El precio del silencio

Esta semana, el dúo Urdangarin-Torres nos ofrecía un nuevo episodio de esta serie que súbitamente está tomando tintes peliculeros: el duque, aquel hombre demacrado que fue a los tribunales para defender su honorabilidad, le ofrecía al juez dinero y culpabilidad a cambio de no ir a la cárcel. Había otra razón que la prensa ha filtrado: sacrifica su inocencia para no perjudicar a su familia política. No sabemos cuál de las dos razones es más poderosa para el yerno, si la libertad o esa lealtad de última hora a su suegro.

En este sentido, Torres habría pedido inicialmente 30 millones por este silencio aunque el entorno de Urdangarín habría tachado tal propuesta como "inalcanzable". Por ello, la ha rebajado aunque ha exigido "un trabajo estable" así como que pague la minuta de su abogado y la fianza de 1,2 millones de euros puesta a Torres y a su esposa.

Dicen quienes saben que es una práctica relativamente común que los empresarios corruptos se libren de la cárcel devolviendo el dinero. Yo no lo sé. Sé, en cambio, que me resultaría extraño, ajeno y, aún más importante, injusto. Ofrece al ciudadano la idea de que con dinero se puede comprar la inocencia. Peor todavía, que con dinero la justicia puede aceptar el compromiso de ignorar una información que a estas alturas, gracias a la amenaza mafiosa de uno de los acusados, está en boca de todo el mundo.

Uno se retrata en la vida por los amigos que tiene, también por los socios. En este caso, los miembros de este inseparable tándem se han retratado como el amigo y el socio al que cualquier persona sensata jamás se debería arrimar: en primer lugar, el duque negó cualquier responsabilidad y cargó el posible delito sobre los hombros del hombre que le enseñó a hacerse rico; a esta velada acusación, el afectado respondió amenazando con salpicar de mierda a la familia del socio, la misma que les servía de tarjeta de presentación en sus negocios gaseosos.

Mal arreglo tiene la cosa. No supieron ser honrados empresarios ni tampoco han sabido ser honorables acusados. Pero lo extraordinario es que a personajes tan correosos no les pusieran límite ni el Rey, ni sus asesores, ni el Gobierno, ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas que contribuyeron a su enriquecimiento. Quisiera uno pensar que esto pertenece a una época pasada en la que aquello del “no sabe con quién está usted hablando” era moneda de cambio, aunque estremece pensar que España es un país tolerante con los delitos de corrupción. Al menos, los votos no parecen verse afectados por los escándalos. Me temo que con todo aquello que roce a la familia real no se ejerce la misma tolerancia. Desde un primer momento, la opinión pública se mostró escéptica ante la idea de que un yerno del Rey fuera a la cárcel. El pacto, sea práctica común o no lo sea, refrendaría ese escepticismo popular: la justicia, se suele decir, nunca es igual para todos.