El saqueo de Andalucía - El chofer de la coca, el único de los juzgados que ha entrado el cárcel

Hasta ahora, el único condenado por el caso de los ERES de Andalucia que ha purgado dos años y medio de prisión ha sido Juan Francisco Trujillo Blanco, antiguo chófer del ex director general de la Junta de Andalucía Javier Guerrero (1999-2008), fallecido en octubre de 2020. Los demás acusados han presentado recursos de casación ante el Tribunal Supremo. La Audiencia rechazó encarcelarlos hasta que la resolución sea firme.

El pasaje más escabroso que puso de manifiesto la instrucción del caso también le alcanzaba a él. Su antiguo chófer oficial (Juan Francisco Trujillo Blanco) reconoció en sede judicial haber gastado entre 20.000 y 25.000 euros al mes en la compra de cocaína para consumo propio y de su jefe con el dinero concedido a sus sociedades con cargo al fondo de reptiles para proyectos que nunca vieron la luz. Trujillo Blanco figura como investigado en otra de las piezas separadas de la macrocausa.

Guerrero siempre negó esa acusación que le hizo el conductor y que atribuyó a una «revancha» de éste por haber pedido que lo apartaran de su puesto por «incumplimiento reiterado en el trabajo» y por la forma en que «acudía vestido» al trabajo. El ex alto cargo declaró a Alaya que «un cocainómano no tendría» ni su «capacidad mental» ni su «memoria», que «no sabe dónde se compra» la droga y que «nunca había consumido». «Lo único que me gusta es el Marlboro y una copa de gin-tonic con Beefeater que me tomo de postre», aclaró.

No fue el único detalle comprometedor que su antiguo chófer reveló durante la instrucción. Juan Francisco Trujillo también contó que viajó en dos ocasiones a Madrid a por «sobres con dinero» para Guerrero y que la persona que se los entregó fue Antonio Albarracín, ex directivo de una de las dos mediadoras con las que la Junta de Andalucía pagaba para la suscripción de las pólizas de prejubilaciones. «No he cobrado ni sobres, ni bajo, ni contra, ni so», declaró a La Sexta.

Más de 300 días en prisión preventiva

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social permaneció más de 300 días en prisión preventiva durante la fase de instrucción en dos periodos distintos: de marzo a octubre de 2012 y de marzo a junio de 2013. Guerrero permanecía en libertad provisional a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos contra las dos sentencias condenatorias que acumulaba.

En mayo de 2019, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla le impuso una pena de cinco años y nueve meses por la creación de una estructura de contratación paralela en la Consejería de Trabajo. Y, en noviembre del mismo año, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla lo condenó a siete años, 11 meses y un día de prisión por su responsabilidad en el fraude de los ERE.

Sus problemas con la Justicia no habían terminado con esas dos causas. Javier Guerrero también había sido imputado en el procedimiento en el que se investiga la concesión en 1999 de un préstamo-puente de 970 millones de pesetas (5.829.817 euros) a Campocarne Andalucía SA tras hacerse cargo esta empresa de la actividad de la cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina, que había entrado en crisis. Según la Fiscalía Anticorrupción, la Junta que presidía Manuel Chaves dispuso «arbitrariamente» de fondos públicos «bajo el paraguas formal» de un crédito «sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar» a una empresa concreta.

Al Capone sólo dio con sus huesos en la cárcel por evadir impuestos. Como le sucedió al gánster más conocido de todos los tiempos, el único acusado del caso ERE que ha sido encarcelado para cumplir una condena lo ha hecho por fraude fiscal. Y no ha sido ninguno de los diez ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía penados con la prisión por crear un sistema ilegal con el fin último de repartir, sin control, 680 millones de euros entre empresas y personas afines, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.