Cómo y por qué huyó el dinero de Cataluña

En primer término el tejado del Parlament catalán, situado en el parque de la Ciudadela; al fondo, el rascacielos de Gas Natural. ALBERT GARCÍA / QUALITY-REUTERS

La repercusión mundial de la crisis catalana tras el referéndum alarmó a los fondos internacionales que, a su vez, empujaron a las empresas a dejar sus sedes

La decisión de las empresas y de los bancos catalanes de cambiar sus sedes ha supuesto un duro golpe, tal vez definitivo, para los planes secesionistas de la Generalitat. Pero el empujón definitivo no vino de Barcelona o de Madrid. Llegó de las verdaderas capitales del dinero —Nueva York, Londres o Chicago— donde están los gestores de los grandes fondos de inversión, de pensiones y compañías de seguros.

Tras las imágenes del 1-O, el lunes siguiente las empresas recibieron llamadas preocupantes de las agencias de calificación de riesgos y de los gestores institucionales de las principales plazas mundiales, que mueven billones. Ellos son los dueños de gran parte la deuda emitida por las empresas y por los bancos catalanes. Su mensaje fue claro: permanecer en Cataluña suponía un factor de incertidumbre, que ellos no querían asumir. En el mundo financiero, la incertidumbre siempre cotiza a la baja y cuanto más tiempo pasa, todavía más.

Tras desconocer todo sobre el problema catalán, los grandes inversores extranjeros se enteraron del conflicto de la peor forma posible: fotos de violencia policial y un proyecto independentista que llevaba a salir del euro. Eso significaba traspasar la línea roja. Si optaban por vender, darían un duro golpe al coste de financiación de empresas y bancos, un lujo que no se podían permitir.

Una empresaria que lleva la comunicación de varias compañías confirma que “la mayoría de los empresarios jamás creyó que los inversores internacionales se pondrían tan nerviosos. Nunca pensaron que llegaríamos hasta aquí. Nunca”.

Además, existía otro factor desestabilizador: el fantasma de la Hacienda catalana. Si se creaba este organismo, podría llegar la doble tributación para las empresas, una a la Hacienda española y otra a la catalana. Esta posibilidad también forzó la salida acelerada de los gestores de patrimonios, un sector importante en el mundo financiero catalán y los cambios de domicilio de firmas.

Pero la cuestión es qué hubiera pasado si los empresarios no hubieran esperado tanto, a las alarmas que llegaron de fuera, y hubieran dado el paso antes. El 8 de octubre, Josep Borrell, exministro y exvicepresidente del Parlamento Europeo, reprochó el silencio de la clase empresarial: “¿No lo podíais haber dicho antes? Lo que decíais en privado, ¿por qué no las decíais en público? Si lo hubiesen dicho, quizá no estaría pasando lo que está pasando ahora”.

Una voz autorizada entre el empresariado catalán, Antón Costas, catedrático de Economía y expresidente del Círculo de Economía, el lobby empresarial más influyente de Cataluña (y que ha sido más crítico públicamente con el procés), responde a Borrell. “Creo que sí se avisó de que eso ocurriría. Lo hizo José Manuel Lara, expresidente de Planeta; Josep Oliu, del Sabadell; y José Luis Bonet, de Freixenet y de las Cámaras de Comercio. Pero no creo que se deba pedir a los empresarios que se estén pronunciando continuamente sobre cuestiones políticas, y menos en un debate que lleva ya cinco años sobre la mesa. Las empresas tampoco pueden estar lanzando ese tipo de mensajes porque tiene un efecto sobre los inversores y sobre su propia empresa”. Las elecciones del 27 de septiembre de 2015, con victoria independentista, provocaron las primeras fugas de empresas conocidas, como la de los hoteleros Jordi Clos y Pau Guardans, pero dijeron que fue por motivos fiscales. En agosto de este año, Naturhouse dio el paso. Su presidente Félix Revuelta lo justificó por “razones operativas” porque desde la salida a Bolsa, en abril de 2015, las oficinas estaban en Madrid, aunque él siempre ha sido beligerante con el independentismo: “Tiene aterrados a los empresarios”, alertó este mayo.

Eduardo Serra, exministro con Aznar, comentó hace días: “He hablado en los últimos tiempos con muchos banqueros y empresarios catalanes. Me decían: ‘Sé que la independencia será ruinosa para mi empresa, pero si lo digo ahora la Generalitat me hunde mañana mismo”. El temor a la represalia política es otro factor que ha fomentado el silencio.

“SE LO DIJIMOS A PUIGDEMONT, PERO NO QUERÍA CREERNOS”

Lo que no se dijo en público, se habló en privado. “Yo una vez hablé con Artur Mas y le dije: ‘Salir de la Unión Europea sería muy grave”, confía el profesor Pedro Nueno. “Y me respondió: ‘Jamás saldremos ni un minuto de la UE’. Y entonces le pregunté: ‘¿Y esto por qué no lo dice así de claro?’. Si me lo dijo a mí, también se lo diría a muchos empresarios”.

