Las rebajas del Tribunal de Cuentas

En una decisión insólita, la fiscalía del Tribunal de Cuentas ha reducido significativamente la cantidad reclamada a un grupo de dirigentes independentistas como responsabilidad contable por los fondos públicos desviados para organizar el referéndum secesionista ilegal del 1-O y promover el procés en el extranjero.

La rebaja ha sido de más de 6 millones de euros. En concreto, el fiscal ha pasado de atribuirles un despilfarro fraudulento de 9,5 millones a solo 3,4. Es decir, un descuento de más del 60%.

No ha trascendido el detalle del cálculo –más allá de descartar diversos conceptos con argumentos muy generales– pero es más que evidente que montar la votación ilegal de octubre de 2017 y promover a nivel internacional el plan para la ruptura unilateral del país costó mucho más que 3,4 millones. Incluso superó ampliamente los 9,5 millones de euros. Probarlo no debería ser muy complicado para la fiscalía. Sin embargo, el ministerio público no solo no lo ha hecho sino que ha liberado de toda responsabilidad a 16 de los 51 implicados en la causa.

¿Cómo es posible que el nuevo cálculo difiera tanto del original, al que se llegó tras meses de minuciosa investigación? ¿Qué ha pasado entre el primer recuento y el segundo? Pues muy sencillo, en los últimos meses el Tribunal de Cuentas ha pasado a estar controlado por miembros propuestos por el PSOE tras el pacto de renovación de la institución acordado con el PP.

En total, la Fiscalía plantea una rebaja del 62% al dejar los nueve millones previstos por el 1-O y la acción exterior en 3,4 millones. Su demanda, dirigida contra 35 independentistas, y la de Sociedad Civil Catalana (SCC) son las que impulsan el juicio en el Tribunal de Cuentas, al desistir la Abogacía del Estado y la Generalitat de Cataluña. SCC pide 5,3 millones porque, según aseguran, arriesgan su propio patrimonio en la demanda y no pueden más.

Frente a los nueve millones de euros que se solicitaban en base a los indicios recabados, el nuevo fiscal de este organismo nombrado por Delgado, Manuel Martín-Granizo, aminora de forma espectacular la factura. De modo que la llamada caja de solidaridad del separatismo cubriría con creces la multa imputable a los golpistas, que ya se frotan las manos viendo cómo su intentona les puede acabar saliendo gratis en términos económicos.

Lo ocurrido escandaliza sin duda a una ciudadanía española que asiste atónita a una hoja de ruta bien diseñada desde el poder para que los cabecillas del procés se vayan de rositas. Y es que la decisión del fiscal llega justo después de que la nueva cúpula del Tribunal de Cuentas aceptara los avales de la Generalitat para cubrir las responsabilidades de los señalados por el referéndum ilegal y la denominada «acción exterior», en un radical cambio del criterio que se venía siguiendo. Lo ocurrido ya ha devaluado el castigo por el 1-O, ha dado oxígeno al separatismo y constituye una auténtica burla al conjunto de la sociedad, respetuosa con la ley, con el Estado de derecho y con el sistema constitucional que nos hemos dado entre todos.

Es inaudito cómo el Estado dobla la cerviz ante el secesionismo catalán y cómo favorece la impunidad de quienes promovieron el mayor ataque a la democracia que ha sufrido España. Ya no hay disimulo, aunque se haya aprovechado la Semana Santa para que pase más de tapadillo el regalo que en este caso les hace la Fiscalía, con la ex ministra sanchista Dolores Delgado al frente, siempre tan diligente para atender la voz de su amo.