La justicia obliga al Ayuntamiento de Vic a colocar la bandera española en el balcón

Fachada del Ayuntamiento de Vic, en una imagen de archivo.ACN

El consistorio ha recibido un requerimiento judicial que considera que la torre donde está ahora no es un lugar "de honor".

La alcaldesa ha acatado la orden para evitar ser inhabilitada por desobediencia grave, y la ha recurrido el requerimiento.

El juzgado contencioso-administrativo 14 de Barcelona ha obligado al Ayuntamiento de Vic a colocar la bandera española en el balcón oficial. Considera que la que hasta ahora era su ubicación, la torre del reloj, no es un emplazamiento "destacado" y "de honor".

El consistorio, que ha instalado la la bandera en el balcón oficial para evitar que se pueda acusar a la alcaldesa, Anna Erra, de desobediencia grave, ha presentado recurso al requerimiento judicial.

Un tira y afloja que dura años

El Ayuntamiento de Vic colgó la bandera estatal en la torre del reloj en mayo de 2018. Lo hizo acatando una sentencia judicial después de 6 años de requerimientos judiciales, ya que no tenía ninguna colgada en ninguna parte del edificio.

Así, el consistorio la colocó en la torre del reloj, junto con la senyera y la bandera del municipio. El ayuntamiento considera que este lugar cumple los criterios que exige la ley 39/1981 de 28 de octubre, puesto que se trata de un lugar "de honor, preferente y visible desde más puntos de la ciudad". Además, añaden, "no se afecta el patrimonio arquitectónico de un bien cultural de interés local como es el balcón de bajo del Ayuntamiento".

Fachada del Ayuntamiento de Vic con un cartel donde se puede leer que se ha colgado la bandera "por imposición del gobierno central", en una imagen de mayo del 2018.ACN

Cuando el ayuntamiento colocó dicha bandera en 2018, lo hizo junto con un cartel en la fachada donde se podía leer que lo había hecho "por imposición del gobierno central".

Sin embargo, el consistorio vicense recibió un requerimiento judicial el pasado martes 27 de abril donde se exigía que se colocara en un lugar más visible. Daba cinco días para cumplir la orden y alertaba que el incumplimiento podría comportar un delito de desobediencia grave con la consiguiente inhabilitación de la alcaldesa y multas personales.