Los partidos catalanes dejan tirados a los Mossos y hasta les acusan de los saqueos

Un mosso detiene a uno de los participantes en los disturbios producidos con la excusa de Pablo Hasel. | EFE

Desgobierno radical y absoluto. Junts per Catalunya (JxCat) y ERC han dado la espalda a los Mossos d'Esquadra. 

Lo que se ha visto y padecido estos últimos días en Cataluña –especialmente en Barcelona– y en otros puntos de España con la actuación de grupos violentos no tiene ningún precedente en nuestra todavía joven democracia. Ni la mal llamada kale borroka (violencia callejera), que tuvo su auge en la década de los años 90 en el País Vasco, se puede comparar, cualitativamente hablando, con lo de esta pasada semana.

ERC no quiere involucrarse en la contención de la violencia de los amigos de Pablo Hasél, los mismos separatistas y antisistema que reventaron Cataluña espoleados por el "Tsunami Democràtic" cuando se dio a conocer la sentencia por el golpe de Estado separatista.

Ya no es solo que el Govern de ERC y Junts guarde un silencio cómplice ante las algaradas para complacer a la CUP y facilitar las negociaciones postelectorales con los antisistema; es que cuando habla, lo hace para dejar a los Mossos d’Esquadra, su policía, al pie de los caballos. La crispación generada en el Cuerpo era tal que, por primera vez, los sindicatos policiales con mas de dos centenares de heridos en sus filas se pusieron de acuerdo para reclamar una reunión de urgencia con el consejero de Interior, Miquel Sàmper. Se celebró ayer, y los representantes de los agentes le mostraron su «malestar» con la Generalitat por usarles de «moneda de cambio» en las negociaciones.

Los representantes de los agentes, que antes de la reunión habian llegado a decir que no podrían garantizar la «paz social» en el Cuerpo, están a la expectativa de ver cómo responde la Generalitat ante las actuaciones policiales de los próximos días. De momento ayer, tras la reunión, el consejero fue más contundente que los días anteriores con la «extrema violencia» de los radicales el domingo.

ERC (33 diputados) y JxCat (32) están a tres escaños de la mayoría absoluta, de modo que deben asegurarse que los nueve diputados de la CUP estén por la labor de facilitar la investidura de Aragonès y la formación de un ejecutivo con una significativa cuota del partido de Puigdemont. Conscientes de su peso, en la formación antisistema no tienen reparos en atribuir la violencia de los últimos días tras el encarcelamiento del rapero Hasél a los Mossos, a quienes acusan de infiltrar agentes entre los manifestantes para provocar una espiral de violencia.

En teoría, el titular de la Generalidad es Pere Aragonès, vicepresidente en funciones de presidente tras la inhalitación de Quim Torra, pero Aragonès rehúsa dar la cara. Una semana ha tardado en condenar la violencia de los que ejercen a pedradas la "libertad de opresión". Ejerce de candidato de ERC a la presidencia y teme que apoyar a los Mossos provoque las iras de la CUP, formación indispensable para que los republicanos puedan formar gobierno, sea con Podemos y apoyado desde fuera por el PSC, o con JxCat.

Tampoco JxCat está por la labor de prestar apoyo a la policía autonómica y eso a pesar incluso de que son ellos, a través del consejero Miquel Sàmper, quienes dirigen la consejería de Interior. La razón es la misma, no quieren enemistarse con la CUP, clave para la reedición del actual Govern.

La concentración de ayer en Barcelona fue mucho menos numerosa que la del sábado, de 7.000 a 700 manifestantes, apróximadamente. Pero no estuvo exenta de incidentes, como auguraba la pancarta que la encabezaba: «Nos habéis enseñado que ser pacíficos es inútil». Se concentraron, esta vez, ante la estación de Sants, pero al grito de «las calles serán siempre nuestras» recorrieron la ciudad hasta la Via Laietana, adonde el sábado los Mossos no le dejaron llegar. Allí, un grupo apedreó las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía.

Por parte de la oposición, Ciudadanos ha decidido denunciar a Miquel Sàmper por prevaricación. Según la formación, la denuncia se basa en que la consejería ha decidido "no acusar a los responsables de atacar a los Mossos de un delito de atentado contra la autoridad".