caso espectacular: el de las batas desechables, donde se compraron lotes con un precio unitario de 0,27 céntimos y otros con un importe de 22,070 euros; es decir, por más de 8.000%. El perjuicio para las arcas públicas pudo ascender a 47 millones de euros.

Sobre lo inadecuado de las empresas, los querellados han explicado este jueves que "el listado de los contratantes lo facilitó el embajador de España en Pekín" y que ellos no tenían información al respecto ni "ninguna responsabilidad". "El caso es que 310 millones de arcas españolas fueron a empresas chinas, en muchos casos con deficiencias, sin saber quiénes eran ni qué experiencia tenían, sin examinar su idoneidad", ha concluido Castro.