La Generalitat contra la justicia

Expirado el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la Generalidad para el cumplimiento de su sentencia de diciembre de 2020 que obliga a que al menos un 25% de las horas lectivas impartidas en Cataluña sean en castellano, el Gobierno regional catalán ha consumado su desobediencia, tal y como se comprometió a hacer desde el primer momento.

En un paso mas hacia el despropósito el conseller de Educació, Josep González-Cambray ha enviado un cuestionario de siete preguntas a los directores de los 5.000 centros educativos catalanes para validar su proyecto lingüístico. Son siete preguntas binarias, por responder sí o no, sobre el proyecto lingüístico del centro.

Entre estas, se pregunta si el catalán "es la lengua de uso normal de la acogida", si prevé que el catalán "es la lengua vehicular", si el proyecto lingüístico "evita el uso de porcentajes" o si el catalán y el castellano tienen un "uso curricular y educativo".

Si los centros responden que sí a todas las preguntas, constará que su proyecto lingüístico se adecua a la nueva normativa que ha aprobado la Generalidad. En este caso, el proyecto quedará validado automáticamente por el Departamento de Educación. 

Si en alguna de las preguntas la respuesta es que no, querrá decir que el proyecto no se adecua a la nueva norma. En este caso, el centro tendrá que modificarlo para que se adapte. Esto podrá hacerlo durante todo el curso 2022-2023. Una vez el proyecto esté validado, será el Departamento de Educación quien tendrá la responsabilidad última del proyecto lingüístico y, por tanto, quien responderá legalmente por éste. 

El problema de la inmersión lingüística que, desde hace décadas, se perpetra en Cataluña no reside precisamente en una falta de pronunciamientos judiciales, sino en la reiterada e impune desobediencia de la Generalidad y en el no menos reiterado entreguismo de los Gobiernos centrales, que se supone tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias. 

Lo novedoso es que esta vez dos partidos –Vox y Ciudadanos– se han mostrado partidarios de lo único que puede dar solución a este problema de la máxima gravedad: intervenir la Administración regional catalana y denunciar por desobediencia tanto al presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, como a su consejero de Educación, Josep González-Cambray.

No cabe la sorpresa, dado que el separatismo con mando en plaza en el Principado lleva décadas haciendo caso omiso de los pronunciamientos judiciales –incluidos los del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional– que han dictaminado la incompatibilidad de la inmersión lingüística integral en catalán con la Carta Magna.

Vox y Ciudadanos van a interponer un recurso ante el TC contra el decreto aprobado este lunes por el Parlamento catalán, con el que los separatistas han querido sortear el cumplimiento de la sentencia del TSJC; pero además, y de forma paralela, se han de aplicar en Cataluña los protocolos del artículo 155 de la Constitución, decisión esta que no es de índole penal sino política y que está prevista no para castigar delitos sino para evitar que se perpetren desde las propias instituciones.

Lamentablemente, la indolente reacción del PP de Alberto Núñez Feijoó no dista mucho de la que protagonizó Mariano Rajoy en circunstancias similares: plantear la posibilidad de un recurso ante el TC... "en caso de que Pedro Sánchez siga mirando para otra parte". Como si Pedro Sánchez no llevara años "mirando para otra parte" y como si los nacionalistas no hubieran ignorado siempre los pronunciamientos del TC sobre la materia. Igual de lamentablemente, la reacción de Feijoó apenas difiere de la del Ejecutivo social-comunista, que se ha limitado a dejar en manos del burlado TSJC la ejecución de la sentencia y a advertir con la boca pequeña al Gobierno regional catalán de una "posible prevaricación".