Fiscalia implica a Puigdemont en el caso Acuarium

Operación de la Guardia Civil contra la corrupción en Gerona: el 3% rodea a Puigdemont

El juez del juzgado de instrucción número 2 de Gerona y la fiscalía anticorrupción ordenan quince registros en empresas públicas y privadas.

El expediente del 3% de Convergencia abierto en un juzgado de El Vendrell (Tarragona) ha llegado a Gerona tras un informe de la Agencia Tributaria en el que se destacan toda clase de ilegalidades en la gestión de la empresa Aggisa, la compañía pública que se ocupa del suministro de agua de Gerona, Sarriá de Ter y Salt, y en la que también participa la privada "Girona SA", entre otras. En un registro en la consultora Efial, en el marco del operativo original, se halló un informe elaborado sobre Aggisa encargado por el que fuera alcalde de Gerona hasta enero de 2016, Carles Puigdemont.

Como el Juzgado de instrucción número 2 de Gerona tenía una investigación abierta sobre las irregularidades en la compañía de aguas, tras una denuncia de la CUP, la documentación se aportó a dicho juzgado, cuyo titular, Manuel Marcelo, y la fiscalía anticorrupción han ordenado la práctica de 15 registros en empresas y domicilios de varias poblaciones de la provincia como Fornells de la Selva, Bescanó, Navata y la capital.

La instrucción arrancó tras una querella de la CUP contra cuatro directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento de agua en Girona, Agissa SA, por perjudicar presuntamente al 20% de la sociedad en manos municipales para beneficiar a la parte privada, Girona SA, propietaria del 80% restante de las acciones. El juez imputó por administración desleal y apropiación indebida al consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016, Narcís Piferrer, y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos. Se les acusa de haber autorizado contrataciones irregulares de Agissa con empresas filiales de Girona SA a precios muy superiores de los reales o por servicios que ni siquiera llegaban a prestarse.

La CUP pidió un aluvión de diligencias para profundizar en el perjuicio ocasionado a los ciudadanos pero no había conseguido ir más allá del papel jugado por estos consejeros. El escenario cambió en junio cuando trascendió que la Agencia Tributaria había elaborado, a petición del juez de El Vendrell, un exhaustivo informe sobre Agissa que detectó repartos injustificados de dividendos por valor de 10 millones de euros, salarios de directivos que nunca debieron abonarse que suman otros 5 millones de euros y créditos concedidos por Girona SA a la empresa mixta con tipos de interés del 12% fuera de mercado, entre otras irregularidades.

Desvío de 15 millones

El grupo municipal de la CUP fue el que presentó la denuncia en los juzgados de Gerona en 2016 sobre el como mínimo irregular funcionamiento del consorcio de empresas. Hoy, en cambio, han acusado al Estado de practicar "una guerra sucia contra el proceso catalán" y en voz baja han insistido en su denuncia, pero centrándola en la etapa de los alcaldes socialistas Joaquim Nadal y Anna Pagans, antecesores de Puigdemont, cuyo mandato comenzó en 2011.

Se investiga el posible desvío de quince millones de euros y el pago a cargo de las cuentas públicas de lotes de navidad, cuentas de supermercados, de restaurantes y hasta de joyerías, todo ello aliñado con operaciones de ingeniería financiera, facturas falsas y pagos por servicios no prestados. En suma, un retrato municipal gerundense del denominado macrocaso del 3%, la trama establecida por Convergencia en todas las administraciones bajo su control para el enriquecimiento de empresarios afectos al partido y la financiación irregular del mismo y sus dirigentes.

La Guardia Civil registra en estos momentos las empresas Agissa, Girona SA y Prodaisa en una operación que podría comprometer a Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, por la gestión que se hizo desde el Ayuntamiento de Girona de las aguas y del alcantarillado durante parte del tiempo en el que él fue alcalde de la ciudad. En concreto por haber permitido, presuntamente, la continuación de irregularidades que se venían produciendo desde hace lustros.

El juez del número 2 de esta localidad catalana, Manuel Marcelo, que está al frente de las investigaciones, ha firmado también un requerimiento dirigido al Consistorio gerundense y ha citado a declarar a varios concejales relacionados con las empresas investigadas o con las concesiones que éstas han recibido. Los registros, un total de 15, se están llevando a cabo en Girona, Fornells de la Selva, Bescanó y Navata (Girona), en el marco de la operación denominada como 'Aquarium'.

Las órdenes del juez tienen como objeto confirmar si fueron desviados más de 15 millones de euros a la empresa mixta Agissa, adjudicataria del abastecimiento y distribución del agua potable en los municipios de Girona, Salt y Sarriá del Ter. Según las investigaciones, habría «serios indicios» de que dichos fondos habrían sido detraídos de manera presuntamente irregular.

Agentes de la Guardia Civil acuden a registrar la sede de Agissa

Caso del 3%

En concreto, el instructor ha citado al empresario y exconsejero Joan de Llobet, que era dueño del 0,75% de la empresa mixta del agua de Girona, Salt y Sarriá de Ter (Agissa); al exconcejal del PSC y ex teniente alcalde de Girona Tomàs Sobrequés; al exconsejero de la sociedad Manuel Serra Pardas; al abogado Luis Sibils; y al empresario Ángel Dutras.

Estas imputaciones se acordaron después de que la Fiscalía Anticorrupción aportara al procedimiento, que se había abierto en julio de 2016 en Girona, un informe de la Agencia Tributaria catalana. Este documento se había elaborado en el caso del 3% sobre la presunta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

A partir de los indicios apuntados por la Agencia Tributaria, los investigadores sospechan que AGISSA, que suministra el agua a los municipios de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Girona), desvió fondos para beneficiar a GIRONA S.A., entidad privada que forma parte de la sociedad mixta, en detrimento de la parte social de la compañía y, en consecuencia, de las arcas públicas.

Los vínculos de Puigdemont

Los agentes han solicitado documentación en el Ayuntamiento de Gerona, lo que ha provocado una airada protesta pública de la alcaldesa convergente Marta Madrenas, que ha vinculado el operativo con el referéndum. "En lugar de operación Aquarium se debería llamar operación Urnas", declaró.

No es la primera vez que el 3% salpica al actual presidente de la Generalidad. En febrero de este año fue arrestado por segunda vez Josep Maria Bassols, exalcalde convergente de Anglés y director de campaña de Puigdemont en las elecciones municipales.

El nombre de Carles Puigdemont aparece en varios documentos de la matriz original del tres por ciento. Hay incluso una fotografía del "president" con Bassols en un partido del Camp Nou. Entonces, Puigdemont era alcalde y Bassols remitía la imagen a uno de sus contactos. El propósito era implantar en Gerona el mismo procedimiento de contratación de los convergentes cuando gobernaron el ayuntamiento de Barcelona. 

La Fiscalía Anticorrupción busca información sobre las posibles mordidas vinculadas a la empresa municipal del agua en la que se han detectado salarios sin justificar por 5 millones, un reparto irregular de 10 millones de euros y créditos irregulares.

El caso tiene otra derivada que también va más allá de la querella inicial de la CUP. Los investigadores sospechan que los sobrecostes generados por todas esas presuntas irregularidades pudieron servir para financiar campañas electorales de la antigua CiU y Junts Pel Sí. Se han descubierto pagos desde Girona SA a una agencia de comunicación que trabajaba para el partido, AMR Publicitat SL, por valor de 138.090 euros entre 2010 y 2015. El administrador de esa agencia de publicidad es Antoni María Rigau, hermano de la exconsejera de la Generalitat y expresidenta del Consejo Nacional de CDC Irene Rigau.