Los jueces han dicho basta

Por unanimidad el CGPJ ha decidido por unanimidad seguir adelante con los nombramientos pendientes. Hoy serán cuatro y 25 mas serán para enero. PSOE y Podemos registraban al mismo tiempo en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley para limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato, tal y como sucede en la actualidad. El objetivo de ambos partidos es que no se puedan realizar designaciones clave en la cúpula judicial en este periodo.

El Gobierno de los jueces continuará desarrollando la función que le otorga la Constitución, pese a los planes del Ejecutivo, y designará durante el pleno de este jueves al presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y al de Castilla y León, así como al presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres.

El CGPJ aborda hoy su reforma que no es otra que despolitizar sus instituciones y no descarta llevar a Europa la ofensiva contra su independencia. Pretenden recobrar el derecho a la elección de todos sus miembros sin que intervenga el poder ejecutivo tal como han venido repartiéndose los cargos de manera exclusiva PSOE y PP desde tiempos de Felipe González.

La iniciativa, cuya tramitación ha comenzado, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones y apunta la "necesidad de limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato". Esta medida afectaría al nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, los presidentes de Sala y los magistrados del Supremo y del Tribunal Constitucional.

Según un documento de 3 páginas presentado por 6 vocales, "el gobierno tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del Pleno de este CGPJ, mientras que para las proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios la solicitud de ese informe no es obligatoria, sino sólo posible".

"No obstante", añade, "cuando la proposición de Ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ y también a la Comisión de Venecia (Consejo de Europa)".

Asociaciones de jueces y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se preparan para responder no ya a los insultos a miembros de la carrera, la punta del iceberg, sino a los propios planes del Ejecutivo de interferir en un órgano cuyas funciones están reguladas por la Constitución. Y, además, por la puerta de atrás: por la vía de urgencia y con una proposición de ley que les exime de pedir informes a los órganos consultivos que, como el propio órgano de gobierno de los jueces, algo tienen que decir sobre la reforma.