Cataluña - De la desconexión al cortocircuito

Junqueras, Puigdemont y Arrimadas durante el pleno | EFE

La segunda sesión del Parlament ha sido igual que el dia anterior y a pesar de los maniobras para obstaculizar su aprobación por parte de la oposición, los separatistas han conseguido aprobar la leyes ilegales para su desconexión con España. 

Los separatistas dan nuevos pasos en la organización del referéndum de autodeterminación a la espera de las consecuencias prácticas de las medidas emprendidas por el Gobierno, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, que no parecen conmocionarles en absoluto. Cientos de alcaldes, según la Asociación de Municipios por la Independencia, han respondido satisfactoriamente a la orden del presidente y el vicepresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, de poner a disposición de la "administración electoral" del 1 de octubre. Los medios públicos ya difunden la propaganda "institucional" del referéndum, funciona la web "informativa" donde se alistan voluntarios para la organización y celebración de la consulta y el Parlament secuestrado por los partidos separatistas continúa con el golpe de Estado.

Los diputados de Ciudadanos, PSC y PP han recurrido a la misma estrategia del miércoles para entorpecer en la medida de lo posible la imposición por aplastamiento de la agenda secesionista. El Consell de Garanties Estatutàries, organismo cuyos dictámenes son obligatorios, pero no vinculantes, ha vuelto a recordar a la Mesa del Parlament que cualquier norma que se pretenda tramitar en la cámara requiere de un informe del ente si así lo pide alguno de los grupos parlamentarios. Según la nota del Consell, el derecho de los diputados a requerir dictamen "no puede ser limitado por algún órgano parlamentario".

Tanto da. La presidenta de la cámara, Carme Forcadell, está dispuesta a alargar las sesiones lo que sea menester y a convocar Mesa y junta de portavoces cuantas veces sea necesario para salvaguardar un atisbo de "normalidad" parlamentaria. Los diputados de los grupos separatistas y los miembros del Govern sobrellevan con notable irritación las dilaciones provocadas por la oposición. Les acusan de "filibusterismo" mientras nombran los miembros de la "administración electoral" de madrugada y alteran el orden del día a su conveniencia y con la connivencia de Carme Forcadell y los miembros separatistas del órgano rector del hemiciclo.

Escritos de los servicios jurídicos

A tenor de los escritos de los servicios jurídicos y administrativos del propio Parlament y del Consell, considerado un Tribunal Constitucional autonómico, los partidos separatistas han desbordado ya todas las líneas rojas. El portavoz de "Catalunya Sí que Es Pot" (confluencia de podemitas, comunes de Colau e Iniciativa per Catalunya), Joan Coscubiela, puso el dedo en la llaga al advertir a los partidos separatistas que estaban cometiendo un atropello con los derechos de los diputados.

Su grupo parlamentario está roto. Los podemitas de Pablo Iglesias apoyan el referéndum, los comunes coquetean con el proceso separatista, pero Coscubiela ha asumido la función de portavoz del grupo parlamentario para denunciar las tropelías de los grupos separatistas hasta el punto de haber obtenido una ovación de los diputados del PP, Ciudadanos y el PSC puestos en pie y seguida del clamor "¡Democracia, democracia, democracia!".

Coscubiela llegó a afear a Carles Puigdemont su conducta. "Si alguien le tiene que explicar al presidente de la Generalidad lo que significa el respeto por el Estatut es que hemos llegado a una situación muy grave. Han llegado al límite de pisotear los derechos. Nosotros estamos a favor del referéndum, que es legítimo el proyecto de la república catalana, pero no de esta manera". El exdirigente de CCOO realizó un alegato a favor de la independencia, pero en contra de los procedimientos totalitarios empleados por Junts pel Sí y la CUP. "Siguiendo sus métodos, aplicando la mayoría absoluta parlamentaria, se podría debatir y aprobar la pena de muerte", declaró desde el atril el diputado izquierdista señalando directamente a Puigdemont, que gesticulaba negando. "Fíjese a qué grado de irresponsabilidad han llegado. Eso no se lo merece usted ni el cargo de presidente de la Generalidad", concluyó Coscubiela en uno de los pocos momentos "hábiles".

