Administraciones, eficiencia y unidad de mercado

Las autonomías son parte, y muy importante, de nuestros problemas económicos. Por el déficit y especialmente por su afán de diferenciación unas con respecto a las otras. Los dirigentes autonómicos por una u otra causa se están negando de forma sistemática a realizar el verdadero ajuste en los presupuestos regionales que exige el cumplimiento de los objetivos en materia de déficit pactados con la Unión Europea . A estas alturas algunas de ellas no hacen mas que reclamar nuevas competencias.

Piensan que, en algún momento, a la Administración central no le quedará más remedio que asumir el déficit. Ellos no quieren aceptar que las cosas nunca volverán a ser como antes, porque ya no podrán contar con los ingentes ingresos extraordinarios que les aportó la burbuja inmobiliaria y que durante la bonanza  utilizaron el dinero para gastarlo más en proyectos que no se podrán acabar que en cumplir con los servicios esenciales sin pensar en recortar deuda y bajar los impuestos. Y lo mas importante es que no podrán seguir mangoneando las cajas de ahorro que están prácticamente ya fuera de su control.

El problema fundamental es que ningún dirigente autonómico quiere dar marcha atrás en las políticas de gasto emprendidas por su respectiva comunidad autónoma, por mucho que no tenga sentido que, en España, haya diecisiete de todo. Cuando faltan los recursos, como es el caso en estos momentos, lo lógico es racionalizar el gasto y prescindir de todo aquello que no sea necesario ni se corresponda con la prestación de los servicios públicos esenciales a la población, esto es, con sanidad y educación.

Por ejemplo, en todas las autonomías ha proliferado un sinfín de universidades públicas, muchas de las cuales no tienen ni siquiera el número mínimo de alumnos que garanticen su viabilidad económica. Esas universidades habría que cerrarlas. Sin embargo, ningún líder autonómico quiere asumir el coste político que implica semejante medida. Esta misma actitud se repite en otros muchos ámbitos y así no vamos a ningún sitio. De ahí que, ahora, algunos de ellos se estén planteando la devolución de algunas competencias al Estado, sobre todo las de sanidad y educación, que son las que más recursos absorben, pensando en trasladar el problema del ajuste al Gobierno de la Nación, cuando el ajuste lo tienen que realizar ellos también en todas las partidas que no tienen que ver con esos dos servicios públicos esenciales, por ejemplo, cerrando embajadas regionales en el exterior.

Lo parlamentos regionales durante varios años deberían dejar de dictar leyes y tomarse unos cuantos años sabáticos cerrando las camáras y utilizando a sus diputados para que arreglen lo que con afán de protagonismo y diferenciación han destruido, cono el fin nuevas inversiones desde el extranjero que  ahora son imposibles lleguen nuevamente. Uno de los temas donde se podría sacar recursos adicionales seria que trabajaran junto al Gobierno Central para conseguir la unidad de mercado, unificando o derogando una gran cantidad de leyes dictadas por estos parlamentos  sobre el comercio, industria, medio ambiente.

Un informe de CEOE denuncia que la multitud de leyes y normas creadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos “desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial”. La patronal denuncia más de 80 casos en los que las distintas regulaciones son “contradictorias entre sí” e incluso “más exigentes” que la normativa nacional. Al parecer el Gobierno ultima una ley para acabar con estas distorsiones.

Uno de los principales efectos del Estado autonómico en la economía es la proliferación de distintas leyes que afectan a los más diversos sectores. A la legislación del Gobierno central se ha añadido en los últimos años una catarata de normas y ordenanzas creadas por las comunidades y los ayuntamientos. Esta intrincada maraña legislativa implica, por ejemplo, que una misma empresa deba superar multitud de trámites muy diferentes entre sí, con el coste que ello conlleva. Según un informe de CEOE, esta dispersión “desincentiva e inhibe la iniciativa empresarial” y cuesta 45.000 millones de euros a España.

La patronal ha elaborado un estudio sobre los problemas de no contar con una unidad de mercado. Para afianzar su tesis, ha recopilado 84 ejemplos de varios sectores que padecen esta “obesidad normativa”: alimentación y bebidas, automóvil, construcción, farmacéutico, telecomunicaciones, juego, transporte, comercio, etcétera.

El documento de CEOE denuncia que “las distorsiones de la unidad de mercado (...) dificultan de manera injustificada la actividad económica hasta tal punto que, en muchos casos, condicionan seriamente su normal ejercicio”. Este perjuicio se atribuye a tres factores. En primer lugar, la existencia de una “pluralidad de legisladores, con competencias no siempre claramente definidas, que ha dado lugar a una hiperinflación normativa (...) a escala autonómica y local que, o bien es divergente o contradictoria entre sí, o bien es más exigente que la norma nacional”.

Así las cosas, el Gobierno central debería coger el toro por los cuernos y empezar a liderar el proceso de ajuste presupuestario de las autonomías, para lo cual debe hacer dos cosas. En primer lugar, debe redefinir el modelo de Estado, dejando bien claro qué son competencias estatales y qué son competencias autonómicas con el fin de evitar duplicidades y despilfarros. En segundo término, debe preparar planes de reestructuración a nivel nacional de la sanidad y la educación. Mientras tanto el Estado debería forzar a las autonomías a ser más ambiciosas en sus planes de ajuste y si ello no fuera posible, pensar seriamente en la desaparición de las autonomías dentro del sistema.