Varapalo al Gobierno del Tribunal Constitucional por el "1º Estado de alarma"

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia, tal y como pedía Vox. Ha sido una decisión muy ajustada que se ha impuesto con una mayoría de seis magistrados frente a otros cinco que avalaban la medida excepcional. 

El tribunal de Garantías considera que el confinamiento general entre marzo y junio de 2020 no fue una limitación sino una suspensión de derechos fundamentales que no se amparaba en el marco legal del estado de alarma. El Constitucional considera que la intensidad de las medidas impuestas en marzo de 2020 excedía las restricciones que se pueden decretar con el estado de alarma.

  

Tras la sentencia, habrá que estudiar qué sucede con las multas impuestas como consecuencia del primer estado de alarma, así cómo dilucidar si en la próxima ocasión se debe decretar el estado de excepción y no el de alarma. Según fuentes jurídicas del tribunal, las multas del primer estado de alarma se podrían anular si tienen que ver con lo que se ha declarado inconstitucional: libertad de circulación y residencia.

Pilar Llop:  "El Gobierno respeta pero no comparte, la decisión de Tribunal Constitucional"

La decisión ha cogido por "sorpresa" al Gobierno, que "respeta" el fallo, aunque no lo comparte, según ha asegurado en una comparecencia extraordinaria de la ministra de Justicia, Pilar Llop. Además, la decisión del TC ha generado numerosas críticas entre la oposición, especialmente entre los partidos que rechazaron esta medida para combatir la pandemia.

Así las cosas, la recién nombrada ministra de Justicia, Pilar Llop, le ha tocado explicar en una rueda de prensa en la que no han podido ni entrar ni preguntar a los periodistas, ha expresado su "sorpresa por el carácter inédito" del fallo en la declaración desde el Palacio de La Moncloa. Ha dicho de manera escueta y con el rostro contrariado que "El Gobierno respeta pero no comparte la decisión de Tribunal Constitucional"- 

Toma ya.

 Una ley para casos de pandemias 

Todo ello es gracias al empecinamiento del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez para no aprobar una Ley de pandemias que debería ser tramitada en el Congreso de los Diputados  pedida por las Comunidades Autónomas, partidos de la oposición y especialmente por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) una reforma legislativa que clarifique las medidas limitativas de derechos fundamentales en situación de crisis sanitaria como la actual. 

La necesidad de poder ejecutar esas limitaciones con garantías jurídicas se ha visto a lo largo de toda la pandemia de covid-19, por lo que lo sucedido estos días con el brote de Mallorca en jóvenes de viaje de fin de curso es solo un capítulo más (un juzgado le ha dicho al Gobierno de Baleares que la ley no le permite limitar derechos fundamentales), ya que todos los dias se están produciendo sentencias contradictorias ahora con el el nuevo aumento de contagios en la mayoría de CCAA.

De haberse ejecutado a principios de la emergencia sanitaria una reforma legislativa específica o de haberse tramitado una ley de pandemias, como le llaman algunos, nos hubiésemos ahorrado bastantes líos judiciales y polémicas y desencuentros entre administraciones competentes, incluidos los lamentablemente fomentados por motivos partidistas. Y quién sabe si, incluso, con menos titubeo jurídico, el Gobierno central y los ejecutivos de la comunidades autónomas podrían haber hecho más y mejor de lo han hecho por evitar, especialmente, muertes.

Este nuevo ridículo denota la incompetencia de un gobierno con mas asesores y ministros de la historia y  con cuatro exmagistrados en su seno, donde ninguno previó las graves consecuencias de sus decisiones. Con la circunstancia que ni siquiera Pedro Sánchez, que no deseaba comparecer y dar explicaciones ante el Congreso, tiene a mano un responsable directo a quien cargar la responsabilidad, ya que la semana anterior por otra chapuza similar, ya había destituido al ministro de Justicia. A la nueva, Pilar Llop tan obediente y sectaria como el anterior, le ha tocado intentar explicar esta chapuza.