Al igual que Nueno, otros destacados exponentes de la universidad, la banca y la empresa aseguran que advirtieron a los responsables del Govern de los graves peligros económicos que acarrearía el desafío secesionista. “Es verdad que tal vez no lo dijimos en público todo lo que hubiera sido necesario”, admite un miembro de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, “pero sí se lo trasladamos en privado a Mas y Puigdemont. Les dijimos que esto podía pasar, pero no querían creernos. Querían creer a otros que les decían que esto nunca pasaría”.

Fuentes cercanas a Oliu recuerdan que antes del 9-N de 2014, este lanzó un serio aviso en privado al entonces presidente Artur Mas: “Si seguís por este camino, nos vais a obligar a marcharnos de Cataluña”. Mas fue incrédulo ante esta advertencia, relata la misma fuente, y defendió la teoría de que nunca se verían obligados a salir de la UE.

En público, el presidente del Sabadell, el quinto banco español, fue el primero en dar la voz de alarma. Dijo que la situación era “inquietante”, por lo que anunció en la noche del martes 3 de octubre —en un acto público en Oviedo— que estaba dispuesto a abandonar Cataluña para proteger a sus clientes, accionistas y empleados.

Oliu afirmó, con voz temblorosa, que el Sabadell siempre tomará las “decisiones operativas con criterios económicos o regulatorios para potenciar el negocio en el mercado principal, que es el español”. Y añadió: “Les puedo asegurar que el banco, si fuera necesario, tomaría las medidas suficientes para proteger los intereses de nuestros clientes en el marco de Unión Europea y de la supervisión del BCE”. Es decir, ante las dudas, dejaba Cataluña.

En aquel momento, en CaixaBank se mantenía una postura más cauta: “No hay ninguna decisión tomada” sobre la sede. “Cuando se produzca la declaración de independencia, si llega, actuaremos para defender a nuestros clientes, empleados y accionistas”, señalaban. Finalmente, el Sabadell anunció su traslado a Alicante el jueves 5 y CaixaBank a Valencia, el viernes 6.

¿Por qué no reaccionaron antes públicamente los bancos y otras empresas? Lo cierto es que el 13 de enero de 2017 Oliu sugirió que podía llevarse la sede si la Cataluña independiente quedaba fuera de la UE. Sin embargo, el 27 de ese mes dijo que se malinterpretaron sus palabras y sugirió que la sede seguiría en Sabadell. Con más rotundidad se manifestó Jaume Guardiola, consejero delegado del Sabadell, el 13 de septiembre en Bilbao: afirmó que, en el caso de que ganara el sí en el referéndum, habría “cambios de domicilio”.

Pese a todo, ejecutivos de estas entidades admiten ahora que los falsos mensajes del Govern, que auguraba una salida suave y pactada de Cataluña, calaron en algunos miembros de las cúpulas directivas de estas corporaciones. Se habló de que, en el peor de los casos, se podría convivir con dos sedes, Madrid y Barcelona, y atender así a los dos mercados. Siempre se insistía en evitar el boicot interno: CaixaBank tiene 68.000 millones en depósitos en Cataluña, y el Sabadell, 24.000 millones, cantidades capaces de crear problemas muy graves si comenzaran a marcharse.

Sin embargo, el primer golpe llegaría de fuera, del resto de España, donde la fuga de depósitos durante los últimos días les ha obligado a realizar estrategias informativas proactivas para contener a los clientes. Lo que sí tuvieron siempre claro es que los dos bancos deberían irse a la vez, si llegaba el momento. Y así lo han hecho.

Los banqueros también defienden su silencio recordando que ya hicieron un posicionamiento público el 18 de septiembre de 2015, con un comunicado conjunto de la patronal bancaria AEB y la de las cajas de ahorros, CECA. En él advirtieron de que se irían de una Cataluña independiente. “Y el resultado fue nefasto. Sufrimos un boicot de algunas organizaciones y de clientes de Cataluña, que también retiraron su dinero como ahora, y nos dijeron que la banca no era el sector más apropiado para presionar y entrar en el debate, con los problemas de reputación que tiene el sector”, añaden desde un banco catalán.

Algunos banqueros catalanes también apuntan que si hubieran sacado las sedes de Cataluña antes de la declaración, más de uno les hubiera acusado de dar verosimilitud a los planes de Puigdemont. “Se podía ver con una forma de empujar el procés. Era muy arriesgado”, dicen.

¿Nadie vio que la Generalitat y La Moncloa eran dos barcos en rumbo de colisión desde 2014? Banqueros y empresarios catalanes consultados recuerdan que el Gobierno de Madrid siempre aseguró que el rumbo del procés no tendría ninguna validez administrativa porque era ilegal. En los últimos meses, el Govern lo fio todo al referéndum y el presidente Rajoy, por su parte, aseguraba que no se produciría.