Como el miércoles, Carlos Carrizosa, de Ciudadanos; Alejandro Fernández, del PP; Eva Granados y Ferran Pedret, del PSC, estuvieron a la altura de las circunstancias en su denuncia de los procedimientos autoritarios de los separatistas.

Amenaza de la CUP

La CUP replicó a la oposición acusando al Consell de Garanties Estatutàries de estar al servicio del Estado. El diputado Benet Salellas apuntó directamente al organismo de la Generalidad y recriminó a sus componentes "someterse" a los partidos de la oposición. Avisados quedan.

A cinco minutos de las nueve de la noche Forcadell dio paso a la votación de la alteración del orden del día, que salió adelante con 71 votos a favor. Tras un breve rifirrafe con los diputados de la oposición, se votó la exención de los trámites para la ley de "transitoriedad". Los diputados de PP, Cs y PSC se marcharon de la cámara.

Sustanciadas a trancas y barrancas las dos votaciones, Forcadell abrió un plazo hasta las once de la noche para presentar enmiendas al articulado de la nueva norma, una especie de "constitución" que aspira a regir Cataluña a partir del 2 de octubre y hasta la redacción de la carta magna de la república tras unas elecciones constituyentes y otro referéndum.

Otra "ley" aprobada

A las 00:45, comenzaban la votación de la ley de transitoriedad. Los diputados de Ciudadanos, PSC y PP abandonaban sus escaños. El PP no dejó banderas en prenda. Carme Forcadell daba pasó a la criba de enmiendas. La CUP y Junts pel Sí se había autoenmendado. Se trataba de dar un pátina de burocracia parlamentaria al golpe tras las intervenciones de la oposición.

Todo salió a pedir de boca de los separatistas. A las 00:48 del viernes 8 de septiembre daba por aprobada Forcadell la ley "fundacional" en ausencia de los diputados de la oposición. Acto seguido, suspendía la sesión hasta este viernes a las diez de la mañana.

El TC avisa a Trapero y otro millar de cargos catalanes de que deben impedir el 1-O

En los recursos admitidos a trámite se menciona a directivos de medios públicos catalanes, altos cargos y alcaldes catalanes. 

Josep Lluís Trapero | EFE

El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y el director general de la policía autonómica, Pere Soler i Campins, figuran entre el millar de cargos apercibidos por el Tribunal Constitucional (TC), que ha admitido a trámite este jueves los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra la ley y la convocatoria de referéndum de atodeterminación en Cataluña para el próximo 1 de octubre.

En las resoluciones acordadas, según han confirmado a Europa Press fuentes del tribunal de garantías, se apercibe a más de un millar de cargos políticos -unos sesenta altos mandatarios de la Generalidad y los 947 alcaldes de la Cataluña- de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.

Así, tal y como se había solicitado en una de las impugnaciones -la referida a las medidas complementarias para la organización de la consulta-, el TC ordena que la resolución adoptada este jueves se notifique personalmente a decenas de altos cargos de la Generalidad relacionados con la organización de la consulta, empezando por el presidente, Carles Puigdemont.

La petición se hacía extensiva a los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes (Cataluña Ràdio y TV3) y a responsables de los Mossos como son Josep Lluís Trapero y el director general del cuerpo Pere Soler I Campins, así como a los 947 alcaldes de Cataluña, éstos últimos "con carácter preferente y urgente". Se hará a través de la Delegación del Gobierno.

El tribunal se ha reunido con carácter de urgencia para estudiar estos acuerdos tras haber admitido, tan sólo unas horas antes, la tramitación del incidente de ejecución contra las resoluciones parlamentarias que permitieron este miércoles el debate y aprobación de la ley que regulará la consulta independentista.

