¿Que hacemos con TV3?

Ayer, cuando la inefable Carmen Calvo (...El dinero publico no es de nadie....) se le ocurrió avanzar las medidas quirúrgicas que podrían aplicarse a partir de hoy contra restaurar la ley en Cataluña y mentó por encima una intervención en la radio televisión catalana. “Los independentistas, convirtiéndose en secesionistas, se han creído que los únicos derechos posibles eran los suyos, que las únicas libertades posibles eran las suyas, y esto no es así”, ha denunciado Calvo. Como si estas palabras fueran un presagio, TV3 dejó de emitir durante varios minutos. Después aclararon que fue un fallo técnico....

La deleznable tergiversación de la realidad, cuando no la pura y simple difusión de burdas mentiras, para alimentar el ideario nacionalista ha sido, y sigue siendo, el leitmotiv de este medio regional. Si la educación, tal y como bien denuncian desde Cs, es un factor clave en el adoctrinamiento ideológico de los catalanes para extender el independentismo, la programación de TV3 es una de las grandes armas políticas que emplean los nacionalistas para llevar a cabo el actual golpe de Estado. Valga como ejemplo el caso de Toni Albà, habitual colaborador de TV3, quien no duda en proponer la detención de fiscales para el "intercambio de prisioneros" cuando se proclame la República.

En España, aunque hay libertad de prensa, existe un amplio abanico de televisiones públicas, cuya función es ejercer de altavoces y herramientas de propaganda política, aunque valiéndose, eso sí, del dinero de todos y cada uno de los contribuyentes. Y si el común denominador de tales medios es la mayor o menor manipulación informativa a favor de los diferentes partidos que ostentan el poder, el canal autonómico de Cataluña, TV3, es, sin duda, el que se lleva la palma. Amplifica distorsiona, calla o miente, según las conveniencias de un poder enloquecido lanzado al abismo de la secesión.

Todas las televisiones públicas pecan del mismo problema. A diferencia de las empresas privadas, cuyo principal objetivo es servir a la población de la mejor forma posible para poder sobrevivir, los medios de titularidad pública, cuya financiación sale de los presupuestos, o aquellos que dependen del reparto arbitrario de subvenciones responden, única y exclusivamente, a los intereses de los políticos, pues estos y no otros son sus auténticos jefes. De ahí, precisamente, que las dictaduras tan sólo dispongan de prensa pública o controlada por el Estado.

Por esta razón, el Gobierno no solo debería intervenir el canal, sino que está obligado a hacerlo, al igual que debería tomar el control de los Mossos, la Educación y demás competencias autonómicas, una vez activado el artículo 155 de la Constitución, con el fin de restaurar la ley en Cataluña. 

De hecho, la única intervención legítima, justa y efectiva que tiene que llevar a cabo el Estado para acabar de una vez con ese nido de propaganda rupturista es el cierre definitivo de la cadena, ya que sólo así se podría garantizar su imparcialidad e independencia política.