Nuevo intento del sanchismo para la demolición del Estado de Derecho y la toma del Constitucional

«El sanchismo está haciendo peligrar el orden constitucional sin necesidad de emprender un proceso de reforma de la Carta Magna»  El gran problema al que se enfrentan los españoles es que el encargado de la obra al que escogieron hace tres años no ha venido a construir, sino a destruir. El sanchismo es una potente empresa de demolición institucional y democrática que ha ido colocando a su personal de confianza en puestos que exigen neutralidad e independencia.

La última barbaridad es colocar como magistrado del Tribunal Constitucional, que es el que resuelve sobre la legalidad de las medidas sanchistas, a quien hasta julio del año pasado fue su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la exdirectora general del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez. Como ha publicado este periódico, es la primera vez que un exministro entra en el Alto Tribunal en la misma legislatura en la que abandonó el gobierno. Un hecho inaudito que revela el menosprecio que siente Sánchez por los contrapesos del sistema constitucional para fiscalizar su labor al frente del Ejecutivo.

Cierto es que los antecedentes no permitían presagiar nada bueno: el sanchismo inició su trasiego en las institucionales colocando como Fiscal General del Estado a su exministra de Justicia, Dolores Delgado. Situó en el CNI a su vicepresidente de asuntos sociales, Pablo Iglesias, aprovechando un decreto de medidas urgentes para frenar la pandemia. Entregó el CIS a un miembro de la ejecutiva del PSOE para que, en lugar de investigaciones sociológicas, propague invenciones socialistas. Y así, un largo etcétera.

Es que Campo no es un ministro cualquiera: es el muñidor de la impunidad para los golpistas catalanes sobre los que se sostiene el gobierno sanchista. Efectivamente, el escogido por Pedro para ocupar plaza en el Constitucional no sólo no cumple con los requisitos de experiencia para serlo, sino que además es el que preparó los indultos a los golpistas catalanes y diseñó en sus etapas iniciales la reforma del delito de sedición. Dos medidas cuyo encaje legal acabará dilucidando el mismo tribunal del que este señor va a pasar a formar parte. Todo ello  sin mencionar que es la pareja de la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet.Da auténtico pavor. 

En lo que respecta a Laura Díaz, es menos conocida, pero amén de su condición de alto cargo de Moncloa -era miembro destacado del equipo de Simancas hasta que la cesaron esta pasado mes de abril- conviene no olvidar que por sus manos han pasado muchas de las controvertidas leyes aprobadas por el Ejecutivo durante esta legislatura y ha sido asesora de varios gobiernos de la Generalidad de Cataluña, como los de Pujol o Maragall. Especialmente relevante es, a mi juicio, que coordinara los estudios jurídicos de reforma del Estatuto de Autonomía entre los años 2002 y 2004.

No es casualidad que en la hoja de servicios de los escogidos por el divino dedo sanchista para ocupar un sillón en el Constitucional destaque su especial vinculación y experiencia en los «asuntos catalanes», ni que la decisión preceda a la derogación del delito de sedición. 

«Las libertades constitucionales consagradas en el texto del 78 son el bien más preciado que poseemos los españoles»

Las libertades constitucionales consagradas en el texto del 78 son el bien más preciado que poseemos los españoles, ya que sobre ellas se asientan las bases de la convivencia democrática. Son éstas y no otras las que deberían ser propagadas y exaltadas desde las instituciones. Pero, lamentablemente, son desdeñadas y relegadas por nuestros actuales gobernantes, empeñados en generar fractura social y división con el único fin de aferrarse al poder. El precio del destrozo no lo van a pagar ellos, sino ustedes.