El Gobierno prohíbe que la sanidad pública derive pacientes a la privada para aligerar las listas de espera

Con el Proyecto de Ley de Equidad Sanitaria, el gobierno de Pedro Sánchez pretende terminar con la colaboración publico-privada en materia hospitalaria que tan bien ha funcionado estos últimos años de pandemia que ha servido par descongestionar los hospitales públicos saturados por el Covid 19 

El Gobierno del presidente Sánchez está como pollo sin cabeza acorralado por los acontecimientos, tanto económicos como políticos, con la particularidad de que todas las decisiones que toma empeoran la situación. Ante ello, recurre a trucos de prestidigitación que cada vez tienen menos recorrido.  Para tapar todo ello, buscan un culpable y recurren a lo de siempre: la culpa es del sector privado y del liberal-conservadurismo, pues no soportan que se demuestre que se puede gestionar de otra manera, con una gestión más eficiente. 

Los socios de Sánchez quieren acabar con cualquier posibilidad de que el Estado haga uso de los recursos de las empresas especializadas, a pesar de que eso supondría el colapso del sistema de atención especializada. Las listas de espera que han de sufrir los pacientes de la sanidad pública para acceder a ciertas pruebas diagnósticas se multiplicarían exponencialmente en caso de que solo los centros públicos estuvieran habilitados para practicarlas.

En cualquier caso, aunque no saliese adelante esta barbaridad hay dudas jurídicas de que realmente pueda llegar a prohibir la mencionada derivación de pacientes, pero, si pudiese sería un error económico, porque está más que demostrado que la colaboración público-privada permite obtener mejores resultados y llevar a cabo inversiones públicas, especialmente en tiempos de estrechez presupuestaria, como los que vendrán no tardando mucho, pero al Gobierno le da igual.

Dentro de ello, rescatan su obsesión con la sanidad, donde los socialistas y toda la izquierda insisten, una y otra vez, en decir que se ha privatizado, que se han eliminado recursos del sistema y que se han recortado inversiones. Sin embargo, los números los desmienten. Las matemáticas tienen una gran cualidad: hablan un lenguaje que no se puede interpretar, sino que muestran lo que es.

De nada vale el éxito de esta fórmula de colaboración implantada en todos los países desarrollados, que proporciona calidad en la atención a un coste reducido y cuenta con la aprobación general de los usuarios del sistema público de salud atendidos en las entidades concertadas. La izquierda ha decidido que la única atención sanitaria de que dispondrán los ciudadanos con menos recursos sea la de los centros públicos, de manera que las instituciones privadas quedarán reservadas para aquellos que puedan pagar sus costosos tratamientos, empezando por los propios jerarcas izquierdistas.

Eso recoge el Proyecto de Ley de Equidad Sanitaria, que no puede ir legalmente más allá y que, por ello, deja insatisfecho al Gobierno, especialmente a su parte podemita, que amenaza con no respaldar el proyecto en su tramitación parlamentaria y por razones totalmente contrarias varias Comunidades autónomas ya han anunciado que no van a cumplirla alegando que tienen la competencia total en materia de sanidad..