Las cuatro iniciativas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el tribunal ha acordado dar trámite son concretamente un recurso de inconstitucionalidad contra ley del referéndum y las impugnaciones contra el decreto de convocatoria del 1-O, el que contiene las normas complementarias para organizarlo y contra el acuerdo del Parlament que nombra una Sindicatura Electoral, equivalente a la Junta Electoral Central.

Duelo de cobardes

España tiene la fortuna de que los dirigentes separatistas de hoy son mucho más cobardes que los de ayer, que ya lo eran bastante. Y tiene la desgracia de que quienes tienen que defenderla de ellos no lo son menos. Llevan los separatistas cinco años esperando a reunir el coraje para hacer lo que se supone que es su máximo anhelo. ¿Qué sentido tiene buscar y rebuscar la forma legal de cometer una grosera ilegalidad? Tarde o temprano habrá que violar una ley, desobedecer a un tribunal. ¿Por qué han tardado tanto en hacerlo? Por cobardía. Si al final se atreven a hacer algo será a base de animarse los unos a los otros, como hacen los matones que, aislados de los demás, agachan la cabeza avergonzados, pero que, en grupo, jaleados los unos por los otros y escondidos tras la responsabilidad grupal, son capaces de las mayores atrocidades.

Tan cobardes son que serían incapaces de llegar hasta donde lo han hecho de no ser porque tienen enfrente a unos tan cobardes como ellos. Han ido probando, dando pequeños pellizcos al Gobierno de España, y al ver que éste no respondía se han atrevido poco a poco a hacer más. Han venido los arañazos y luego, los mordiscos. Y el Gobierno, atenazado por el pánico que le da ejercer de tal, apenas es capaz de responder con fallos, resoluciones y sentencias, como si estuviéramos en un proceso civil y no ante un golpe dirigido al mismo corazón de la nación. Lo único que lo hace parecer inofensivo es la cobardía de los que lo está perpetrando. Y lo único que lo hace ser un peligro es la de los que nos tienen que defender de él.

Dicen todos, el Gobierno y la oposición, que hay que actuar con proporcionalidad para no generar más descontento en Cataluña, que aplicar el artículo 155 de la Constitución es lo que los separatistas quieren para reunir tras de sí más partidarios de los que ahora tienen. No discuto que sea lo que ellos quieren, pero, aunque fuera así, no merece la pena que un territorio siga siendo España si allí no se aplican las leyes españolas. ¿Qué más da que Cataluña siga siendo formalmente España si mi derecho a hablar español no se reconoce y mis hijos, en caso de vivir allí, serían obligados a escolarizarse en una lengua que no es la suya? ¿Qué más da si allí, cuando un nacionalista malversa fondos públicos, no se le aplica el Código Penal que rige para los demás? Lo primero que hay que hacer en Cataluña es imponer el imperio de la ley, ausente desde hace decenios. Si es verdad que hay catalanes a los que, aun sin ser independentistas, les incomoda la aplicación de la ley hasta el punto de convertirles al separatismo, será un problema de ellos, no del resto. No podemos aceptar, como llevamos lustros haciendo, que para que Cataluña siga siendo España allí sólo rijan las leyes que los nacionalistas quieren que rijan. Si para ser un Estado de Derecho tenemos que quedarnos cuatro gatos, que así sea. Pero no sin pelearlo. Basta tener un poco más de coraje que ellos. Y para eso bastaría el de un ratón que saliera medio bravío

La situación en Cataluña ha llegado a un punto en el que no cabe esperar esa marcha atrás del nacionalismo en la que tantos confiaron de una forma tan –por decirlo suave– insensata o inocente. Otros llevábamos tiempo alertando de que la enfermedad nacionalista estaba tan arraigada en una parte importante de la sociedad catalana –y, sobre todo, en una parte importantísima de sus dirigentes– que no cabía esperar sino una huida hacia delante cuyos ominosos frutos están a la vista de todos. Pero muchos, y singularmente el Gobierno y la mayor parte de la clase política, no quisieron verlo.