El juez cita a declarar como imputado al hermano de Ximo Puig por la trama de ayudas de la Generalitat

El titular Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha citado a declarar como imputado el próximo 23 de mayo a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, en el marco de la investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por las productoras audiovisuales administradas por este y sus socios, los Adell Bover, en la obtención de subvenciones públicas.

Comunicacions dels Ports, Mas Mut Produccions, Canal Maestrat, Nova C.B., Kriol Produccions y TV CS Retransmisions utilizaron, supuestamente, los mismos recibos, nóminas y contenidos para inflar los gastos y poder justificar diferentes ayudas para el fomento del valenciano en los medios, el empleo juvenil, la edición de medios digitales privados en catalán o aranés y para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local.

El juez amplió el periodo de instrucción en enero durante seis meses más tras una primera prórroga de medio año en julio del año pasado cuando finalizaron los doce meses iniciales de investigación. En ese momento solo quedaba una diligencia pendiente: un informe de la Guardia Civil que debe cuantificar las subvenciones que recibieron estas mercantiles y establecer, en caso de que se observen irregularidades, si la causa debe seguirse por la vía penal o zanjarse con una sanción administrativa.

Para ello, la Benemérita ha ido recopilando tanto las facturas originales, como los movimientos bancarios, los expedientes administrativos o información de los registros mercantiles, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social sobre las productoras implicadas.

Algunas de estas productoras fueron multadas con 43.000 euros por la Comisión de Defensa de la Competencia por pactar precios para ganar un concurso público para prestar sus servicios a la televisión autonómica, À Punt.

Uno de sus socios, propietarios de productoras subvencionadas, también comparecerá en mayo ante el instructor de la causa

Del mismo modo, en una providencia, el magistrado cita también en sede judicial el 25 de mayo a Enrique Adell Bover y pide a la intervención de la Generalitat Valenciana y de la Generalitat de Cataluña que entreguen una auditoría con toda la información del dinero recibido y la justificación que se hizo de esas partidas. Ambas comparecencias se producirán a las nueve y media de la mañana.

A raíz de la denuncia inicial del Partido Popular, que ejerce la acusación popular, se investigan presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental en la obtención de ayudas públicas, entre 2015 y 2018, de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.