Detenidos el subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y el ex vicealcalde Alfonso Grau por cobrar mordidas

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido esta mañana al subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y al ex vicealcalde en la etapa de Rita Barberá, Alfonso Grau, además de a su hija y al empresario de la construción Jaume Febrer junto a otras diez personas. Los arrestos se han producido en Valencia, Alicante, Madrid, Baleares y Tomelloso.

 Todos están investigados por participar en una red de presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones urbanísticas en suelo público y de adquisición de solares a precios ventajosos. La delegada del Gobierno en la Comunidad, Gloria Calero, ha anunciado el cese inmediato Rubio tras la detención y el PSPV le ha suspendido de militancia.

Entre los detenidos también se encuentra el abogado José Luis Vera, jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra, anteriormente denominada Imelsa. El papel que le apunta la investigación es el de haber mediado entre la red y varios ayuntamientos.

Según las investigaciones de la UCO, el ex vicealcalde Alfonso Grau pudo haber cobrado mordidas de un millón de euros y Rafael Rubio, que fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, 500.000 más, en metálico o en especie, por facilitar el derecho de contratación en parcelas de propiedad municipal a empresas constructoras, entre ellas la que pertenecía a Jaume Febrer, Construcciones Valencia Comstitución (CVC), disuelta judicialmente en 2013 pero que es considerada por la UCO como el eje central de la trama.

Febrer creó un entramado de empresas que participaban en adjudicaciones en las que previamente conocía los pliegos y ajustaba los precios para resultar elegido. Una de ellas se dio junto al Puerto de Valencia, en el barrio de Nazaret, en solares los que invirtió 300 millones de euros tras garantizarse que la licitación le sería ventajosa. Debido a la crisis del ladrillo, la empresa no pudo levantar la urbanización prevista.

Esta presunta trama sale a la luz en la segunda fase de la 'operación Azud', que se destapó en 2019 tras una investigación de la Agencia Tributaria a bufete de José María Corbín y que derivó en una causa que investiga el juzgado número 13 de Valencia y en la que también están imputadas su mujer, hermana de Rita Barberá, y sus tres hijas, una de ellas recién nombrada asesora del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Se les investiga por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. 

La causa permanece bajo secreto de sumario. Según los indicios, el despacho de Corbín habría actuado de intermediario entre 2005 y 2015 tanto en las adjudicaciones como en el cobro de las comisiones, que eran en especie o en inmuebles vendidos a precios muy ventajosos.

Curiosamente Rafael Rubio fue propuesto por José Luis Ábalos y aprobado por Pedro Sánchez como Subdelegado del Gobierno cuando dimitió por razones personales su antecesor cuando ya estaba involucrado a punto de ser imputado por el juez del caso Imelsa que le estaba investigado desde el año 2015