Marlaska debería dimitir -. Mintió ante el Congreso y el Senado

El cese fulminante del jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por no facilitar a la cúpula del Ministerio del Interior información sobre el informe que se había elaborado para la causa judicial sobre el 8-M, ha terminado poniendo contra las cuerdas a los máximos responsables del departamento, con el propio ministro a la cabeza, y con la directora general del Instituto Armado en una situación muy difícil.

Por un lado, porque ha quedado de manifiesto que Fernando Grande Marlaska mintió durante la pasada semana tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado al decir que el cese de Pérez de los Cobos no estaba bajo ninguna circunstancia relacionado con la investigación judicial del 8-M, y que únicamente se debía a una simple reestructuración en el seno del Instituto Armado.

"Ni este ministro, ni nadie del Ministerio del Interior, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil ha pedido al coronel Pérez de los Cobos ni el informe ni datos del informe sobre el 8-M", llegó a decir el pasado viernes en la Cámara Alta.

El pasado viernes, Marlaska fue incluso más allá y sostuvo durante una comparecencia en el Senado que ni él mismo, ni nadie del Ministerio, ni de la Dirección General de la Guardia Civil había “solicitado a Pérez de los Cobos el informe ni el acceso al contenido del mismo".

“En el Ministerio tenemos muy claro lo que es la función pública, que tiene que caracterizarse por competencia, imparcialidad, neutralidad y comunicación, no es nada más, eso y la no injerencia política", añadió Marlaka, que también reprochó a los partidos de la oposición que vincularan el cese del mando con la investigación del Juzgado 51. Afirmó que habían cruzado una "línea roja". "Decir que se cometen delitos tiene su gravedad", manifestó, reconociendo implícitamente que el relevo de un oficial porque se ha negado a filtrar información de casos judiciales puede tener recorrido penal.

Por el otro, porque la juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, advirtió la pasada semana que tomaría medidas legales si el cese del coronel Pérez de los Cobos estaba relacionado con el intento de que filtrase un informe judicial que ella había encargado y del que los agentes de la Policía Judicial no podían informar en ningún momento a sus mandos. mintió al Congreso y al Senado. 

Lo que Marlaska y Gámez exigieron a De los Cobos atentaría frontalmente contra uno de los principios básicos de la separación de poderes. El ministro del Interior rechazó el pasado martes que la destitución del coronel estuviera vinculada con el caso del 8-M y aseguró que respondía a una simple “reestructuración” de equipos. Ahora ambos van a enfrentarse a la juez instructora por delitos tan graves como  obstrucción a la justicia o prevaricación, 

El documento oculto hasta ahora y dado a la luz por El Confidencial con membrete de haber sido clasificado como “reservado”, compromete a la cúpula del Ministerio y desmonta la versión del Gobierno sobre el cese del coronel, el pasado domingo 24 de mayo por la noche, sólo unas horas después de que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid remitiera un informe al Juzgado de Instrucción número 51 de Plaza de Castilla que cuestionaba la celebración de la marcha del 8-M y otros 129 actos multitudinarios en plena crisis del coronavirus.