Chantajear a los alcaldes

La fuerza de choque del independentismo tiene ante sí el reto mayúsculo de tomar las calles, paralizar la vida económica en Barcelona y mantener esa movilización durante días y días. Y eso va mucho más allá de otra vistosa manifestación el 11 de septiembre. Los presidente de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart son conscientes de ello y están dosificando las fuerzas. Por eso, por ejemplo, evitaron cualquier concentración frente al Parlamentmientras se aprobaban las leyes del Referéndum y la Transitoriedad, según explican fuentes de ambas organizaciones.

“Soberano es quien decide lo que es el estado de excepción”, escribió el filósofo Carl Schmitt. Después de que la mayoría independentista declarase “un estado de excepción legal” en el Parlament esta semana, la Diada de este lunes será la prueba de fuego para la ANC, Òmnium Cultural y el resto de entidades soberanistas sobre su capacidad para establecer un estado de emergencia en las calles, en especial en Barcelona.

CUP y ANC prueban su poder para llevar el estado de emergencia a las calles catalanas

Por el momento hay inscritas 360.000 personas para la manifestación de la Diada, con lo que se podría superar la asistencia de años anteriores a este tipo de actos patrióticos

La ANC y el resto de asociaciones no estarán solas. La CUP tiene capacidad para movilizar a otras 2.000 personas, que pueden ser claves en un entorno de choque prolongado del independentismo con las autoridades y que dure varios días. Tanto el presidente catalán Carles Puigdemont en una pasada entrevista a La Vanguardia, como otros consellers, han hecho repetidos llamamientos a movilizarse en las calles para defender “la libertad y la democracia”.

En Barcelona la líder del partido de extrema izquierda en el ayuntamiento, María José Lecha, ha criticado que Colau esté "del lado del PP, de Cs y todos los que aplauden la demofobia", término con el que ha calificado el rechazo al referéndum ilegal.

Ha garantizado que en Barcelona se podrá participar, porque "la gente hará que se pueda votar" aunque el Gobierno municipal ignore la voz del pueblo, según ha declarado durante la concentración, en la que han participado unas 800 personas.

Ayuntamientos que han dicho o dirán 'no'

Aunque aún son muchos -los más grandes- los que no se han pronunciado sobre las instrucciones de Puigdemont sobre el referéndum, ya hay ayuntamientos relevantes como Lleida o Tarragona, que han declinado participar en los preparativos del 1-O. Entre los que aún no han contestado a Puigdemont pero previsiblemente lo rechazarán están también Lérida, Tarragona y Tarrasa. 

También están Santa Coloma de Gramenet, L'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más importante de Cataluña con más de 250.000 habitantes; Viladecans (Barcelona), Vallirana (Barcelona), Gavà (Barcelona), y Badia del Vallès (Barcelona). Mataró (Barcelona) previsiblemente también se negará.

Sin embargo, en el Gobierno de Madrid ya se ha descontado que si hace falta que haya una foto clausurando urnas, la habrá. Y, que en todo caso, no se llegará a eso con medidas de presión preventiva, como fue el caso de la imprenta de Constantí (Tarragona) donde se está imprimiendo la papelería de la consulta que ha sido declarada ilegal.

Discurso maltrecho

El independentismo llega el 11 de septiembre con las fuerzas intactas. Pero no ha conseguido ampliar su espacio político, tal y como se comprometieron hace una año, en la fase final del 'procés'. Lo acontecido en la manifestación tras los atentados yihadistas en Cataluña no ayudó a ello, por ejemplo. Lo mismo que el espectáculo de Carme Forcadell saltándose leyes, reglamentos y organismos consultivos para sacar a marcha y martillo la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad, aunque son actos nulos de pleno derecho, al carecer el apoyo de los equipos jurídicos del Parlament. Forcadell había sido la presidenta de la ANC. Es una valor de referencia de todo el activismo independentista que ha mostrado más de un tic dudosamente democrático.

El frente económico que se le abre a la ANC es poco esperanzador: se ha comprometido a hacer frente a los avales que el Tribunal de Cuentas exige a Mas

En el 9-N, en 2014, un total de 1,8 millones de personas votaron a favor de la independencia. En el 27-S, el voto independentista –Junts pel Sí más la CUP– sumó 1,9 millones de papeletas. Son cifras muy importantes pero tal vez no suficientes para independizar Cataluña de manera unilateral. Un millón de personas de este colectivo están muy movilizadas, pero se desconoce si serán capaces de alargar en el tiempo las protestas con efectividad suficiente. La ANC nunca se enfrentado a un reto así.

El frente económico

Además, la ANC necesitará fondos. La caja de resistencia que acumulaban junto con Òmnium sumaba este fin de semana más de 800.000 euros pero ya han anunciado que se destinarán a cubrir los 5 millones de depósito que exige el Tribunal de Cuentas a Artur Mas y el resto de los responsables del 9-N.

Con la petición de fianzas por parte de la Fiscalía, más las multas a la propia ANC o el resto cargos públicos que participen, las cifras se disparan. Jordi Sánchez ha dicho que esperan triplicar los 800.000 euros que tiene ahora. Pero las movilizaciones de la ANC también precisan dinero.