Giró no encuentra ningún banco para avalar a los golpistas embargados

El gobierno catalán anunció esta semana la creación de un fondo de 10 millones de euros para avalar a los encausados. Jaume Giró, consejero de economía y hacienda, no quiso dar detalles de la entidad financiera con la que la Generalitat trabajaría para hacer frente a las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas. El Govern está encontrando dificultades para cerrar el acuerdo y los grandes bancos estarían dando la espalda a la Generalitat, según apunta El Confidencial.

Las defensas de los golpistas tenían hasta este jueves para presentar recurso contra la fianza impuesta por Tribunal de Cuentas. Según recoge la Ley de Funcionamiento, una vez que se hayan abonado las cauciones y resuelto los recursos se dará traslado de la pieza y demás actuaciones al representante de la entidad del sector público perjudicada --en este caso, la Generalitat-- y las demás acusaciones para que dentro del plazo común de 20 días presenten demanda.

34 excargos del Govern afectados

Según el acta de liquidación provisional notificada la semana pasada, se les reclama a 34 excargos del Govern --entre ellos, Puigdemont-- cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos de trabajo. Aunque se les exige a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos, todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total.

Si no se llega a presentar, se conferirá traslado al Ministerio Fiscal --por el mismo plazo-- para que la formule si así lo considera oportuno; en caso de que tampoco presentase escrito, el órgano de la jurisdicción contable a cargo del litigio ordenará de oficio el archivo de los autos. Una vez finalizada esta instrucción, continuará el procedimiento en el Departamento Segundo de Enjuiciamiento, en manos de la juez Margarita Mariscal de Gante, a la que por turno le correspondió este asunto.

Jaume Giró 

La Generalitat no encuentra banco dispuesto a avalarlos

El Govern no tiene ninguna entidad financiera para hacer frente a las fianzas del Tribunal de Cuentas

La Generalitat se encuentra con complicaciones para hallar un banco que avale las finanzas de los ex altos cargos del Govern acusados por el Tribunal de Cuentas. El tribunal les reclama un total de 5,4 millones de euros por gastos en la promoción exterior del proceso y la búsqueda de apoyos internacionales para la independencia de Cataluña entre 2011 y 2017.

Los bancos son conscientes de la pérdida de reputación que podría suponer mostrar su apoyo a los encausados con avales. "Tendrán que pedirlo en otro lugar" o "nosotros seguro que no, borda la ilegalidad", son algunas de las declaraciones extraoficiales por parte de los grandes bancos del país que refleja El Confidencial.

Además, el Tribunal de Cuentas ya adelantó que, en caso de que una administración pública se hiciera cargo de los embargos, sería "fraude de ley". Esto supone un obstáculo más para la Generalitat en la búsqueda de una entidad financiera.

Puigdemont alega su inmunidad como eurodiputado

El expresidente de la Generalitat fugado se desmarca y alude a su condición de europarlamentario de JxCat para intentar evitar el pago de dos millones de euros

La defensa del expresidente de la Generalitat y actual eurodiputado de JxCat Carles Puigdemont ha presentado un recurso contra la fianza reclamada por el Tribunal de Cuentas en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos de la Generalitat de Catalunya para las embajadas catalanas y el Diplocat. Una fianza que, en su caso, asciende a dos millones de euros.

En un escrito de 11 folios, al cual ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Puigdemont reclama que se anule la caución requerida al considerar que el exmandatario posconvergente "tiene reconocida inmunidad como europarlamentario", que a su juicio "alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas". Reprochan la actuación del órgano fiscalizador y sostienen que la afirmación realizada por la delegada instructora durante el acto de liquidación, sobre que dicha inmunidad se extiende únicamente a los procesos penales, es "contraria a derecho".

La defensa de Puigdemont ha alegado que tanto para el inicio como para la continuación del procedimiento "era preceptiva la concesión previa del correspondiente suplicatorio que debió ser solicitado ante el Parlamento Europeo". "Cosa distinta es que la Sra. Delegada Instructora no quiera hacerlo por no ver su procedimiento sometido a ningún tipo de escrutinio", ha añadido. En el escrito, la defensa del exmandatario secesionista considera que la actuación del Tribunal de Cuentas "equivale, de facto, a la derogación de las competencias en materia de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña", por lo que ha tachado el procedimiento de "inconstitucional".

Así, ha asegurado que "es de todo punto irrazonable requerir el pago de 2.085.507,80 euros a una persona en tan exiguo plazo".