La indigna sedición del PSOE

Pedro Sánchez, en su camino imparable hacia la autocracia, ha vuelto a situarse por encima de la ley, de la razón y del interés general de los españoles. Ha desactivado la sentencia del Supremo que condenó por delito de sedición a los políticos separatistas que intentaron en 2017 dar un golpe de Estado contra la Constitución y la democracia. Por motivos personales, el presidente del Gobierno y sus socios priorizan el poder por encima de la convivencia, la ley y el Estado de Derecho. Sánchez rebaja ahora las penas por dicho delito para «homologarse con Europa».

Los independentistas condenados, así como los fugados de la Justicia y los que están pendientes de juicio, cometieron un delito que en otros países sería considerado como una traición y una rebelión. No fue otra cosa, aunque la condena del Supremo se intentó ajustar a lo que establece el Código Penal que frívolamente quiere modificar el Gobierno para complacer a sus poco recomendables socios y aliados parlamentarios. Por tanto, no es un delito trasnochado o el resultado de una persecución ideológica, porque en España no se persigue a nadie por sus ideas políticas. El cambio de actitud del presidente del Gobierno produce estupor, porque era un firme defensor de que se había producido una rebelión y ahora considera que fue, simplemente, unos «desórdenes públicos agravados». 

El comportamiento de los dirigentes socialistas ha sido deleznable, porque no existe ni un atisbo de coherencia y dignidad. No se dan cuenta de que lo único que entiende el independentismo es la firmeza de las instituciones del Estado

Es imposible encajar los hechos probados en unos desórdenes, salvo que se pretenda una amnistía encubierta y destruir la defensa jurídica de España en las instituciones de la UE. Sánchez regala a los independentistas una victoria de dimensiones colosales, porque confirma su tesis de que fue una condena injusta. Es el propio Gobierno quien impulsa esa reforma legal basándose en que quiere armonizar el delito con las democracias europeas más avanzadas, lo que es una escandalosa mentira.

Es inquietante que unos políticos que prometieron cumplir la Constitución y tienen entre sus cometidos la defensa del ordenamiento jurídico, mientan a sabiendas. Juan Carlos I tuvo que acudir en defensa de la Constitución durante el golpe de Estado del 23-F con una declaración institucional clara y solemne y a su hijo, Felipe VI, le correspondió hacer lo mismo tras la crisis institucional provocada por los independentistas. Esta reforma legal supone cuestionar esta última intervención, porque Sánchez considera que solo fueron unos desórdenes públicos. 

Es evidente que el jefe del Estado ni puede ni debe intervenir cuando se producen circunstancias como estas si tomamos en serio el despropósito que representa esta indigna proposición de ley orgánica presentada por el PSOE y Unidas Podemos. Es un despropósito porque debilita al Estado en su capacidad para afrontar otro delito de similares características en contra de la Constitución. Cualquier texto legal es susceptible de mejorarse si es necesario, porque en caso contrario quedaría petrificado.

Sánchez miente. En Europa, los delitos de sedición se castigan, no se perdonan (véanse Alemania, Italia, Francia o Portugal, donde ni siquiera se permite que concurran a las elecciones generales partidos de corte regional). En realidad, Sánchez no quiere homologarse con Europa, sino con Hispanoamérica y, en concreto, con las dictaduras de izquierdas que someten las libertades de los ciudadanos y arruinan las sociedades que gobiernan. Ese y no otro, es el verdadero sueño de Sánchez, el felón que habita en la Moncloa. La enésima traición a los españoles la debe pagar pronto en las urnas, y no sólo la historia le debe juzgar. No deben salirle gratis estas decisiones que socavan la autoridad de las leyes, que sus socios incumplen y que él mismo desobedece al ponerse por encima de sentencias firmes. Gotita a gotita, la autocracia sanchista se va imponiendo en España, ante el silencio cómplice de unos y la dimisión política, económica y social de otros.