La Generalidad recurre a fondos públicos para pagar las fianzas de los golpistas

El consejero de Economía catalán, Jaume Giró. | EFE

Tras negar repetidamente que se fuera a usar el Institut Català de Finances, el consejero de Economía anuncia que actuará como avalista ante el Tribunal de Cuentas.

Disparate tras disparate, el consejero de Economía de la Generalidad, Jaume Giró, ha anunciado esta mañana en el Parlament que la Generalidad recurrirá al Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a los líderes golpistas por la malversación de fondos públicos en la difusión del intento secesionista en el extranjero. Se trata de un total de 5,4 millones de euros y el plazo para pagar esta cantidad vence a las doce de esta noche.

Sin embargo, este martes, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del gobierno catalán, el mismo Giró anunciaba en primer lugar que ningún banco se había avenido a actuar como avalista del denominado "Fondo complementario de riesgos" y en segundo término que no se iba a utilizar la opción del Institut Català de Finances porque él por su cuenta y riesgo y en un acto de graciosa generosidad había decidido no poner en peligro a los empleados y directivos del ICF ante la posibilidad de acciones legales.

El consejero, independiente nombrado por la cuota de Junts per Catalunya (JxCat) y exdirectivo de banca, no habría tenido más remedio que rectificar tras una notable bronca interna entre JxCat y ERC, que exigía involucrar al ICF en el pago de las fianzas. Mientras Puigdemont estaba dispuesto a asumir la fianza, Junqueras no pasaba por ahí.

El desautorizado Giró

Para cubrir la rectificación, el desautorizado consejero ha declarado que "mis palabras de ayer sirvieron de algo ya que he recibido llamadas estas últimas horas de gente del ICF que me ha pedido por favor que por ellos no quede, que usemos la disposición tal como esta prevista por el decreto. Y esto es lo que haremos".

El cambio de criterio pasa por la disposición transitoria del decreto ley del fondo golpista en la que se atribuye al ICF la gestión del fondo "de forma excepcional, mientras no se constituya la entidad gestora o se encargue su gestión a una entidad ya constituida". En el caso de que no se encuentre avalista, el Institut asumirá el papel de manera definitiva.

La maniobra tiene numerosos riesgos legales. De entrada el ICF no se dedica a dar créditos o avalar a particulares sino a empresas con dificultades para acceder a los canales crediticios del mercado. Las últimas operaciones conocidas del ICF han sido la concesión de crédito a una cadena hotelera y a una cadena de gimnasios. Ahora se dispone a avalar a 34 dirigentes separatistas en una operación del todo inédita.

Sin embargo, el Govern confía en que el Tribunal de Cuentas eluda un posible enfrentamiento político con el Gobierno del PSOE y Podemos, que se ha abstenido de recurrir el decreto ley sobre el fondo golpista.

Está por ver, además, que el Tribunal de Cuentas acepte la estratagema del gobierno catalán, toda vez que la Generalidad es la administración afectada por la malversación de esos dirigentes separatistas y las fianzas son para retornar a la misma Generalidad. Que sea una entidad de la administración autonómica quien cubra las fianzas supone una doble pérdida, algo también inédito.

Albert Castellanos presidente de la junta de gobierno del ICF