El Gobierno se alía con Bildu para desatascar su Ley de Memoria Democrática

Pedro Sánchez con Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, en el Congreso de los Diputados. 

El PNV ha pactado también que se abran los archivos para tener acceso a la documentación de la época.

El acuerdo entre el Gobierno y Bildu plasma el reconocimiento de víctimas de violaciones de derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983, lo que afecta a las víctimas de torturas y de la llamada 'guerra sucia' contra ETA. Un periodo que no solo excede la dictadura de Francisco Franco, también la Transición, e incluye el primer año del socialista Felipe González en el Gobierno. En esa época comenzaron las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y se perpetraron los asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Hay que decir que en aquel momento se perpetraron una gran parte de asesinatos de ETA a base de tiros en la nunca o  atentados cuyos autores no han sido denunciados ni por parte de los abertzales ni de los presos condenados, a pesar de los beneficios otorgados. Quedan unos 330 por esclarecer. Ahora sus descendientes pretenden esclarecer determinados casos que a fectan a los gobiernos de aquella época.

Aizpurua, que ha celebrado que la ley resultante de la ponencia es «más ambiciosa» que la planteada inicialmente por el Gobierno, ha enumerado otros acuerdos con su coalición, como la cesión del Palacio de la Cumbre al Ayuntamiento de San Sebastián, la reconversión del Fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, en un espacio de memoria y la declaración de «ilegalidad e ilegitimidad» de los tribunales franquistas creados desde 1936. 

La intención de la formación proetarra es reabrir los casos de Lasa y Zabala, asesinados en octubre de 1983, y Segundo Marey, diciembre de 1983. En los tres casos, el presidente del Gobierno ya era Felipe González y su ministro del Interior, José Barrionuevo. También se quiere investigar el llamado Caso Almería, en el que tres jóvenes fueron asesinados tras ser confundidos con terroristas de ETA en Roquetas de Mar. El partido de Otegi, junto al apoyo de Más País, el PSOE y Unidas Podemos, han apoyado que se "señalen posibles vías de reconocimiento y reparación de las víctimas", según la enmienda transacional registrada en la Comisión.

Hace unos meses, la posible investigación de "crímenes del franquismo", una vez que Franco ya había muerto, generó una agria polémica y el PSOE aplazó la ley, pese a que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que la "inercia de la dictadura llegó hasta 1982". En ese momento, los socialistas crearon un perímetro que finalizaba con la llegada de Felipe González a La Moncloa pero ahora, con la nueva enmienda, su presidencia también será investigada.

Además de los acuerdos con Bildu, la ponencia incorpora al proyecto de ley del Gobierno la batería de enmiendas registradas el pasado noviembre por PSOE y Unidas Podemos, incluida la controvertida modificación que plantea aplicar el derecho internacional a la Ley de Amnistía de 1977, una de las bases de la Transición, y declarar que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura no prescriben ni son perdonables. La interpretación de esta redacción choca entre PSOE y Unidas Podemos, aunque desde ambos partidos se admite que su impacto será «reducido» al menos penalmente hablando.

El reconocimiento de las víctimas de torturas quedará en manos de una comisión de expertos independientes aún por desarrollar. En el Palacio de la Cumbre se torturó a Lasa y Zabala y el Fuerte de San Cristóbal fue una cárcel durante el franquismo.