Podemos y los nacionalistas exigen el fin de la «imposición legal del castellano»

Diputados de los partidos firmantes, en el patio del Congreso - Dani Duch

Reclaman el uso de lenguas cooficiales en las Cortes, la Justicia y RTVE

La amalgama de partidos anticonstitucionales e independentistas que apoya a Pedro Sánchez en el Gobierno se ha lanzado a presentar en el Congreso de Diputados toda clase  proyectos de ley para contentar las ensoñaciones o iniciativas de cada grupúsculo a cual mas imposible y sectaria. La borrachera de aprobar unos presupuestos imposibles de cumplir, da lugar a iniciativas como esta.

 

Unidas Podemos, ERC, PNV, Junts per Catalunya, PDECat, EH Bildu, Más País, CUP, Compromís y BNG han registrado una proposición no de ley conjunta -iniciativa no vinculante legislativamente, pero que supone una declaración de intenciones al Ejecutivo- para presionar al Gobierno e intentar llevar el catalán, euskera, gallego y valenciano a las instituciones estatales.

Unidas Podemos y Más País se han unido a una amalgama de partidos nacionalistas e independentistas para exigir al Gobierno la implantación de las lenguas cooficiales en instituciones del Estado como el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo o Radio Televisión Española (RTVE). Según ellos, ahora hay una «imposición legal» del castellano.

Según estos partidos, que en la sede de la soberanía nacional se emplee exclusivamente el castellano, lengua común de todos los españoles, supone una «discriminación» lingüística hacia las lenguas cooficiales, que sí se utilizan con absoluta normalidad en sus respectivos Parlamentos autonómicos.

Los firmantes, que recogen la voluntad de diversas plataformas culturales, abogan también por obligar a los funcionarios que presten sus servicios en territorios con lengua cooficial a conocer el idioma propio. Las asociaciones que respaldan la iniciativa, de marcado carácter nacionalista, son Kontseilua, Òmnium -cuyo líder, Jordi Cuixart, está en prisión por el «procés»-, A Mesa, Plataforma per la Llengua -que entre otras cosas pide que se vigile a los niños en los recreos para que usen solo el catalán-, Iniciativa pol asturianu, Ciemen, Escola Valenciana, Nogará y Acció Cultural del País Valenciá.

Además, los proponentes reclaman modificaciones en los estatutos de autonomía donde hay lenguas minoritarias y en desuso. Su intención es que estos recojan también su oficialidad, como por ejemplo el bable en Asturias, y que se le dé el mismo trato que al castellano.

También piden que se garantice la igualdad lingüística frente al «uso generalizado del castellano» en las páginas web o que se reconozcan las lenguas cooficiales internacionalmente «en paridad» al castellano. Según estos partidos, la normativa estatal afecta «de manera frontal al ámbito económico» por la obligatoriedad de etiquetar los productos en castellano.