Como pollos sin cabeza

El primer día laborable después de la implantación del articulo 155 y con la ocupación de la Generalitat  por parte del Gobierno de Rajoy ha resultado ser un jornada por lo menos surrealista a causa de los constantes movimientos de los políticos defenestrados que hasta ahora estaban dirigiendo el desastre catalán. La nota la dio  el consejero Rull que en el momento de entrada de los funcionarios al Palau ya estaba en su despacho trabajando, según el. A media mañana ya se había ido con destino desconocido.

Mientras tanto la Fiscalía General del Estado presentaba la querella contra Carles Puigdemont, los ex miembros del Govern y ex miembros de la Mesa del Parlamento catalán por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en relación con la crisis institucional generada en Cataluña tras el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración de independencia anunciada por el ex presidente catalán.

La querella del fiscal Maza

En una escueta comparecencia pública, que apenas ha durado dos minutos, el fiscal general de Estado, José Manuel Maza, ha anunciado que el Ministerio Público ha presentado dos querellas contra los antiguos miembros del Govern y de la Mesa del Parlament. Una, ante la Audiencia Nacional. La otra, ante el Tribunal Supremo distinguiendo así entre las personas que no están aforadas y las que sí, respectivamente.

El Ministerio Fiscal ha pedido a ambos tribunales la declaración "con carácter urgente" de los querellados, en calidad de imputados, para adoptar las correspondientes medidas cautelares ante "la gravedad de los hechos y los delitos imputados". En este sentido, la Fiscalía resalta "la flagrancia" de los hechos presuntamente cometidos, "la contumancia en la ilegalidad" de los mismos y "el riesgo de reiteración en la conductas antijurídicas", según consta en el texto de las querellas.

En total, la Fiscalía se ha querellado contra 20 personas: 14 del Govern y seis de la Mesa del Parlament. La lista del Ejecutivo catalán, encabezada por Puigdemont y Oriol Junqueras, incluye finalmente al ex consejero Santi Vila, pese a que renunció a su puesto para evitar votar la declaración de independencia.

La Fiscalía reclama a los jueces de la Audiencia y del Tribunal Supremo que impongan una fianza a los acusados de un total de 6,2 millones de euros para cubrir las responsabilidades civiles a las que podrían ser condenados. Se trata de la cantidad que, según el Tribunal Constitucional, podría haberse destinado a sufragar el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. La Fiscalía ya reclamó esa cifra en las querellas que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), si bien la medida no se acordó.

En cuanto a las causas abiertas en el TSJ catalán, el Ministerio Público pide que se remitan conforme corresponda al Supremo o a la Audiencia Nacional.

Los 14 querellados del Govern, junto a Carles Puigdemont, son Oriol Junqueras(vicepresidente de la Generalitat), Jordi Turull (consejero de Presidencia), Raül Romeva (consejero de Asuntos Internacionales), Antoni Comín (consejero de Salud), Josep Rull (consejero de Territorio y Sostenibilidad) y Dolors Bassa(consejera de Trabajo). Todos ellos fueron diputados del Parlament hasta el pasado 28 de octubre.

El listado prosigue con Meritxell Borràs (consejera de Gobernación), Clara Ponsatí(consejera de Enseñanza), Joaquim Forn (consejero de Interior), Lluís Puig(consejero de Cultura), Carles Mundó (consejero de Justicia), Santiago Vila(consejero de Empresa y Conocimiento) y Meritxell Serret (consejera de Agricultura).

En cuanto a los miembros de la Mesa del Parlament, la lista de querellados la encabeza Carme Forcadell, presidenta de esta Cámara, junto a Lluís María Corominas (presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí), Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.

El Ministerio Fiscal ha solicitado también a la Audiencia Nacional y al Supremo que citen a declarar en calidad de testigos a José María Espejo-Saavedra, vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament; David Pérez Ibáñez, secretario segundo de la Mesa; Antoni Bayona, letrado Mayor; y Xavier Muro, secretario general del Parlament.