“Si se hubiera cumplido la palabra de Rajoy, el plan independentista podría haber quedado casi anulado porque la consulta era su piedra angular, pero, en lugar de eso, se celebró el referéndum ilegal y la policía cargó con brutalidad mientras los medios ofrecieron imágenes muy duras a todo el mundo. Ese día todo saltó por los aires; se activó el plan B, que por cierto, apenas estaba dibujado. Era tierra ignota”, explica un empresario del grupo de CaixaBank.

Pedro Nueno, doctor en Administración de Empresas por Harvard y profesor del IESE, no cree que “muchas empresas tuvieran un plan”. “En algunos casos que conozco, no lo había porque tampoco se imaginaban que la cosa pasara de esta manera”, explica; “todos pensaban que habría negociación. Han salido un poco de estampida”. Cabe recordar que CaixaBank nunca llegó a aprobar un plan para el cambio urgente de sede y necesitó un decreto apresurado del Gobierno para poder hacerlo.

Algunos empresarios admiten que la colisión política y social se preveía tan brutal e imprevisible que prefirieron desentenderse, ponerse de perfil y confiar en una solución pactada. Juan Rosell, que ha tenido un papel clave como catalán y presidente de la patronal CEOE, afirmó que trató de acercar posiciones entre las dos partes, sin éxito, como se ha visto. Suya es la frase de “Cataluña no entiende a Madrid y Madrid no entiende a Cataluña”. Para algunos la prueba del desentendimiento es el llamado Puente Aéreo, la reunión de empresarios madrileños y catalanes con políticos de diferentes partidos, que lleva años tratando este tema sin ningún resultado palpable.

Otro factor importante, recuerdan las fuentes consultadas, es que en Madrid se olvida el perfil independentista de parte del empresariado catalán. “La clase dirigente es un reflejo de la sociedad. Entre ellos hay de todo” y citan a Pimec, colectivo de pymes, y a Cecot, patronal multisectorial de pequeños empresarios. Ambas han estado cerca de la Generalitat en el proceso independentista. En un acto organizado por Pimec, Puigdemont dijo: “Si alguien quiere saber qué piensan los empresarios, que pregunte a las pymes”.

Un empresario catalán recuerda que “algunas pymes se mueven en un mundo soberanista: sus clientes lo son, su entorno lo es y creyeron que con la república llegaría una economía boyante, como dijeron desde la Generalitat”. Y añade: “No se puede olvidar que grandes y pequeños empresarios tienen en Cataluña a sus familias y amigos de siempre; su vecino puede ser un hombre de negocios independentista y significarse en contra del procés era incómodo”.

Y, en muchos casos, prefirieron creer que, aunque fuese in extremis, el Gobierno de Madrid o el de Barcelona evitarían la colisión. “Porque, oiga”, se desahoga José Luis Bonet, presidente de Freixenet, “yo me siento español y europeo, pero no dejo de ser catalán, y tener que tomar una decisión de este tipo resulta muy doloroso. El exilio empresarial es doloroso. Es un desgarro. Soy catalán y me tengo que ir. Es evidente que la mía y otras empresas que han tomado la decisión de irse representamos un símbolo de Cataluña, pero oiga, antes está la supervivencia”.

Otra cuestión es: ¿Qué consecuencias puede tener a medio plazo el traslado? Costas responde: “Hasta ahora teníamos aquí la sala de mandos y la de máquinas. El riesgo es que ahora solo nos quedemos con la sala de máquinas. Cataluña es una economía productiva y no se irán las empresas, pero perderemos la parte empresarial que decide”.

Bonet le da la razón a Borrell. “Ha sido un error importante que la gente no haya hablado en privado y en público. No se hizo para no incomodar al otro, pero así no se resuelven los problemas. Si callas, los que hacen ruido parece que son más”. Antón Costas añade: “Yo sí creía que esto podría pasar y lo dije. Pero siempre había quien te acusaba de estar usando el argumento del miedo”.

EL RAPAPOLVO DE RAJOY A LOS EMPRESARIOS

En la última reunión de Sitges del influyente Círculo de Economía, a finales de mayo pasado, Mariano Rajoy advirtió de que la independencia sería “un trauma de consecuencias económicas terribles”. El presidente del Gobierno acabó su alocución con un aviso a quienes le exigían una salida sin enfrentamientos: “La equidistancia está muy bien, pero no en todo ni en todas las facetas de la vida”.

A algunos de los empresarios presentes no les sentó bien el rapapolvo encubierto de Rajoy. De forma confidencial, alegaron que su función no era tomar partido entre los gobiernos de Barcelona y Madrid, y que ya habían hecho bastante al pedirle a Puigdemont que abandonara la vía secesionista y que acudiera al Congreso. Otros, sin embargo, asumieron el mensaje de Rajoy: “Entiendo que algunos pidan el diálogo, pero, llegados aquí, no es lo mismo estar con quien cumple la ley que con quien pone en riesgo la seguridad jurídica”.

El Pais