Laura Borrás: Tic tac tic tac camino inexorable hacia su destitución

 

Reunión de la Mesa del Parlament / EUROPA PRESS

Nuevo momento decisivo en la política catalana. La todavía presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat), deberá despedirse de la institución en la que ha estado al frente desde marzo de 2021 a partir del próximo jueves, cuando se reunirá la Mesa extraordinaria que decidirá su futuro. ERC, CUP y PSC lo tienen claro: si ella no se va, pedirán su suspensión automática con base en el artículo 25.4 del Reglamento de la Cámara, que obliga a apartar a los diputados que estén a la espera de juicio por corrupción..

Las tres formaciones políticas que tienen representantes en la mesa, además de Junts, son partidarias de aplicar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que establece que “en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, acordará la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata."

En esta legislatura, la mesa del Parlament está formada por dos representantes del PSC, dos de ERC, dos de Junts (uno de ellos Borràs) y uno de la CUP. Borràs ha dicho repetidamente que no pensaba renunciar, con el argumento de que es inocente. Defendió, también, la derogación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament, al considerar que vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

Junts se queda solo

Una vez el TSJC ha enviado a Borràs al banquillo de los acusados, el caso entra en una fase crucial, también para la estabilidad del Govern, dado que el independentismo decidirá si la suspende como diputada y como segunda máxima autoridad de Cataluña. Sin embargo, esta incógnita ya está resuelta: previsiblemente, JxCat se quedará solo defendiendo a Borràs e ignorará así la norma del Parlament que establece que los cargos implicados en casos de corrupción deben ser apartados automáticamente aunque no exista sentencia condenatoria. Y a pesar de que los socios de gobierno tratan de desvincular este caso del funcionamiento del Ejecutivo, no deja de ser otro motivo de tensión entre dos formaciones cada vez más alejadas.

A Borràs se le acusa de fragmentar contratos para otorgárselos a dedo a un amigo mientras estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), por lo que se le atribuyen delitos de prevaricación y falsedad documental. Paradójicamente, esta acusación por parte de la justicia es un as bajo la manga para los neoconvergentes, que desde hace semanas insisten en que el caso Borràs es otro ejemplo de "represión" del Estado. Un relato que ella misma ha utilizado en numerosas entrevistas y pronunciamientos públicos para defender su "inocencia" y no dimitir.