La Justicia Belga rechaza la demanda contra Llerena de Puigdemont y lo condena a pagar medio millón de euros por costas procesales

La justicia belga desestima la denuncia de Puigdemont a Llarena al declararse incompetente. El expresidente de la Generalitat anuncia que recurrirá el fallo.

En agosto de 2018, en plena instrucción por rebelión contra el Gobierno de Carles Puigdemont, el expresident y los consellers huidos en Bélgica dedicieron demandar ante los tribunales belgas al juez Pablo Llarena. Abrieron un procedimiento civil que, ahora, 20 meses después, ha sido archivado. Según el texto de la resolución del tribunal civil de Bruselas que ha dado carpetazo al asunto, a la que ha tenido acceso. Impone, además, a Puigdemont el pago medio millón de Euros por las costas.

Los líderes independentistas han perdido una de las batallas que mantenían en los juzgados belgas. El tribunal de primera instancia de Bruselas ha desestimado la denuncia civil que presentó el expresidente la Generalitat, Carles Puigdemont, contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Según fuentes de la acusación, la justicia belga se ha declarado incompetente para juzgar la supuesta vulneración por parte de Llarena de la presunción de inocencia del actual eurodiputado de Junts per Catalunya. Los abogados de Puigdemont anunciaron que recurrirán.

Los cinco líderes independentistas que huyeron de España –Puigdemont, Meritxell Serret, Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí— anunciaron en junio de 2018 una denuncia civil contra el juez tras unas declaraciones en Oviedo en las que sostenía que esos dirigentes no eran presos políticos. Los dirigentes secesionistas pedían una compensación simbólica de un euro por la presunta parcialidad de Llarena en un proceso que tenía poco recorrido práctico y con el que esperaban plantear más bien otra batalla política para cuestionar a la justicia española en la Unión Europea.

Sin embargo, el tribunal de Bruselas decidió dar la razón, en un auto del pasado 27 de marzo, a los representantes legales del juez del Tribunal Supremo, que en la vista celebrada en febrero argumentaron que la justicia belga no era competente en este asunto. “El tribunal considera que las manifestaciones de Llarena se produjeron en su condición de juez y que por tanto quedan amparadas por la inmunidad de jurisdicción y evita por tanto pronunciarse sobre el fondo de las alegaciones”, ha explicado la defensa de los dirigentes independentistas en un comunicado.

Puigdemont también trató de llevar el proceso hacia Luxemburgo. El expresidente planteó a los jueces que preguntaran al Tribunal de Justicia de la UE sobre la competencia de los jueces belgas en el caso antes de archivarlo. Los representantes de Llarena, sin embargo, señalaron que no se estaba abordando ninguna interpretación del derecho comunitario y que los líderes independentistas trataban de “exportar” a Bélgica un conflicto que se estaba dirimiendo en España. “Imaginen que se pudiera abrir un proceso judicial contra otro Estado en cualquier país de la UE cuando no estamos de acuerdo con una decisión de la justicia”, expuso la defensa de Llarena en la vista. El juez belga finalmente también ha rechazado la petición de los abogados de Puigdemont de remitir una cuestión prejudicial a la justicia europea.

Los abogados de los dirigentes independentistas anunciaron que apelarán al Tribunal de Casación porque creen que la interpretación sobre “la inmunidad de jurisdicción” a la que se refiere la justicia belga es “incompatible con el espacio común de justicia europeo”. Además, avanzaron que en el recurso se insistirá en la petición de elevar la cuestión al tribunal de la UE. “No es la primera vez en la que ha sido necesario recurrir a instancias superiores para obtener una resolución favorable”, sostiene el comunicado remitido por la defensa del expresidente.

Puigdemont y Comín tienen el procedimiento de euroorden abierto en Bélgica. No obstante, el juez de Bruselas decidió mantenerlo suspendido hasta que el Parlamento Europeo decida si debe retirar o no la inmunidad a ambos europarlamentarios.