Pedro Sánchez paga 2.420 euros al PP tras ser condenado por vulnerar la Ley Electoral

Los 'populares' recibieron la transferencia el pasado 27 de octubre tras ratificar el fallo el Tribunal Supremo

Pedro Sánchez es el primer presidente del Gobierno sancionado por la Junta Electoral Central, el primero en recurrir ante el Tribunal Supremo, el primero en ser condenado en costas y el primero en pagarle dinero al principal partido de la oposición por haber incumplido la Ley Electoral.

El líder del PSOE ha abonado 2.420 euros al PP tras haber perdido su recurso contra la sanción que le impuso la Junta Electoral. El caso partía de una denuncia de los populares por hacer campaña electoral en 2019 desde La Moncloa, algo prohibido por ley. La documentación a la que ha accedido EL MUNDO acredita el pago de la indemnización, que el equipo de Pablo Casado va a destinar a obras benéficas.

Sánchez no ha sido el único que ha tenido que pagar las costas al PP. La ex portavoz del Gobierno Isabel Celaá ha efectuado ya otra transferencia a los populares por el mismo valor, 2.420 euros, en base a las minutas que han presentado los abogados de Génova. A la ex ministra de Educación también la sancionó la Junta Electoral, en su caso, por realzar los logros del Gobierno desde la sala de prensa La Moncloa, un uso contrario a las normas en periodo electoral.

En ambos casos, el mayor castigo es el reputacional y simbólico, más allá de la cantidad que han tenido que abonar de sus bolsillos. Que tanto un presidente de Gobierno como una ex ministra tengan que pasar por el trago de gratificar al principal partido de la oposición y al árbitro electoral como resultado final de una conducta ilegal es un borrón en su hoja de servicios institucionales.

LA TRANSFERENCIA DESDE EL SANTANDER

En un decreto dictado por la letrada de la Administración de Justicia María del Pilar Molina, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó el 8 de septiembre tasar las costas en favor del PP. El presidente las abonó al procurador y el principal partido de la oposición parlamentaria las recibió el 27 de octubre, mediante una transferencia realizada desde el Banco Santander.

En el caso de Celaá, el pago se produjo el 11 de noviembre y se hizo efectivo el pasado lunes 15. Además, el secretario general del Partido Socialista debe pagar otros 2.000 euros de costas a la Junta Electoral Central, contra la que también recurrió, sin éxito.

Justificante de la transferencia de 2.420 euros al PP.EL MUNDO

¿Qué pasó para que Sánchez y Celaá llevasen al Supremo al organismo que preside Miguel Colmenero y al PP? La institución que vela por el cumplimiento de la normativa en los periodos electorales abrió expediente sancionador al presidente del Gobierno -entonces en funciones- por su uso electoralista de La Moncloa para una entrevista como candidato del PSOE concedida el viernes 25 de octubre a La Sexta, con motivo de la exhumación del dictador Francisco Franco. Ello vulneró "el principio de neutralidad" de los poderes públicos en periodo electoral, según convinieron los magistrados de la Junta Electoral.

El organismo multó con 500 euros a Sánchez "atendiendo a las circunstancias que rodean la entrevista, así como al hecho de que ya se le había efectuado en fecha reciente un apercibimiento" para que "se abstuviese de vulnerar el principio de neutralidad", en base a la Ley Electoral. O sea, por ser reincidente. Además, obligó al Gobierno a retirar la transcripción de la entrevista de la web de La Moncloa, ya que ello contravenía el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

¿Qué dijo Sánchez para que la Junta diera un paso tan simbólico como multar al jefe del Ejecutivo? La entrevista contenía "varias manifestaciones con connotación electoralista", a las puertas de los comicios generales del 10 de noviembre de 2019, los últimos celebrados.

Por ejemplo: "El problema no es si va a ganar el PSOE por más o por menos. Necesitamos una mayoría parlamentaria amplia que garantice la estabilidad para poder sacar adelante todos los problemas que tenemos por delante. Y eso no se va a poder abordar si lo que al final gana es el bloqueo y una fragmentación parlamentaria que ha llevado precisamente el pasado 28 de abril [fecha de las anteriores generales] a vernos abocados a una repetición electoral".

El decreto del Tribunal Supremo ordenando el pago de las costas.EL MUNDO

O esta otra apelación tan poco velada como partidista: "Es muy importante movilizarnos, por eso es muy importante, sobre todo, que la gente indecisa sea muy consciente de que el próximo 10 de noviembre tenemos que dar respuesta a una pregunta bien sencilla, y es si queremos que España avance o continúe sumida en el bloqueo".

Esto último era una obvia apelación -recordemos, desde La Moncloa- al voto útil al PSOE, después de que Sánchez no hubiera llegado en verano a un acuerdo con Pablo Iglesias para conformar un Ejecutivo de coalición junto a Unidas Podemos, como luego acabó ocurriendo apenas 48 horas después de la repetición electoral.

En el fallo en el que desestimó el recurso de Pedro Sánchez contra el PP, el Supremo recordaba que la Junta Electoral ya había advertido a todos los miembros del Ejecutivo de que no debían quebrantar de nuevo la neutralidad de los espacios y los poderes públicos. Es decir, les había avisado de que podría multarles.

Esa advertencia incluía que "no debía colgarse en una web institucional una entrevista realizada en periodo electoral para una televisión privada en el Palacio de La Moncloa", como así hizo el Ejecutivo socialista.

No existen antecedentes de apertura de expediente a un miembro del Gobierno de España, mucho menos al presidente. Todo se había quedado siempre en avisos y apercibimientos, pero, esta vez, por la reiteración de los incumplimientos, se pasó a las sanciones.

De hecho, ese mismo día se le incoó otro expediente a la ministra portavoz por el uso electoralista de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Y su sanción fue bastante mayor que la del presidente: 2.200 euros.

El Mundo