El Gobierno de Ayuso lleva a los tribunales al Ejecutivo por el reparto «arbitrario» de fondos europeos

Javier Fernández-Lasquetty.|A. Pérez Meca (Europa Press)

Para Lasquetty, el Ejecutivo está distribuyendo estos fondos «a quien ha considerado, sin procedimiento y con falta de transparencia»

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España por la concesión directa de subvenciones por valor de nueve millones de euros procedentes de los fondos europeos a cuatro regiones de forma «adicional» y «arbitraria».

Lo ha detallado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos. Según ha explicado, el Ministerio de Trabajo realizó una distribución de fondos europeos en la conferencia sectorial correspondiente y dicha orden se publicó en agosto con las cantidades acordadas que iban a destinar a cada una de las autonomías.

La «sorpresa» les llegó cuando en octubre el Consejo de Ministros por Real Decreto le asigna una cantidad a País Vasco, Navarra, Valencia y Extremadura «al margen del reparto aprobado» y sin que exista «ninguna razón que expliqué por qué la reciben más allá del cauce» establecido. Para Lasquetty, el Ejecutivo está distribuyendo estos fondos «a quien ha considerado, sin procedimiento y con falta de transparencia».

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, envió una misiva el pasado 22 de octubre -que no ha obtenido respuesta a día de hoy- a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, exigiendo explicaciones de la concesión de nueve millones a estas comunidades de forma aleatoria, «que vulneraría el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y que utilizaría de forma presuntamente fraudulenta la reserva de crédito del SEPE», según se puede leer en la nota de prensa de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, el recurso de la Comunidad de Madrid señala que el Real Decreto «carece de cualquier motivación o justificación acerca del carácter nacional o supraautonómico de las actuaciones que financia: son proyectos concretos y específicos de cuatro regiones que no guardan ninguna relación funcional entre sí».

Además, los proyectos están vinculados a competencias autonómicas -fomento del empleo-, y «los fondos destinados a los mismos deben estar gestionados por las administraciones regionales salvo excepciones, como sería, por ejemplo, en el caso de tratarse de acciones de ámbito nacional o que requieran de algún tipo de coordinación», señala la Comunidad de Madrid.

Hace apenas unos días el Partido Popular cargaba contra el Gobierno tras conocerse que no ha gastado más de la mitad de los fondos europeos previstos para 2021. Los populares acusabn al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a su equipo de «incompetencia» e «ineficacia» y les hacían responsables de lastrar la recuperación económica.

Como llueve sobre mojado, no es de extrañar que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya dado un golpe en la mesa y presentado un recurso ante el Tribunal Supremo. Ciertamente, una cosa es que el Gobierno de Sánchez y Díaz sea el máximo responsable del reparto de los fondos que recibe de la UE el Reino de España y otra muy distinta que eso le dé derecho a distribuirlos de forma totalmente arbitraria, sin un mínimo control y sin la menor transparencia, algo que, además de nuestras leyes, veta expresamente la propia Comisión Europea.

No faltarán quienes, ante este recurso ante el TS, salgan con la cantinela de que "no hay que judicializar la política", recurrente coletilla de los que creen que la actividad política da derecho a vulnerar la ley y las nomas. Sin embargo, recurrir a los tribunales, más que un derecho, es una obligación democrática cuando la política vulnera las normas, tal y como sucede con este reparto de fondos clamorosamente arbitrario.