Torra dice que no pagará las multas por la desobediencia

"Será necesario que el Estado me robe ese dinero si lo quiere cobrar"

El ex presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado hoy que no pagará los 8.500 euros de multa impuestos por su desobediencia a la Junta Electoral Central. «No pagaré estas multas y, por tanto, tendrán que robarme este dinero si quieren cobrar» ha asegurado Torra en un comunicado, a través de su canal oficial de ex presidente.

En tono encendido, Torra asegura que está dispuesto a «ir a prisión, si hace falta, pero nunca ordenaré ningún pago a la Junta Electoral». Y advierte además de que «no quiero que nadie pague estas multas por mi» en referencia a la «caja de solidaridad» creada por Òmnium y la ANC para pagar las penas económicas impuestas por la justicia a los condenados por el 1-O.

"Son multas impuestas por la desatención de instrucciones -completamente irregulares y ilegítimas- de retirada de las pancartas y símbolos para la libertad de los presos políticos de cualquier edificio de la administración de la Generalitat durante la campaña electoral de marzo de 2019", explica Torra.

"Son multas que forman parte de un proceso represivo de coerción de la libertad de expresión y de persecución del independentismo en Cataluña. Son multas que forman parte del pleito legal que aún está vivo porque será recurrido al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en Estrasburgo por mi defensa", añade.

El ex presidente y dirigente de Junts añade que Cataluña debe «reemprender el camino decidido hacia la independencia, sin esperar permisos ni diálogos que no llegarán nunca». En un mensaje que dispara a la línea de flotación de la estrategia de Esquerra, Torra reivindica «el espíritu del 1 de octubre» y reclama que el independentismo recupere la iniciativa y la unidad de instituciones, entidades y ciudadanía.

Polémica de las pancartas

Las multas corresponden a la causa abierta durante las elecciones de 2019, cuando Torra se negó a retirar una pancarta con el lema «libertad para los presos políticos» de la fachada principal del Palau de la Generalitat. La pancarta fue denunciada por la entidad Impulso Ciudadano por quebrantar la neutralidad institucional durante la campaña electoral, y la JEC ordenó su retirada.