Los "Jordis" a la cárcel - Trapero en libertad

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart

A prisión Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los agitadores del independentismo

La magistrada Carmen Lamela ha acordado dado la medida a petición de la Fiscalía, considera que el asedio a la Guardia Civil no fue una concentración pacífica

La juez ha enviado a prisión sin condiciones a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la ANC y Òmnium respectivamente, los agitadores en la calle del proceso independentista. La magistrada, que ha acordado la medida a petición de la Fiscalía, considera que el asedio a la Guardia Civil no fue una concentración pacífica.

Tanto en su entrada a primera hora de la mañana como su retorno a las 18.00 horas de esta tarde Sánchez y Cuixart han sido recibidos con aplausos por una veintena de diputados y senadores del PdeCAT al grito de 'No esteu sols' (No estáis solos) entre gran expectación mediática. Ellos han respondido con saludos y el puño en alto en señal de victoria.La Fiscalía había pedido prisión para el "mayor" de los Mossos por sedición. También reclama cárcel para los líderes de ANC y Ómnium.

Así lo ha expuesto la juez en el auto por el cual ha acordado la libertad con medidas cautelares para el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, y para la intendente Teresa Laplana. Los cuatro han sido citados a declarar por segunda vez tras el nuevo atestado de la Guardia Civil incorporado a la causa sobre los incidentes ocurridos durante registros y detenciones a miembros del Govern que planeaban el referéndum ilegal y la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Como ya hicieran en su primera declaración, los dos acusados se han negado a responder a las preguntas del Ministerio Público. Sànchez ha contestado a su letrado mientras que Cuixart se ha acogido a su derecho de no declarar, según informan fuentes jurídicas.

Según el último atestado de la Guardia Civil, ambos fueron responsables de «alentar a la masa» llamando a la protesta frente a la Consejería de Economía -de donde los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no pudieron salir en casi 24 horas- y ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Alentaron a las masas

Los testigos han extendido sus declaraciones durante toda la mañana. Han comparecido dos agentes de la Guardia Civil asediados el 20 de septiembre en la Consejería de Economía (Barcelona), cuando desplegaban la Operación Anubis para detener a 14 altos cargos del Gobierno catalán que preparaban el referéndum ilegal del 1 de octubre. También ha expuesto su versión la secretaria judicial que supervisó los registros y abandonó el edificio por la azotea mientras una multitud agitada por las entidades esperaba en la puerta.

Los separatistas han acudido a la Audiencia Nacional representados por su habitual ‘afición’. Han sido, entre otros, miembros de las asociaciones que presiden Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y políticos como Beth Abad y Feliu Guillaumes (PdeCat), Ion Inarritu (Bildu) o Bernat Picronell y Jordi Martí (ERC). El contrapunto, de un hombre y su cartel: "golpista, ladrón de libertades".

"Si Rajoy rompe ese diálogo, la responsabilidad histórica será suya", clamaba Jordi Sánchez minutos antes de su comparecencia. "Ninguna rendición y toda la dignidad. Ojalá el Estado español se siente a dialogar", añadía Jordi Cuixart.

Relato de los altercados

"Los días 20 y 21 de septiembre de 2017, en el curso de la práctica de una serie de diligencias de entrada y registro acordadas por el Juzgado nº13 de Barcelona, una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados. Dichas concentraciones fueron promovidas por diferentes asociaciones soberanistas, siendo las más destacadas por su capacidad de convocatoria las realizadas por los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente".

"A través de las citadas convocatorias se hacía un llamamiento, no a una concentración o manifestación pacíficas, sino para la "protección" de sus gobernantes e instituciones, mediante movilizaciones ciudadanas masivas, frente a los lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales. En algunas de ellas se expresaba incluso que las concentraciones que existían eran "para aturar (parar) a la Guardia Civil".

"Estos hechos se produjeron fundamentalmente en Barcelona: en las Consejerías de Economía, Exteriores, Gobernación, en la sede del PSC donde se llegó a agredir a militantes socialistas, en la sede de la CUP y en la imprenta de Bigues i Riells (…) Sin embargo, la actuación más significativa tuvo lugar en la sede de la secretaría general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, en la Rambla de Cataluña.

"Algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil. Otros impidieron a los agentes de la Guardia Civil; Cuerpo Nacional de Policía y a los integrantes de la comisión judicial abandonar los edificios tras los registros practicados. Otros manifestantes se sentaron sobre el asfalto delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad. Otros procedieron a empujar a los agentes y a bloquear la salida de un vehículo de la Guardia Civil".

