La empresa del marido de Calviño investigada por fraude en el Covid-19

La Guardia Civil ha entrado en varios ministerios en busca de los contratos del Gobierno que denunció Díaz Ayuso. Se trata de los contratos de material sanitario que investiga la Justicia: más de 650 millones bajo la lupa. Le digital El Debate hace un muy buen seguimiento de la marcha de las investigaciones.

Varios jueces y fiscales repasan la legalidad de las operaciones del Gobierno y de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas, test y guantes durante la pandemia. Los medios de comunicación se limitan a informar sobre los contratos que hayan intervenido la Comunidad o el ayuntamiento de Madrid.

Entre los Departamentos que han visitado los agentes se encuentra el de Economía, dirigido por Nadia Calviño, por los documentos que salpican a la empresa en la que es director de marketing su marido.

Los primeros meses de la pandemia fueron un descontrol para las Administraciones. Estado, autonomías y entes locales se lanzaron a la compra de material sanitario, en especial mascarillas, guantes, trajes de protección, test y respiradores para proporcionar a los médicos, enfermeras y hospitales colapsados durante los días más duros de la crisis del coronavirus. En semejante escenario las operaciones firmadas no fueron una excepción para las instituciones que pagaron cantidades muy altas por suministros que en circunstancias ordinarias se habrían adquirido mucho más rápido y más baratas.

Los ministros Illa, Ábalos y Calviño

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas un total de siete diligencias de investigación para depurar las posibles irregularidades sobre los presuntos contratos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a otras tantas empresas y denunciados por el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como avanzó en primicia El Debate, por valor de 326 millones de euros.

El decreto dictado por el jefe de la unidad especializada de la Fiscalía, Alejandro Luzón, al que tenía acceso este diario recoge cómo después de que el día «10 de marzo de 2022 tuviese entrada en la sede de esta Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada denuncia de la misma fecha firmada» por el diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, sobre presuntas irregularidades en los contratos de emergencia, relacionados con la COVID-19, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectan a contratos y a la concesión de subvenciones públicas, «acuerda la incoación de las correspondientes diligencias de investigación para el esclarecimiento de los hechos».

Los siete contratos bajo sospecha implican a las empresas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L; FCS Select Products, S.L; Member of the tribe, S.L; Wehai Textile Group, Hyperin, Beedigital y Playbol SA. y a la presunta vinculación de cada una de ellas con diferentes cargos políticos aforados y varias Administraciones Públicas, todos próximos al Gobierno de Pedro Sánchez, incluidos los ministros Nadia Calviño, José Luis Ábalos y Salvador Illa . Así como, también, a «la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos» en los términos legalmente previstos, incluso, en una situación de máxima urgencia.

Los agentes de la Guardia Civil, han acudido a Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, liderado por Nadia Calviño, cuyo marido trabaja en una de las empresas que se beneficiaron de los contratos. No en vano, la antigua 'Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA', ahora conocida como 'Beedigital', contaría entre sus filas con el marido de la ministra como director de marketing de la empresa. Una mercantil a la que el Departamento de la socialista adjudicó la concesión «cuando la empresa tenía deudas con el Estado por valor de 1,6 millones». Tal es así que, cuando se prorrogó el contrato, en el 2020, la deuda ascendía a 884.000 euros.