Unidad de cuenca

Existe agua de sobra, incluso en nuestra seca España, para todas nuestras necesidades, pero su gestión no se ha guiado estos últimos tiempos por criterios de eficiencia, sino políticos. Zapatero hizo un daño inmenso a España. Conviene recordarlo en un día como hoy, en que el presidente que arruinó nuestro país se permite el lujo de anunciar que publicará un libro sobre economía, y conviene recordar que no sólo en esa materia hizo daño a España. Y la medida adoptada hoy por el Gobierno de recuperar la gestión del agua no deja de ser muy importante para anular la compulsión suicida del PSOE por dividir España.

Algo que frecuentemente se olvida, es su decisión de paralizar el Plan Hidrológico nada mas asumir el poder  y otorgar la gestión de las cuencas a las Comunidades Autónomas no ha creado mas que enfrentamientos entre las mismas y que a estas alturas aún se estén  vertiendo al mar sin ningún sentido causando la perplejidad de nuestros vecinos de millones de litros del preciado liquido. Hay que recordar que precisamente el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas.

En cualquier caso, el problema del agua se agravó mucho más desde el primer día que Zapatero llegó al poder. La cancelación del trasvase del Ebro, infraestructura financiada en buena parte por la Unión Europea, fue resultado del populismo autonómico del PSOE, que levantó en Aragón la bandera del "nos roban el agua", muy parecida a la que enarbolan Kirchner y Morales para robar sus propiedades a multinacionales españolas. Mientras el agua del Ebro se desperdicia en el mar, en Levante siguen esperando la llegada de un líquido al que sacan un gran rendimiento. También, sí, en campos de golf, posiblemente el cultivo más rentable que existe en la turística España.

La decisión socialista de convertir España en 17 mini estados llevó a propugnar incluso que las autonomías se hicieran cargo de sus ríos, concepto tanto más discutible cuando la mayoría de las cuencas hidrográficas de nuestro país recorren varias regiones. La consecuencia era tomar las decisiones del agua teniendo en cuenta sólo las consecuencias para cada autonomía, al margen de cualquier criterio mínimamente racional que implicase una visión más amplia.

Ahora el gobierno de Mariano Rajoy ha decidido recuperar para el Estado unas competencias que nunca se deberían de haber abandonado y permitir mediante concesiones que sea el sector privado quien de acuerdo con el mercado fije su precio real para que el agua sobrante de una zona vaya a parar a aquella que les saca mayor beneficio a la misma, sea con cultivos vegetales, hoteles o campos de golf. Como con tantas otras cosas, precisamente porque el agua es un bien tan importante, su gestión debería dejarse al mismo sector privado que nos provee de ropa y alimentos.

No es seguro que recorrer estos pasos pequeños pero significativos permita calmar a los inversores y a la Unión Europea, que ven en el régimen autonómico una losa para la recuperación económica de nuestro país. Resulta difícil no pensarlo cuando algunas comunidades como Andalucia o Euskadi, ya han declarado que no piensan cumplir con los objetivos de déficit. Esperemos que a Rajoy no le tiemble la mano cuando llegue el momento de intervenir, aunque sospechamos que sólo dará ese paso si no consigue exprimir lo suficiente a los ciudadanos de las autonomías cumplidoras para pagar los derroches de las demás.