Un fraude de ley para evitar que los golpistas paguen sus embargos

La Generalitat avalará con fondos públicos las fianzas del Tribunal de Cuentas por el 'procés' exterior del 1-O

El Instituto Catalán de Finanzas gestionará un capital inicial de 10 millones de euros y desplazará dinero público

Los consejeros de la Generalitat de Cataluña Laura Vilagrà (ERC), de la Presidencia, y Jaume Giró (Junts), de Economía y Hacienda, han explicado este martes que el Govern catalán avalará con dinero público las fianzas que el Tribunal de Cuentas ha establecido contra 34 altos cargos autonómicos, incluidos Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, por la acción exterior del 'procés' del 1-O: 5,4 millones de euros.

El Govern catalán ha aprobado, en la reunión ordinaria de este martes, un decreto-ley por el que se crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (Fcrcat), con una cantidad inicial de 10 millones de euros, para cubrir las obligaciones legales que se reclaman a los trabajadores públicos en un proceso judicial o administrativo, por acciones que hayan llevado a término en el ejercicio de su cargo o de sus funciones y que no estén cubiertas por las pólizas de responsabilidad civil, patrimonial y contable de la Generalitat.

Giró ha explicado que será a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la entidad financiera pública de la Generalitat, desde donde se gestionará el fondo Fcrcat. Para poder adherirse al mismo, los beneficiarios tendrán que cumplir tres condiciones: que no haya resoluciones firmes que declare ilícitas sus actuaciones, que el riesgo no esté cubierto por otro seguro de la Generalitat y que la administración autonómica catalana no haya iniciado acciones judiciales contra la persona afectada.

Durante la rueda de prensa, el responsable de las finanzas de la Generalitat no ha querido informar de qué partidas de los presupuestos saldrán los 10 millones de euros: «El dinero está en muchas cajitas, pero en una caja única»

El nuevo fondo de dinero público se ha creado 'ad hoc' para liberar de las fianzas a los afectados por el caso de la acción exterior del 'procés' del 1-O en el Tribunal de Cuentas, que se suma a la del 9-N (4,9 millones de euros ya afianzados) y el referéndum del 1-O (4,1 millones de euros también afianzados), pero a este fondo, según ha informado Vilagrà, se podrá adherir cualquier persona que lo considere oportuno y se vea afectado por el 'procés'.

Ni que decir tiene que si los actuales mandatarios de la Generalidad se atreven a perpetrar tamaño fraude de ley -por no tildarlo directamente de delito de malversación- es por la enorme sensación de impunidad que, lógicamente, les ha procurado el presidente del gobierno -en realidad, máximo responsable de lo que está sucediendo- al otorgar indultos a unos delincuentes que, lejos de arrepentirse, han manifestado públicamente su compromiso con la reincidencia en el delito.

Desde aquellas "leyes de desconexión" con la que los golpistas catalanes quisieron dar una burda apariencia de legalidad a la "desconexión" con el ordenamiento jurídico español que entrañaba su ilegal proceso de ruptura, los separatistas no habían perpetrado una tomadura de pelo a nuestro Estado de Derecho tan grosera y evidente como la que la Generalidad de Cataluña ha llevado a cabo este martes respecto a las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los golpistas del 9-N y del 1-O por el desvío de dinero público a la promoción exterior de su sedicioso -y vigente- proceso de independencia. 

Y es que, aunque parezca un chiste de mal gusto, a los actuales mandatarios de la administración autonómica en rebeldía no se les ha ocurrido otra cosa que crear con dinero público un "Fondo Complementario de Riesgos" de unos 10 millones de euros con los que cubrir las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a los encausados precisamente por desviar dinero público.

De hecho, este mismo martes, Oriol Junqueras, uno de los golpistas indultados a quien el Tribunal de Cuentas le reclama 1,9 millones de euros por la promoción exterior del procés ha viajado a Bruselas precisamente para promocionar en el Parlamento Europeo ese ilegal proceso separatista por el que fue condenado y para arremeter contra nuestra Administración de Justicia acusándola de una "represión que alcanza a más de 3.000 represaliados".

Así las cosas, el verdadero responsable de lo que está sucediendo no es Europa ni siquiera los golpistas que, como cabras a las que se les deja, siempre tirarán al monte. No, el máximo responsable es un presidente de gobierno que, para empezar, no sólo rehúye su obligación de aplicar el articulo 155 de la Constitución para evitar que desde las propias administraciones autonómicas se organicen y se ejecuten procesos delictivos, sino que, además, brinda apoyo a los sediciosos como socios que sostienen a su gobierno. 

Resumiendo: Los golpistas pretenden que mediante este sofisticado sistema el coste de sus delirios separatistas pasados mas otros que piensan cometen en un futuro, sean sufragadas por todos los españolitos que pagan sus impuestos mediante un fraude de ley. Veremos si el "compasivo" Sánchez a cambio de su voto lo consiente.