"Miembros de la ANC montaron un puesto para voluntarios, donde podían recoger un chaleco de diferentes colores y donde se organizaban turnos de relevo. Gritaban a los Mossos "no os merecéis la bandera que lleváis" intimidando a la Guardia Civil al grito de "no saldréis". Los responsables de ANC y OMNIUM se erigieron en interlocutores de la concentración, intentando negociar al menos cinco veces con las fuerzas de seguridad. Nunca utilizaron su control para diluir la concentración, planteaban opciones exclusivamente para sus fines políticos.

Jordi Sánchez, presidente de la ANC, se dirigió a los congregados: "El 1 de octubre votaremos, si nos quitan las urnas, las construiremos. Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". Subido en un coche de la Guardia Civil con Jordi Cuixart, llamaron a la "movilización permanente a favor del referéndum y en contra de las actuaciones ordenadas judicialmente para impedirlo".

La magistrada cuenta cómo la secretaria judicial tuvo que salir camuflada entre los asistentes a un teatro contiguo, mientras que las comisiones de registros terminaron de salir a las 07H. "Los manifestantes ocasionaron graves daños en los tres vehículos oficiales de la Guardia Civil valorados en casi 135.000 euros.

"La finalidad inmediata de las personas que protagonizaron los actos estaba orientada a impedir que los funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollaran sus funciones en cumplimiento de la Ley y de las resoluciones judiciales. La finalidad última era conseguir la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente de que desarrollaban una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto y, en particular, de la Constitución".

"Durante todo el día, la Guardia Civil pidió de forma reiterada la intervención de los Mossos a través de la intendente Teresa Laplana. Ella respondió que no existía afectación a la seguridad ciudadana y tampoco preveía que la hubiera, ya que no parecía una masa violenta, por lo que no solicitaría la movilización de estas unidades".

Trapero en libertad

Trapero, de paisano, acude a declarar a la AN. | EFE

En relación a Trapero y Laplana, la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional asienta su decisión sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: una medida cautelar debe ser "idónea, necesaria y proporcionada en relación con un fin constitucionalmente legítimo". Explica que "lo único que está siendo objeto de investigación hasta el momento son los hechos denunciados por el Ministerio Fiscal, los acontecimientos ocurridos los días 20 y 21 de septiembre en la Consejería de Economía de Barcelona". Los hechos anteriores y posteriores, precisa, no se tienen en cuenta para "determinar en este momento nuevas imputaciones" frente a los investigados.

Carmen Lamela ha recopilado declaraciones de los testigos, conversaciones telefónicas intervenidas con autorización del Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona, informes y reportajes fotográficos de la Guardia Civil sobre los altercados. "Estamos ante hechos muy graves que revisten los caracteres de un delito de sedición dentro de un contexto más amplio, como es la estrategia de actuación con finalidad separatista. Existen elementos que vinculan al Sr. Trapero con esta estrategia" –como el documento de enfoCAT hallado en el domicilio de Jove o las observaciones telefónicas en las que "se vislumbra una actividad de contravigilancia para proteger a determinadas personas frente a la Policía y la Guardia Civil"–"pero la actuación del Sr. Trapero no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderle vincular a hechos tan gravescomo los que esos días sucedieron, sin perjuicio de lo que pueda determinarse en una fase más avanzada de la investigación.

Trapero ha defendido que actuó en base a las órdenes judiciales y que no actuaron contra los concentrados "al estimar que, dado su volumen, ello podría haber generado una grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas". En cuanto al riesgo de fuga, la juez entiende que "debe tenerse en cuenta que los dos investigados tienen residencia y domicilio conocidos y trabajo estable". Sobre la reiteración delictiva, "no se conoce otra clase de actividad anterior o posterior a los días 20 y 21 de septiembre que apoye la actuación de otras personas a favor del movimiento independentista" en relación con Trapero y Laplana.

Josep Lluís Trapero permanecerá en libertad con medidas cautelares. En concreto, con comparecencias quincenales en el Juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de salir de España y la entrega del pasaporte. La Fiscalía de la Audiencia Nacional había reclamado para él el ingreso en prisión incondicional. La juez Carmen Lamela ha resuelto en los mismos términos en relación a la intendente Teresa Laplana, para quien el Ministerio Público pedía la entrada en la cárcel eludible con el pago de una fianza de 40.000 euros.