La fuga de Puigdemont

Mas de un centenar de periodistas a primera hora estaba apostado frente el Palau de la Generalitat esperando la entrada de Puigdemont o cualquiera de los consellers destituidos el pasado viernes, que al parecer no se estaban dando por enterados. A medida que fue avanzando el dia, las noticias cada vez mas surrealistas  sobre los movimientos de los defenestrados,  además quienes han querido mostrarse como neutrales mostraban un panorama por lo menos caótico. La única buena noticia es que ninguna de las amenazas de boicot se han producido y todas las instituciones han estado funcionando con toda normalidad durante toda la jornada laboral.

A Carles Puigdemont lo estaban esperando en la sede de su partido para las 10.30  en la sede de su partido para fijar su estrategia ante las elecciones del 21 de diciembre y no aparecía. Dos horas después se conoce que se ha desplazado a Bruselas en una extraña conexión en Marsella donde tiene previsto pedir asilo político.  Los exconsejeros que acompañan a Puigdemont son los convergentes Meritxell Borràs (Gobernación) y Joaquim Forn (Interior) y los republicanos Dolors Bassa (Empleo), Toni Comin (Sanidad) y Meritxell Serret (Agricultura). 

Al parecer Puigdemont ha contratado en Bélgica a un abogado especializado en defender a miembros de ETA, aunque no se ha tomado aún una decisión sobre la posibilidad de solicitar asilo en ese país tras las querellas presentadas este lunes contra él por la Fiscalía española. Según L’Echo, la visita de Puigdemont estuvo organizada por el exjefe de la oficina de la Generalitat en Bruselas, Amadeu Altafaj, también destituido por el Ejecutivo central español.

El president cesado tiene la intención de entrevistarse cpn el secretario de Estado de Asilo y Migración belga, Theo Francken, despues de que provocase una polémica al abrir la puerta a la concesión de asilo a Puigdemont, oferta que fue poco después negada por el primer ministro, Charles Michel.

Diversas fuentes apuntaron que Puigdemont podría estar preparando una estrategia legal en compañía de abogados y asesores, con vistas a una eventual solicitud de asilo político en Bélgica y que mañana, martes, podría hacer algún tipo de declaración. No son sólo culpables sino que son también unos cobardes. La cuarta República catalana (1640, 1931,1934, 2017) ha sido la más efímera de la historia. Ha durado lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio.

Ahora los soberanistas quieren presentarse a las elecciones "ilegales" 

En contra de sus manifestaciones sobre ilegalidad, tanto ERC como el PDECat, los dos partidos que formaban la colalición Junts Pel Sí, han anunciado este lunes, con mayor o menor rotundidad, con comparecerán a las elecciones convocadas para el próximo 21 de diciembre. «Señor Rajoy, nos veremos en las urnas. La aplicación del 155 es miserable», ha subrayado la coordinadora general del PDECat, MartaPascal, después de confirmar que su partido se presentará a las elecciones.

«Buscaremos la mejor fórmula para que los soberanistas saquemos el mejor resultado que diga que no queremos el 155», ha insistido Pascal, quien ha reconocido que, pese a que la maquinaria electoral se ha puesto en marcha, aún no tienen candidato. Sí que ha dicho, en cambio, que Puigdemont está al tanto de la decisión y la comparte. La ausenica del expresidente catalán en la reunión del Consejo Ejecutivo del PDECat era una de las grandes incógnitas del día hasta que ha trascendido que se encontraría en Bruselas con parte de los miembros cesados del Govern.

Por su parte, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha considerado hoy «ilegítimas» las elecciones al Parlament convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque ha dicho que «las urnas no nos dan miedo», por lo que «encontraremos la manera de participar» en la cita del 21 de diciembre.

En el primer día laborable tras la aplicación del artículo 155 y después de la reunión de la comisión permanente nacional de ERC, Sabrià ha denunciado que las instituciones catalanas «han sido ocupadas de manera ilegal» y ha calificado la aplicación del artículo 155 de la Constitución de «golpe de Estado». «El Estado quiere jugar en un terreno que es el nuestro, y encontraremos la manera de hacerlo. Nosotros no agredimos las urnas, como hicieron ellos. El 21 de diciembre estaremos presentes, encontraremos la manera de estar, presentándonos o no presentándonos», ha dicho.

La CUP también se está pensando presentarse, parece ser que la pérdida de las nóminas publicas puede generar un problema mayor que el ridículo que se les avecina.