Con Sánchez en Bali, el PSOE sale en defensa de la derogación de la malversación

Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, a su llegada a Bali 

Moncloa reconoce que la malversación tiene «mala defensa»: «Va a ser difícil»

El Gobierno ha desplegado su hoja de ruta para derogar el delito de sedición, el siguiente paso en su estrategia de «pacificar» Cataluña después de la aprobación de los indultos en 2021. Un paso al frente, arriesgado, pero medido en tiempo y, sobre todo, en distancia con las urnas. Sin embargo, este parece no ser el destino final, que tendrá –al menos– una parada más en lo que respecta a la malversación, el enésimo peaje que le exigen sus compañeros de viaje de ERC. El presidente del Gobierno ya abrió la puerta el domingo en una entrevista en «La Vanguardia» y su mano derecha, y encargado de pergeñarlo, Félix Bolaños, dio carta de naturaleza al planteamiento ayer en una entrevista en la cadena Ser. Ni el fondo ni la forma son casuales.

Los asesores electorales de La Moncloa parten de un error de fondo a la hora de elaborar un argumento político que justifique la anunciada reforma del Código de Penal ante la opinión pública, porque no es necesario explicar lo que todo el mundo sabe, que el Gobierno, urgido por sus socios nacionalistas a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que son la llave de la legislatura, va a dejar expedito el camino para que los autores de la intentona golpista en Cataluña puedan reincorporarse lo antes posible a la vida política.

Si para ello es necesario ampliar la reforma al delito de malversación, que inhabilita para el ejercicio de los cargos públicos, pues se hace, procurando, eso sí, acelerar el calendario legislativo, de manera que no coincida con el inmediato proceso electoral. Más allá de las consideraciones jurídicas, incluso, morales, que puedan hacerse sobre el hecho de que el Ejecutivo de un país democrático se embarque en una especie de «derecho de autor» para cubrir las limitaciones de su minoría parlamentaria, lo cierto es que el coste político de tal actuación no va a ser fácilmente enjugable, más cuando se opera sobre un asunto ideológicamente trasversal para el conjunto de los ciudadanos como es la soberanía nacional y el concepto de la unidad de la Nación.

De ahí que aunque nos parezcan muy loables los esfuerzos de los ideólogos socialistas para darle la vuelta a lo evidente, debamos recordar que, a la postre, los empeños inútiles conducen a la melancolía. Por supuesto, con ello no queremos negar que existe una base de votantes socialistas y comunistas a quienes las condiciones del acuerdo con los nacionalistas les parecen aceptables o, simplemente, consideran que es un precio lógico a pagar si el Gobierno de coalición pretende agotar la legislatura, pero, con todo, serán pocos los que se dejen seducir por el argumentario gubernamental. Entre otras razones, porque cuando hablamos del delito de malversación, con los matices que se quieran, tratamos de uno de los comportamientos delincuenciales más íntimamente ligado a la corrupción política, que suscitan el general rechazo de la opinión pública.

No hay que explicar lo que todo el mundo sabe

El Gobierno delega la iniciativa en ERC para no asumir el coste y admite que será complicado explicar ante sus votantes el cambio legal

No hay «relato» que pueda justificar la impunidad, menos la sobrevenida, de quienes han empleado para fines espurios el dinero público, obtenido de los impuestos que pagan los ciudadanos, ya sea para beneficio personal, para sostener políticas de clientelismo partidista o, como es el caso, para costear los gastos de un proceso contra la Constitución y el mismo estado de Derecho. Con un problema añadido, que las justificaciones gubernamentales para legitimar lo que no es más que una cesión por meros motivos coyunturales puede trasladar a la ciudadanía que la apropiación de los fondos públicos, la corrupción, en suma, puede ser tolerada en algunas circunstancias y según quiénes sean sus autores.

El ministro de la Presidencia se mostró dispuesto a aceptar cambios también en este ilícito en el recorrido parlamentario del nuevo tipo de desórdenes públicos agravados, que sustituirá a la sedición y que se tramitará por la vía de urgencia. PSOE y Podemos quieren que pase su primer examen en el Congreso la próxima semana. «En la tramitación se puede plantear modificar el delito de la malversación», explicó Bolaños, que apuntó que ERC no se lo ha planteado por ahora. Sin embargo, tanto Pere Aragonès como Oriol Junqueras ya han puesto esta condición sobre la mesa. «Hemos estado batallando durante mucho tiempo para que se eliminara la sedición. Ahora toca abrir esta otra batalla en el ámbito de la utilización perversa de la malversación», dijo ayer el presidente de la Generalitat.

En el Gobierno no quieren asumir la iniciativa de la propuesta, por eso dejan que sean sus socios independentistas quienes la abanderen y lo eleven en la tramitación parlamentaria, pero sí comparten que se pueda incluir alguna matización –rebaja de las penas– en lo que respecta a la ausencia del enriquecimiento o lucro personal de los cargos públicos implicados en el desvío de fondos. En el Ejecutivo miran hacia otro lado y sostienen oficialmente que su propuesta de reforma del Código Penal se limita a la sedición, porque son conscientes del coste político que supone avanzar también en la malversación.