La vieja guardia del PSOE se manifiesta contra la Ley de Memoria Democrática

 

La aprobación de la polémica Ley de Memoria Democrática con el apoyo de EH Bildu está levantando ampollas incluso en sectores vinculados con el PSOE. Según se conoce este lunes, varios exdirigentes socialistas han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire la ley.

La nueva norma reemplazará a la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e incorporará nuevas medidas de importante calado. Como la declaración de «ilegal» del régimen franquista. La consecuencia directa de la «ilegalización» del régimen será la ilegalización, también, de sus aparatos y operaciones, como los tribunales franquistas, lo que supone la nulidad de todas sus condenas para aquellos que lo soliciten.

La Ley de Memoria Democrática no deroga la Ley de Amnistía de 1977 ya que jurídicamente es inviable, tal y como apuntaban algunos expertos consultados en el momento en el que se hizo oficial el anuncio del proyecto normativo. Y ello a sabiendas de con dicha ley, fueron muchos los miembros de ETA que se beneficiaron de un olvido que –con la presión de PSOE y PCE– se mantendrá vigente. No en vano, a raíz de la amnistía concedida a los crímenes terroristas, la banda armada vasca incrementó no sólo el número de atentados en sólo un año, desde 1978, sino que inauguró el período más duro de su existencia, «los años del plomo».

Toda vez que en este período 78-83 la banda cometió mas del 60% de de sus delitos muchos de ellos no juzgados. En realidad no lucharon contra Fran sino que iban en contra de la implantación de una Constitución. Los gobiernos de UCD y del PSOE con Felipe Gonzalez en el poder  (léase GAL) tuvieron que improvisar determinados instrumentos que ya han sido juzgados no previstos por la ley de aquel momento 

Otro de los puntos más polémicos es el que reconoce como víctimas a las lenguas, personalizándolas: «el euskera, el catalán y el gallego son consideradas víctimas». Además de las lenguas, la ley reconoce como víctimas a sus comunidades y a las culturas vasca, catalana y gallega, cuyos habitantes «fueron perseguidos por hacer uso de estas», y la garantía de acceso por parte de personas físicas a los fondos documentales depositados en los archivos públicos.

Tal es así que antiguos altos cargos y miembros históricos de PSOE han creado un manifiesto con el fin de reformar o paralizar la aprobación de una ley que parece ser a la medida de los intereses de los herederos de  ETA,

El Manifiesto

El pasado viernes se difundió un manifiesto por las redes sociales en contra de la nueva legislación impulsada desde el Gobierno y pactada con la izquierda 'abertzale'. Algunas fuentes apuntaban a que el escrito había sido promovido por el entorno de Alfonso Guerra o los José María Múgica -que aparece en la lista de firmantes-, aunque también se ha señalado a la 'Asociación de Defensa de los Valores de la Transición'.

Una de las peticiones de esta carta es el replanteamiento de estas normas en la tramitación parlamentaria que aún está pendiente.

Ahora se conoce que, entre los exdirigentes socialistas que apoyan dicho manifiesto y, por lo tanto, están en contra del pacto de Sánchez con EH Bildu, se encuentran los expresidentes del Senado Javier Rojo y Juan José Laborda. ambos del PSOE.

Entre los firmantes de esta carta, también están históricos socialistas como José María Mohedano, ex diputado y ex secretario del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso; Luis Berenguer, ex diputado (UCD y PSOE), ex eurodiputado y expresidente de la Comisión Nacional de la Competencia; y Carmela Garcia Moreno, ex diputada y ex senadora (UCD y PSOE).

Apoyan el documento, además, José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía; y exministros de Felipe González como Julián García Vargas (ex ministro de Sanidad y Defensa), Julián García Valverde (ex ministro de Sanidad) y Javier Sáenz de Cosculluela (ex ministro de Obras Publicas y ex presidente del Grupo Parlamentario Socialista).

Asimismo, están en contra de la nueva ley del líder del Ejecutivo Elena Flores (ex diputada, ex secretaria de Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva del PSOE) y el exdiputado socialista y actual director de la Fundación Pablo Iglesias, Salvador Clotas.

El documento carga duramente contra la ley por poner en cuestión el pacto constitucional de 1978: "No aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica".

Continúan en la lista el ex diputado y ex miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE Pedro Bofill, el ex alcalde de A Coruña y ex diputado socialista Francisco Vázquez, el ex secretario general de la Presidencia del Gobierno socialista Rafael 'Fali' Delgado, el diputado constituyente socialista Juan Colino y la ex diputada, ex eurodiputada, ex secretaria de Comunicacion de la Ejecutiva del PSOE, Ana Miranda de Lage.

Completan la lista de socialistas Alejandro Cercas, ex diputado, ex eurodiputado del PSOE, y ex miembro de la Ejecutiva Federal; Paulino Plata, ex consejero de la Junta de Andalucía; los exsenadores Juan Carracao y Francisco Moreno Franco; José Acosta, ex diputado; Pascual Marcos Sebastián, ex senador y ex presidente de la Diputación de Zaragoza; y Tomás Gómez Franco, ex alcalde de Parla.

Manifiesto contra la nueva Ley de Memoria

El documento carga duramente contra la ley por poner en cuestión el pacto constitucional de 1978. "No aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica", reza el escrito.

También se denuncia uno de los puntos que más polémica se ha ocasionado tras la aprobación de la ley, que prevé investigar como "período sospechoso" hasta diciembre de 1983, una vez que ya se había celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas.

"La reconciliación fue una de las claves de la Transición y así quedó plasmado en la Constitución. Exigimos al Gobierno, a su presidente y a los responsables de los grupos parlamentarios el replanteamiento del proyecto de la ley de Memoria Democrática basado en el consenso por el bien de nuestra convivencia y el futuro de nuestra democracia", señala el escrito.