Más impuestos al trabajo, más crisis, menos empleo y menos pensiones

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La calle empieza a calentarse: camioneros, agente de seguridad, agricultores, metalúrgicos, hartos de que el gobierno no les de soluciones, convocan manifestaciones por doquier ante el futuro y la precariedad de sus empleos

El Gobierno junto CCOO y UGT y sin contar con la patronal, decide dar un"sablazo" fiscal a las empresas, ya exhaustas, perjudicará a los trabajadores que no solventará el problema sistémico de las pensiones. Otro desastre de Sánchez.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pactó este lunes con los sindicatos un sablazo fiscal a las empresas, el enésimo, sin contar con la Patronal y con la burda coartada de que servirá para equilibrar la hucha de las pensiones, lastrada con un agujero anual de 20.000 millones que difícilmente paliará una recaudación extra de 50.000 millones en el cómputo total de una década.

La propuesta del Gobierno, acatada por los sumisos y bien remunerados sindicatos, eleva a las empresas un 0.5% el impuesto al trabajo, y un 0.1% a los empleados, lo que eleva el coste laboral hasta un 45% desde 2016. Una barbaridad. Y una temeridad.

Entre la subida de las retenciones, que encarece aún más la contratación, y la extensión del periodo de cálculo de 25 a 35 años que también parece segura pese a la confusión generada; el recorte para una pensión media de mil euros sería de cien euros mensuales, a lo que hay que añadirle la reducción del salario fruto del incremento de las cotizaciones.

A ese escenario adverso se le añade la confusa, cuando no ocultista, actitud del Gobierno, que ha sido capaz de negar oficialmente en el Senado la reforma que, sin embargo, ya había remitido a Bruselas: a día de hoy, es imposible saber a ciencia cierta si se ampliarán o no los años para calibrar la pensión futura.

Subir más el impuesto al trabajo es una barbaridad para la empresa, para el empleado y para el país

Y todo ello en un contexto de crisis evidente de la Seguridad Social, que incluso con esta reforma podría llegar a acumular un déficit de hasta 50.000 millones de euros anuales, fruto del envejecimiento poblacional, del elevado paro y de la dimensión de la economía sumergida, que se calcula es el doble de la europea.

Por último, el Gobierno no ha buscado el acuerdo con la oposición, ignorando por completo al Pacto de Toledo, ni con la Patronal: parece conformarse con un pacto con los sindicatos, que cada vez tienen más difícil mantener esa posición subordinada a Moncloa.

Otoño caliente

La inflación, disparada hasta el 5.4% ya, sugiere una durísima negociación colectiva en el futuro a corto plazo: si los sindicatos se empeñan en revisar los salarios con el IPC, al menos en la Administración; las cuentas públicas se harán insostenibles. Pero si renuncian, tendrán un serio problema con su clientela.

El encarecimiento de la energía, los problemas de suministro, la enorme inflación y las subidas de impuestos en marcha sugieren, en todo caso, un 2023 muy complicado y caliente para el Gobierno: las protestas del sector de los camiones o de los Cuerpos de Seguridad parecen el anticipo de un problema mayor. Y nadie podrá decir que Sánchez no se lo ha ganado, por mucho que los sindicatos sigan entregados a su causa.