Nuevo batacazo de Irene Montero - El CGPJ aprueba por unanimidad el informe negativo contra la Ley de Libertad Sexual

El CGPJ ha aprobado por unanimidad el informe en contra del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que elabora el Ministerio de Irene Montero.

El Pleno del CGPJ cuestionó este jueves el anteproyecto de la ley de libertad sexual presentado por el Gobierno español, alegando que podría alterar los procesos judiciales. De seguir adelante, esta sería la primera legislación en definir qué se entiende por consentimiento sexual. Además, exigiría que la aceptación debe manifestarse de forma clara e inequívoca.

Un informe preceptivo, pero no vinculante de "la ley del solo sí es sí" que consideran innecesarias o problemáticas las principales reformas que propone el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

En dicho informe, los vocales sostienen que la norma no evitará la victimización secundaria y alertan de que en materia de delitos contra la libertad sexual el Código Penal vigente ya se asienta sobre la idea de consentimiento, aunque no incluya una definición del concepto. Por ello, se considera punible todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento del sujeto pasivo, sea la forma de agresión o en la de abuso sexual, bien porque no exista tal consentimiento o bien porque se trate de un consentimiento viciado.

En este sentido, el informe del CGPJ considera innecesaria la definición que el anteproyecto introduce en el artículo 177.1 del Código Penal, según la cual "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto".

El texto añade que la incorporación de una definición de consentimiento no logrará evitar la victimización secundaria, pues hará girar los interrogatorios hacia el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual para determinar el alcance de las «circunstancias concurrentes».

Sobre la redacción del consentimiento, el CGPJ afirma que la definición recogida en la Ley Montero contiene elementos contradictorios al admitir claramente en su primera parte que la manifestación de la voluntad pueda ser expresa o tácita y exigir en su inciso final que sea expresa. Para eliminar esa contradicción, los ponentes del CGPJ proponen que el precepto se refiera a la voluntad a secas —como ya hace el Código Penal—, que podrá manifestarse de modo expreso o tácito.