La avalancha de alegaciones para no formar parte de las mesas electorales, pone en peligro las elecciones catalanas.

Las juntas electorales han recibido 20.579 recursos para no estar en las mesas, el 25% de los elegidos

Las 31 juntas electorales de Cataluña han recibido ya 20.579 recursos de ciudadanos designados para formar parte de las mesas electorales del 14-F y que aspiran eludir la cita para evitar el riesgo de contagio por coronavirus. Se trata del 25,02% de los elegidos por sorteo, un total de 82.251 personas. La cifra de recursos va en aumento y los ayuntamientos no descartan tener que realizar más sorteos para poder constituir las mesas. La idea de montar una bolsa de voluntarios lanzada por el presidente de la Junta Electoral de Barcelona, Santiago García, no parece cuajar, de modo que los municipios dicen estar listos para llevar a cabo nuevos sorteos.

La avalancha de alegaciones para evitar formar parte de una mesa electoral ya es un tsunami. El 25% de las personas que han sido designadas para componer una mesa ha presentado un escrito para evitarlo. En total, hasta el 2 de febrero se han formalizado 20.579 escritos solicitando la dispensa. Y podrían ser muchas más porque las cifras facilitadas este jueves por el TSJC no recopila los datos de todas las juntas electorales. Ante esta situación crece el temor a que la deserción el día 14F sea masiva y sitúe la cita electoral en un escenario tan inédito como incierto.

El presidente de la Junta Electoral de Barcelona anticipando esta situación puso ayer sobre la mesa la posibilidad de suplir con voluntarios la falta de miembros de las mesas, una posibilidad que censura el Síndic de Greuges puesto que no la contempa la Ley Orgánica de Régimen Electoral para "mantener la máxima objetividad".

Las personas que hayan sido designadas tienen la obligación de acudir a una mesa electoral o de lo contrario se pueden enfrentar a la apertura de un proceso penal en su contra por un delito electoral. La ausencia a una mesa electoral está castigado con una pena de multa.

"El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses", dice la ley.

Barcelona, a la espera de instrucciones

Dado que las cifras van en aumento, ayuntamientos como el de Barcelona están a la espera de recibir instrucciones de la Junta Electoral para realizar un nuevo sorteo. Otros municipios designaron a más de las nueve personas reglamentarias por mesa entre titulares (3) y suplentes (6), medida que no está sujeta a derecho según el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó.

En el caso de que titulares y suplentes no se presenten en número suficiente para constituir una mesa, ésta se formará con los primeros electores que se presenten en el punto de votación, según la ley electoral. Sin embargo, esa disposición topa con la intención de la Generalidad de reservar las primeras horas de votación a las personas mayores y a las que padecen enfermedades crónicas, quienes en caso de tener que asumir el papel del presidentes y vocales de mesa se verían expuestas a un riesgo de contagio que podría ser letal.

Las personas designadas para ejercer funciones de presidentes y vocales de mesa así como los suplentes disponen de un margen de siete días para presentar alegaciones al tiempo las juntas les deben responder en un plazo de cinco días.

El voto de los contagiados

Por otra parte, la Junta Electoral ha desestimado el recurso contra el voto presencial de los contagiados y sus contactos. Según la Junta, la administración electoral ha adoptado una serie de medidas para "garantizar la seguridad en los colegios electorales", así como una franja horaria (de siete a ocho de la tarde) para que las personas contagiadas y sus contactos tengan prioridad. En su resolución, la Junta indica que el derecho de sufragio es un derecho fundamental del que no puede ser privado el ciudadano y apunta también que "el riesgo de contagio no es mayor que el de cualquier otra actividad no esencial permitida.