El cortafuego

Los abogados de Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres han ofrecido un acuerdo a la Fiscalía de Palma de Mallorca, declarándose culpables de todos los trinques detectados hasta el momento para resolver de una vez los asuntillos judiciales que les mantienen imputados. Ofrecen  devolver 3,7 millones y declararse culpable para evitar la cárcel mediante una sentencia de menos de dos años de prisión. La cantidad no llega ni a la cuarta parte de lo que el instituto Noos ingresó en los años de presidencia del Duque. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que los imputados cambien ahora de opinión cuando el yerno del rey había estado negando reiteradamente los hechos que se le imputan?

La oferta del duque de Palma tiene tres puntos: el imputado admite su responsabilidad penal en los delitos de malversación, fraude a la Administración, falsedad documental y evasión fiscal; devuelve a la Hacienda Pública entre 3,7 y 4 millones de euros; y, a cambio, la acusación pública pide para él una pena menor a los dos años de cárcel. La clave está en esta petición de la Fiscalía. Al no tener antecedentes penales, aunque fuera condenado de mutuo acuerdo por estos delitos, al ser la pena inferior a dos años de prisión no pisaría la cárcel.

Diego Torres que está en la cárcel preventivamente a través de su abogado Manuel González Peeters, le ha dicho a la Fiscalía Anticorrupción que tiene en su poder "200 e-mails más comprometedores aún" que los tres ya divulgados, en los podría quedar claro que el Rey y la Infanta Cristina hicieron gestiones a favor de Noos. Todo indica que Iñaki Urdangarin y Diego Torres, conscientes de que se empujaban uno a otro al abismo, quieren enterrar el hacha de guerra y poner fin al calvario judicial. Pero especialmente se trata de no llegar a un juicio donde toda la prensa rosa podría visualizarse la implicación en los negocios del yerno de diversos miembros de la Casa Real en medio del clamor ciudadano de distintos grupos políticos en contra de la monarquía, por lo que se intenta poner este acuerdo como cortafuegos.

Los abogados de Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres han ofrecido un acuerdo a la Fiscalía de Palma de Mallorca, declarándose culpables de todos los trinques detectados hasta el momento para resolver de una vez los asuntillos judiciales que les mantienen imputados. Ofrecen  devolver 3,7 millones y declararse culpable para evitar la cárcel mediante una sentencia de menos de dos años de prisión. La cantidad no llega ni a la cuarta parte de lo que el instituto Noos ingresó en los años de presidencia del Duque. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que los imputados cambien ahora de opinión cuando el yerno del rey había estado negando reiteradamente los hechos que se le imputan?

Llegados a este punto, dada la importancia mediática del asunto, creo  que no habrá juez o fiscal que se atreva a zanjar el asunto con este pacto teniendo a toda la prensa detrás de este asunto, cuando estos señores han sido acusados de haberse llevado mas de 20 millones del erario público y otras instituciones privadas. Sinceramente si se toma este camino el precio debería ser mucho mayor ya que sería un escándalo mayúsculo el hecho de permitir a unos delincuentes que puedan eludir a la justicia devolviendo solo una pequeña parte de lo defraudado.

El camino para alcanzar un pacto de este cariz está erizado de dificultades. Además de la Fiscalía, hay dos acusaciones particulares en la denominada ‘pieza 25' del ‘caso Palma Arena', el Gobierno Balear, que apenas actúa en este proceso y Manos Limpias que llegó incluso a pedir, sin éxito, la imputación de la infanta Cristina. El juez Castro quiere oír ni hablar de un acuerdo de conformidad, que así se llama jurídicamente el pacto al que quiere llegar Urdangarín con la Fiscalía. Ya tenemos un tema de de debate para que los medios sean de color rosa o amarillo, puedan seguir especulando con grave detrimento de la institución monárquica.