Un error de Correos destapó la causa judicial contra Laura Borràs

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, recibiendo el viernes el apoyo de 400 personas en un acto celebrado en el Ateneu Barcelonés 

La causa judicial que amenaza el futuro político de Laura Borràs se originó por casualidad. Un caso de falsificación de billetes derivó en la investigación a la líder de Junts

 En concreto, por el error de una funcionaria de Correos que colocó un sobre en el buzón que no tocaba. Así consta en el sumario judicial– de nueve tomos– al que ha tenido acceso La Vanguardia .

Fue en noviembre del 2017, cuando una mujer acudió a una oficina de Correos en Castellbell i el Vilar a recoger la correspondencia de su apartado de correos cuando se topó con un sobre procedente de Holanda que no esperaba. En su interior había veinte billetes de 50 euros. En el banco le confirmaron sus sospechas: el dinero era falsificado. Su primera reacción fue la de deshacerse de aquel papel impreso. Rompió tres billetes pero luego recapacitó y acudió a una comisaría de los Mossos. Los investigadores interrogaron a la funcionaria de Correos que admitió el error. El sobre que contenía el dinero falso debía haberse colocado en el buzón que quedaba justo al lado, uno que dos veces al mes solía recibir correspondencia procedente de Utrecht. El apartado de correos estaba a nombre de Isaías Herrero, informático, que resultó ser amigo de Laura Borràs y que se encargaba de hacer varias tareas de mantenimiento de la web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que entonces presidía la actual líder de Junts. 

En aquellos tiempos Herrero adquiría billetes falsificados y buscaba la manera de endosárselos a pequeños comercios. Además, los Mossos interceptaron otro envío, una carcasa de un CD en cuyo interior se escondían 100 pastillas de diseño. El amigo de Borràs había convertido su vivienda de Vacarisses en un punto de distribución de moneda falsa, tráfico de drogas de diseño y cultivo de marihuana. Por aquella causa fue condenado a 5 años de cárcel. En paralelo, realizaba tareas para la ILC e impartía con la actual presidenta del Parlament varios posgrados y másteres de literatura en la era digital de la Universitat de Barcelona.

Una funcionaria colocó un sobre dirigido a un amigo de la presidenta del Parlament en el buzón que no tocaba

Con las sospechas del tráfico de drogas y de moneda falsa, los Mossos intervinieron el teléfono de Herrero y en la primera conversación lo sorprendieron hablando con un amigo de los “trapis” que hacía con Borràs para facturar sus trabajos en la ILC. Aquello puso en alerta a los investigadores que tiraron del hilo y hallaron correos electrónicos que supuestamente ponían al descubierto que entre 2013 y 2017 Borràs y Herrero se concertaron para fraccionar los contratos y no superar nunca el umbral de los 18.000 euros para eludir la convocatoria de un concurso público. Aquello originó otra causa que ha navegado durante cinco años por distintos tribunales: un juzgado de instrucción de Barcelona, el Supremo y ahora el TSJC, que ha concluido que la liquidación de los 18 contratos menores adjudicados a Herrero comportó “un perjuicio a los caudales públicos puesto que las facturas se hacían con criterios arbitrarios”.

La causa está a la espera de que la Fiscalía presente su escrito de acusación contra la presidenta del Parlament por los delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad, paso previo a que se abra juicio oral. Será entonces cuando la Mesa del Parlament deberá decidir si aplica el artículo 24.5 del reglamento que obliga a retirar los derechos a un diputado cuando se le sienta en el banquillo por corrupción.

La Vanguardia