Dos duras condenas de la justicia contra la Generalitat Valenciana por el Covid19

El presidente valenciano, Ximo Puig. | EFE

Dos juzgados de lo Social de Alicante han condenado esta semana a Generalidad Valenciana de Ximo Puig e dos sentencias demoledoras a favor de los sanitarios que tuvieron que actuar en la primera fase de la pandemia que darán lugar a jurisprudencia en todo el territorio nacional. 

Todos recordamos el interés de la fiscal Dolores Delgado en paralizar cualquier actuación judicial contra el gobierno por parte de pacientes y sanitarios en aquel momento sin mascarillas y protegidos por bolsas de basura. Estas dos sentencias abrirían la puerta a las miles de demandas judiciales por la ineficacia e imprevisión en los primeros momentos de pandemia del Ministerio de Sanidad del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez. 

En las próximas semanas, están previstos nuevos juicios en los Juzgados de Benidorm, Elche, Castellón y Valencia por los mismos hechos.

No proteger a los sanitarios frente a la covid

El Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante ha condenado a la Consejería de Sanidad de la Generalidad valenciana que preside Ximo Puig por no suministrar material de protección al personal sanitario durante la primera ola de la pandemia de la covid-19 "generando un grave riesgo para la seguridad y salud de los facultativos sanitarios". 

Según la sentencia, desde que se inició el estado de alarma en marzo, la Consejería que dirige Ana Barceló "ha incumplido la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, generando un grave riesgo para la seguridad y salud de los facultativos sanitarios de ámbito provincial pertenecientes al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (menos los partidos de Elche y Benidorm)".La Consejería de Ana Barceló "ha incumplido la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, generando un grave riesgo".

Ante esta situación, ha condenado a la Consejería a suministrar en cantidad y calidad suficiente los equipos de protección individual (EPI) necesarios a los profesionales afectados y a fijar las indemnizaciones a la jurisdicción contencioso-administrativa. Así responde el juzgado a la demanda del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CEMS-CV). El fallo apunta que la falta de material de personal sanitario provocó "su exposición directa al contagio" de coronavirus.

Tras esta resolución, el CEMS-CV ha aplaudido la sentencia y su secretario general, Víctor Pedrera, ha exigido la dimisión de la consejera Barceló, mientras subrayaba que el sindicato "no va a descansar hasta que se agoten todos los procesos judiciales derivados de su nefasta gestión de la pandemia". "Las autoridades sanitarias despreciaron al colectivo médico durante la primera ola del coronavirus y estamos satisfechos porque nuestros derechos hayan sido reconocidos por los tribunales", afirmaba.

En la misma línea, el responsable jurídico del sindicato, Guillermo Llago, sostenía que esta sentencia «deja sin lugar a dudas la necesidad de investigar la responsabilidad penal de la consellera y los directivos de la Conselleria, esperando que de forma urgente se proceda a la admisión de la querella interpuesta en abril ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)". "La sentencia remite que se fijen las indemnizaciones que se merecen los médicos demandantes a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, una parte que va a recurrir el sindicato para que sea el TSJCV el que fije las cuantías», explicaba.

Discriminación hacia los médicos de la sanidad privada

La Justicia condena al Gobierno de Ximo Puig por discriminar a los médicos de la privada en la vacunación

En una durísima sentencia, la Justicia desmonta todas sus excusas y considera que su exclusión del colectivo prioritario de vacunación fue deliberada.

La Justicia ha dado finalmente la razón a los médicos de la sanidad privada que denunciaron la discriminación de la Comunidad Valenciana al no vacunarles al mismo tiempo que a aquellos que trabajaban en la pública. 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante entiende que "hubo exclusión y se vulneraron derechos fundamentales" y condena a la Consejería de Sanidad a pagar 10.000 euros al Colegio de Médicos de la ciudad, que había presentado la denuncia, por los daños morales ocasionados.

En primer lugar, el juzgado constata que es una "evidencia" que los acuerdos adoptados tanto a nivel estatal como autonómico no distinguían en su momento entre el lugar de trabajo de los profesionales sanitarios cuando estos fueron considerados un colectivo prioritario, por lo que entiendo que eran aplicables a todos ellos "con independencia" de que ejercieran "para una empresa privada o de manera autónoma".

Así, considera que todo el personal que estuviera en primera línea de batalla contra el virus "tenía absoluta prioridad para ser vacunado, prioridad que la Administración valenciana no respetó". Además, recuerda que "en la vacunación del primer grupo, residentes y personal sanitario en residencias de ancianos, no se distinguió entre aquellas residencias pertenecientes al sector público y las integradas por el sector privado".

En una durísima resolución, el juzgado alicantino llega a decir incluso que "la lógica de la prelación efectuada es tan aplastante que no merece mayor comentario" y hace uso un de símil castrense para sacar los colores al Gobierno de Ximo Puig: "Es como si los oficiales abandonasen a los soldados situados en primera línea sabiendo perfectamente que los mismos podían enfermar y morir".

Con todo, la sentencia, concluye que los médicos de la privada fueron relegados "de manera manifiesta" a la hora de recibir la vacuna e "ignorados por a Administración como si no existieran", en lo que, según el juez, constituye una "vulneración flagrante del principio de igualdad".

La exclusión fue "deliberada"

En este sentido, el auto echa por tierra las excusas del Gobierno valenciano que, entre otras cosas, alegó que no existían vacunas suficientes para el personal de la privada, un argumento que "queda desmontado con datos que ponen de manifiesto el número de vacunas recibidas".

"No estamos ante un olvido o una insuficiencia de vacunas, sino ante una deliberada falta de cumplimiento de la normativa aprobada por el ministerio", concluye. Ante la inequívoca apreciación de la Justicia, el Colegio de Médicos de Alicante no ha hecho más que mostrar su "satisfacción" por un fallo que legitima todas y cada una de las denuncias.