La"Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana" crea un enorme rechazo unánime de los sindicatos policiales

Policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicos y locales, bomberos, seguridad privada, policías portuarias, vigilancia aduanera, entre otros, y sociedad civil han protagonizado este sábado una monumental protesta contra la nueva ley de Seguridad Ciudadana que quiere implantar el Gobierno de Pedro Sánchez de la mano de sus socios separatistas, nacionalistas y proetarras. Ha sido la primera vez en democracia que agentes de las Fuerzas de Seguridad españolas salen a la calle para reclamar algo más que mejoras salariales y laborales.

Lo han hecho convocados por una veintena de organizaciones policiales, entre ellos el sindicato Justicia Policial (Jupol), la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), mayoritarias entre los agentes de ambos cuerpos, y la plataforma de la que surgieron ambos, Justicia Salarial Policial (Jusapol).

La protesta, aglutinada bajo el lema No a la inseguridad ciudadana, ha contado con la presencia de líderes del PP, Vox y Ciudadanos y tiene como objetivo impedir que salgan adelante las enmiendas propuestas por los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, respaldados por los proetarras de Bildu, los golpistas catalanes de ERC y otros zarrapastrosos para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana y hacerla más ‘amistosa’ para los okupas, violentos, CDR y proetarras, además de los maleantes en general.

Indefensión

La reciente presentación de enmiendas de los partidos del Gobierno (PSOE-Podemos) a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, una proposición de ley impulsada por el PNV contra lo que califican como «ley mordaza» del Gobierno del PP, ha terminado de indignar a los agentes en tanto se confirma la indefensión a la que van a ser sometidos, con perjuicio también para los ciudadanos.

Por ejemplo, se relaja la regulación en la difusión de imágenes grabadas a los agentes en el ejercicio de su actividad profesional y se «elimina la presunción de veracidad, con el consiguiente daño al ya perjudicado principio de autoridad».

Otro punto polémico es la posibilidad de celebrar manifestaciones no comunicadas, ya que ello merma gravemente su capacidad de preparar dispositivos de seguridad adecuados en prevención de posibles actos violentos que se convoquen de manera simultánea, por ejemplo, en una misma ciudad. Y lo mismo ocurre, critican, con la «inoperatividad» que supondrá la reducción del tiempo máximo de identificación a un plazo de dos horas.

El enfado es unánime y, sobre todo, transversal. En ningún cuerpo policial del país ven con buenos ojos la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que están negociando PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados junto a aliados parlamentarios como ERC y EH Bildu. Y más aún porque no conciben que una reforma de este tipo se pueda realizar sin contar con la opinión de los encargados en el día a día de la seguridad de todos los españoles.