¿Debe de aplicarse el art. 77 de Reglamento de los Mossos de Escuadra, al major Trapero?

La Fiscalía informa a la Generalitat de la imputación de Trapero para que le aparte de la jefatura de los Mossos

El conseller de Interior, Joaquim Forn, junto al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. EFE

El ministerio público reclama a la Audiencia Nacional que notifique oficialmente al Departamento de Interior el auto en el que se decretan las medidas cautelares contra el 'major' de los Mossos, que ya podría ser suspendido por la actual Generalitat o por el nuevo Govern que surja de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere que la Generalitat de Catalunya decida sobre la posible suspensión del major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que está imputado por un delito de sedición y tiene prohibido abandonar España, por lo que podría ser apartado de la jefatura de la policía autonómica, compuesta por 17.000 agentes desplegados por toda Cataluña.

En una nota de prensa, difundida a los medios de comunicación, el ministerio público anuncia que instará a la titular del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que notifique al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, de forma oficial, el auto en el que se acuerdan las medidas cautelares contra el major de los Mossos.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quiere que se comunique el auto de la Generalitat "a los efectos legales que sean oportunos conforme a la legislación que regula su estatuto profesional".

El artículo 75 de la ley que regula el funcionamiento de los Mossos d'Esquadra establece que en el caso de que un mosso haya cometido una falta grave, "el órgano competente puede acordar, como medidas cautelares, la suspensión provisional o la adscripción a otro puesto de trabajo, medidas que pueden conllevar la pérdida provisional del uniforme, el arma y la credencial del funcionario expedientado o sometido a procesamiento".

El artículo 76 especifica, además, de que el agente puede ser suspendido temporalmente un máximo de seis meses, mientras que el artículo 77 establece que la suspensión de funciones, ya sea como sanción, ya sea como medida preventiva, "conlleva la privación temporal del ejercicio de las funciones, la retirada del arma y de la credencial reglamentarias, la prohibición de uso del uniforme, si procede, y la prohibición de entrar a las dependencias de los Mossos d'Esquadra sin autorización". Algo que es mucho mas urgente tratándose de quien dirige una fuerza armada de 17.000 hombres con sospechas de colaborar con la sedición.

20 y 21 de septiembre

En este sentido, la nota de prensa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional recuerda que el auto de la jueza "se limita a evaluar la procedencia de medidas cautelares en relación exclusiva a la intervención de Josep Lluís Trapero en los incidentes del 20 y 21 de septiembre, ya que la denuncia presentada por la Fiscalía se refería inicialmente a tales hechos".

De hecho, la jueza dejó abierta la posibilidad de revisar las medidas cautelares de Trapero, "al mencionar expresamente que esta decisión se toma sin perjuicio de las posibles ampliaciones que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias”. Por ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional "reevaluará" la procedencia de otras medidas cautelares. 

De esta forma, y tras tener conocimiento oficial del auto de la Audiencia Nacional, el conseller de Interior, Joaquim Forn, no podrá alegar que desconocía la imputación de Trapero, ni las medidas cautelares que se le han impuesto, entre las que se encuentra la retirada del pasaporte.

En el caso de que el Gobierno de Mariano Rajoy decida relevar al Ejecutivo de Puigdemont al aplicar el artículo 155 de la Constitución, los nuevos responsables de la Generalitat podrían decidir apartar a Trapero de la dirección de los Mossos en virtud de los propios estatutos de la policía autonómica.

Apartado de su puesto

El Portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, recuerda que en la mayoría de los casos, los agentes son apartados de sus puestos, "tal y como debería ocurrir en este caso con Trapero, que está imputado en un delito tan grave por es el de sedición".

Un portavoz de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (AIGC) destaca, por su parte, que el régimen interior de la Guardia Civil establece que si fuera guardia, Trapero sería suspendido tras abrirle un expediente disciplinario, que quedaría en suspenso hasta la sentencia.

El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Fernández, resalta que la comunicación del auto en el que se establecen las medidas cautelares de Trapero puede servir también para que este cuerpo policial le retire el pasaporte del major de los Mossos.