El Tribunal de la Haya registra una denuncia contra Sánchez por genocidio

La avalancha de denuncias y querellas que los juzgados han venido recibiendo al hilo de la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de las administraciones públicas ha traspasado ya las fronteras y ha llegado ante la Corte Penal Internacional, donde se ha registrado una denuncia por un delito de lesa humanidad contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de parte de la Asociación Española de Afectados y Víctimas del Covid-19.

Expone que «la peor negligencia tuvo lugar el 8 de marzo de 2020, donde es el propio gobierno el que permite y alienta una manifestación para el Día de la Mujer Trabajadora, a la que asisten, solo en la ciudad de Madrid, (la ciudad con el mayor número de infecciones en España) por 120.000 personas», afirmación que apuntala con un informe de la Guardia Civil que obra en la causa que investiga el 8M y su conclusión de que se permitió a sabiendas del riesgo que entrañaba.

La iniciativa ha sido recibida, tal y como ha notificado la Fiscalía de este tribunal especial con sede en La Haya tanto a la propia asociación como a la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a la documentación. Ahora, se abre una fase en la que se estudia si procede abrir una investigación, como ya ocurriese con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, denunciado por los mismos delitos en relación a la gestión del coronavirus.

El Tribunal de La Haya ha registrado una denuncia de la Asociación de Afectados por el Covid 19 contra Sánchez, por el «genocidio» de 50.000 personas.

Además de la causa contra el Delegado del Gobierno en el Juzgado de Instrucción 51 empiezan a manifestarse las reclamaciones en los foros internacionales de los afectados por la sectarismo e incompetencia del Gobierno al celebrar eventos multitudinarios el 7 y 8 de marzo y no tomar medidas a tiempo para que no se llegara a producir la saturación hospitalaria, la verdadera causa de esta mortaldad, y la inexistencia de protección de los sanitarios, que ha sido el resultado de la mayor proporción de fallecimientos del mundo. 

Este Gobierno que ha exhibido una incompetencia manifiesta en la crisis del coronavirus y se ha parapetado detrás de la mentira para tapar su negligencia, resulta que es también cicatero en grado sumo. 

Los sanitarios sin derecho a indemnización por accidente laboral

Además, el Ejecutivo socialcomunista ha dejado fuera de la cobertura de indemnizaciones por accidente laboral al personal sanitario y sociosanitario que ha vivido en los centros asistenciales lo peor de la pandemia del Covid. Y todo a través de un cambio introducido el pasado lunes por el Ministerio de Sanidad que establece que la cobertura plena por accidente laboral, más allá del pago retributivo puro en el periodo de baja, ha quedado limitado al periodo de contagios comprendidos entre el 28 de mayo y el 21 de julio.

De esta forma, con nocturnidad y alevosía, Pedro Sánchez, el del «escudo social», ha limitado la cobertura legal e indemnizatoria por accidente laboral a médicos, enfermeros, celadores y el resto de personal sanitario que ha puesto en peligro sus vidas para salvar la de los demás: sólo se reconocerá esa condición de accidente laboral hasta un mes después del fin del estado de alarma. Por tanto, recaídas o dolencias crónicas sin acreditación de contagio previo quedarán fuera de esa protección.

A más inri, la definición legal inicial de la cobertura por accidente laboral dejó fuera todos los contagios previos al 28 de mayo a efectos de indemnizaciones por fallecimiento u otras cuestiones que no fueran las estrictamente retributivas durante la baja temporal por la enfermedad. O sea, mientras el Gobierno presume de solidaridad, de no dejar tirado a nadie en el camino, de reforzar las estructuras sociales y todo esa retahíla interminable de eslóganes sin contenido, le pega un hachazo a las ayudas de quienes se contagiaron cumpliendo hasta la extenuación con sus obligaciones. Tanto rendir homenaje al personal sanitario para, al final, comportarse de manera innoble.

Este Gobierno que ha exhibido una incompetencia manifiesta en la crisis del coronavirus y se ha parapetado detrás de la mentira para tapar su negligencia, resulta que es también cicatero en grado sumo. El Ejecutivo socialcomunista ha dejado fuera de la cobertura de indemnizaciones por accidente laboral al personal sanitario y sociosanitario que ha vivido en los centros asistenciales lo peor de la pandemia del Covid. Y todo a través de un cambio introducido el pasado lunes por el Ministerio de Sanidad que establece que la cobertura plena por accidente laboral, más allá del pago retributivo puro en el periodo de baja, ha quedado limitado al periodo de contagios comprendidos entre el 28 de mayo y el 21 de julio.

Son así: se les llena la boca presumiendo de ser el Gobierno más social de la democracia y, en la letra pequeña, enseñan su verdadero rostro. No cabe mayor indignidad.